Calificada por unos como «progresista, transformadora y de las más democráticas que existen» y por otros de «dictatorial, totalitaria, mediocre y hecha a la medida de Correa», el proyecto de nueva Constitución para Ecuador fue aprobado definitivamente en la madrugada de ayer (hora de Euskal Herria) por la Asamblea Constituyente. El texto, que fue avalado por 94 de los 126 asambleístas presentes en la sesión tras ocho meses de trabajo, será sometido a referéndum el 28 de setiembre.

El movimiento oficialista Acuerdo País, que controlaba la Cámara con 80 de sus 130 miembros, se anotó así otro triunfo en su objetivo de cambiar la estructura institucional del país, en el marco de la «revolución ciudadana» que impulsan el presidente, Rafael Correa, para «sepultar el neoliberalismo» y poner fin a una década de crisis política.

Los asambleístas centristas y de izquierdas, afines al Gobierno, agitaron con vehemencia banderas tras la votación, que se prolongó unas diez horas, mientras la oposición de derechas gritaba «no, no, no» para expresar su rechazo a la nueva Carta Magna, la vigésima del país. Sus voces fueron aplacadas por los gritos de «sí, sí, sí» de la mayoría hasta que los opositores, resignados con la derrota, abandonaron la sala del pleno.

Quienes lo apoyan consideran que es «un golpe al neoliberalismo», ya que prohíbe las privatizaciones, la congelación de depósitos bancarios, da la posibi- lidad de impugnar las deudas consideradas legítimas y democratiza el crédito.

Destacan su defensa de la soberanía del país, al no permitir la instalación de bases militares extranjeras, y de la soberanía alimentaria, al prohibir la privatización del agua, el latifundio y la concentración de tierras en pocas manos, así como las semillas genéticamete modificadas, con excepción de algunos granos autorizados por el presidente. Y resaltan su carácter «altamente democrático», porque faculta a éste a llamar a consulta popular en diferentes cuestiones y crea un control social desde el ámbito de los sectores populares sobre las instituciones, donde la oposición ve un riesgo de manipulación. Aseguran que la nueva Carta Magna garantizará que en el país «se construya un sistema de derechos» y permitirá la «recuperación de la dignidad» de grupos sociales excluidos en el pasado.

Sus detractores, por contra, hablan de una «propuesta estatista para concentrar poder» y de una vía al «hiperpresidencialismo». Y consideran que es «dictatorial» y «totalitaria», porque permite que «todos los poderes se concentren en el Ejecutivo» y porque «lesiona» el derecho a la propiedad privada, y que politiza el sistema judicial.

444 artículos

A diferencia de la Constitución de 1998, la nueva propuesta constitucional, que consta de 444 artículos, incluye cambios clave al regular la economía sustituyendo el sistema económico de «mercado» por uno «social y solidario», que busca promover la distribución equitativa de los beneficios, y amplía las formas de economía, que podrá ser pública, privada, mixta, cooperativa, asociativa, comunitaria y familiar.

El nuevo texto perfila que el Estado tendrá más control y participación en sectores estratégicos como el petróleo, las minas, las telecomunicaciones y el agua; limita y regula los monopolios y oligopolios en el sector privado, y autoriza la expropiación de bienes en caso de utilidad pública o interés social y de tierras no productivas para redistribuirlas entre la población. También crea el concepto de «ilegitimidad» e «ilegalidad» para la deuda externa y establece que la política exterior tendrá como prioridad los procesos de integración regional.

Además, posibilita la reelección presidencial inmediata una sola vez y otorga nuevas competencias al Ejecutivo al facultar al presidente para disolver la Asamblea Nacional (el actual Congreso) y convocar elecciones generales. La política monetaria, crediticia y cambiaria pasarán a ser facultad exclusiva del presidente y se ejecutará a través del Banco Central, que perderá su autonomía. Asimismo, mantiene el sistema unicameral, aunque aumenta el número de legisladores, y crea una corte constitucional independiente de otros poderes del Estado.

Recoge que cuando dos o más provincias con continuidad territorial, superficie regional mayor a 20.000 km cuadrados y un número de habitantes que supere el 5% de la población ecuatoriana formarán regiones autónomas.

En el ámbito laboral, elimina la intermediación laboral y la tercerización, así como el trabajo por horas u otro que afecte a los derechos de los trabajadores.