Tal y como el Gobierno español había anunciado, el proceso de ilegalización de las organizaciones de la izquierda abertzale EHAK y ANV no quiere hacerse esperar. Ayer la Abogacía del Estado presentó en el Tribunal Supremo la solicitud de ilegalización de ambos partidos. A modo de argumentación principal, la Abogacía del Estado sostiene que ETA maneja a las organizaciones cuya ilegalización persigue. Según la misma, EHAK y ANV serían una prolongación de Batasuna por coincidir en sus objetivos. Es decir, se pretende castigar ideas, dejar fuera de la legalidad a un amplio sector de la sociedad vasca que coincide con esos objetivos y, por ello, quienes conforman esa parte de la sociedad son susceptibles de ser castigados política e incluso penalmente. Una vez ilegalizada Batasuna, previa operación de criminalización de la misma vinculándola con la organización armada ETA a pesar de no existir vínculo orgánico alguno, cualquier organización o ciudadano cuya actividad política no sea del agrado de los dirigentes del Estado español es señalado e introducido en el gigantesco saco del «terrorismo». Todo es Batasuna y, por tanto, ETA. La trampa es evidente pero, no obstante, funciona. Lo que no funcionan son los mecanismos de los que se supone debe disponer un estado de derecho para evitar semejantes atropellos y merecer esa denominación.