Pakistán se hundió ayer en plena crisis política en la cúpula del Estado tras anunciar la coalición gubernamental la puesta en marcha de un proceso de destitución (impeachment) contra el presidente, Pervez Musharraf, aliado de EEUU en su «guerra contra el terrorismo». Es casi seguro que esta medida llevará al país musulmán a un nuevo periodo de inestabilidad política, a menos que el ex jefe del Ejército, que llegó al poder con un golpe de Estado hace nueve años, decida dejar el cargo por voluntad propia.

En rueda de prensa en Islamabad, el líder del gubernamental Partido Popular de Pakistán (PPP), Asif Ali Zardari, leyó una declaración que señala que la «incompetencia» de Musharraf «ha debilitado el país», por lo que «se ha convertido en un imperativo» iniciar un proceso de destitución.

«Tenemos los votos, el deseo político y la valentía para destituirlo», subrayó Zardari, que compareció junto a Nawaz Sharif, líder de la segunda fuerza del país, la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N).

La decisión fue adoptada después de tres maratonianos días de negociaciones entre Zardari, Sharif y los líderes de las dos formaciones minoritarias que también participan en la coalición de Gobierno.

«La dirección de la coalición presentará una hoja de cargos contra el general Musharraf» ante la Asamblea paquistaní, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, según la declaración leída por Zardari. La Carta Magna paquistaní estipula que un presidente puede ser apartado del poder si se demuestra mental o físicamente incapaz de ejercerlo, o destituido por los cargos de violación de la Constitución o «mala conducta».

Según la declaración conjunta, Musharraf, cuando defendió en octubre ante el Tribunal Supremo su reelección como presidente se había comprometido a someterse a un voto de confianza de las nuevas asambleas provinciales paquistaníes.

Zardari explicó que las asambleas provinciales conminarán ahora a Musharraf a que se someta al voto de confianza prometido, al tiempo que se inicia el proceso de destitución.

«El pueblo de Pakistán dio un mandato a favor de las fuerzas democráticas en las elecciones de febrero y rechazó que Musharraf continuara» como presidente, aseveró.

Restitución

Zardari señaló también que los jueces destituidos por Musharraf durante la declaración del estado de excepción en noviembre de 2007 serán rehabilitados, aunque sólo después de la destitución del presidente.

Por su lado, Sharif agradeció a los partidos de la coalición su apoyo para proceder a la destitución y aseguró que su formación decidirá hoy si los ministros de su partido, que abando- naron el Gabinete el pasado mes de mayo, se reintegran en él. Sharif retiró a sus ministros después de que Zardari diera marcha atrás a su compromiso de restituir a los jueces.

Según el canal privado Dawn, Musharraf aseguró a líderes del partido que le da apoyo, la Liga Musulmana-Q, que no piensa abandonar el país y que se enfrentará a la destitución.

Musharraf, que decidió cancelar su asistencia a la inauguración de los Juegos Olímpicos en Beijing, puede, según la Constitución, disolver el Parlamento o, incluso, declarar un nuevo estado de emergencia, una perspectiva que Zardari dijo no contemplar. «Si lo hace será su último veredicto contra la democracia, contra el mandato del pueblo y contra Pakistán -aseguró-. Pakistán no puede ver descarrilar la democracia».

El presidente, que detentó la jefatura del Ejército durante ocho años, derrocó a Sharif con un golpe de Estado en 1999, hizo que lo condenaran a cadena perpetua y lo amnistió a cambio de que marchara al exilio, del que retornó el año pasado. También concedió en 2007 la amnistía para poder regresar del exilio al viudo de Bhutto, que fue enviado a la cárcel acusado de asesinato y corrupción por Sharif, su actual socio de Gobierno.

Ahora Zardari y Sharif parecen decididos a sacar del poder al presidente, en un proceso para el que se necesita que la mitad de los diputados -mayoría que ostenta- presenten un escrito con los cargos en su contra ante la presidenta del Parlamento, Fahmida Mirza, quien deberá trasmitir el documento a Musharraf y convocar una sesión extraordinaria de las dos cámaras.

Dos tercios de los legisladores deben votar a favor de la destitución para que Musharraf sea apartado del poder, pero el resultado se presenta incierto. En la Cámara Baja la coalición suma 235 de los 342 escaños, pero en el Senado, sólo tiene 16 de los 100 senadores.