El Estado español apura los plazos para la ilegalización de ANV y EHAK
La ilegalización de ANV y EHAK es cada día más inminente. Ayer, fue la Abogacía del Estado la que presentó sus últimas alegaciones en las que concluye, esgrimiendo pruebas como el rechazo al TAV, que ambos partidos deben ser ilegalizados. El turno ahora correrá a cargo de la defensa de las dos formaciones vascas; y tras presentar su escrito final, para lo cual cuentan con 20 días, será la Sala 61 del Alto Tribunal quien dicte la resolución definitiva.
GARA |
El engranaje diseñado por el Estado español contra el independentismo vasco, que fija ahora la ilegalización de ANV y EHAK como inmediato objetivo, dio ayer un paso más a través de la Abogacía del Estado. Este órgano, controlado por el Gobierno español, presentó ante la Sala 61 del Tribunal Supremo, encargada de resolver las demandas contra las dos formaciones políticas vascas, sendos escritos solicitando su ilegalización.
Los documentos presentados en el Supremo concluyen que los dos partidos vulneran la Ley de Partidos Políticos al ser «meros instrumentos de ETA y sucesores de Batasuna».
El pasado lunes fue la Fiscalía la que presentó sus respectivos informes con conclusiones similares. Tras el trámite de ayer, la Sala 61 dictará, probablemente hoy, una providencia que dará 20 días de plazo a la defensa de las dos formaciones independentistas para que puedan presentar sus escritos finales. Asimismo, una vez recibidos estos documentos, el Alto Tribunal dispondrá de 25 días para dictar la resolución definitiva. Cabe recordar que esta audiencia acordó habilitar todos los sábados, domingos y días festivos de julio y agosto para dar continuidad a estos procedimientos de ilegalización.
Tanto EHAK como ANV recibirán el fallo con todas sus actividades suspendidas por un juez instructor de otra instancia, ya que Baltasar Garzón dejó a ambas fuera del juego el 8 de febrero, adelantándose a la actuación del Tribunal Supremo.
Oposición al TAV
Los documentos rubricados por la Abogacía del Estado señalan como «pruebas acreditativas» de la supuesta instrumentalización de estas formaciones por «ETA-Batasuna» hechos como la oposición de las parlamentarias de EHAK al tren de alta velocidad en la Camara de Gasteiz, que señalan en el texto como «pieza esencial de la estrategia de terror de ETA». También observan «indicios» en la contratación de la letrada Jone Goirizelaia como asesora de EHAK.
Otro elemento que consideran relevante para su argumentario es la creación de comisiones municipales que trabajan en favor de sus vecinos represaliados en Elorrio y Hernani.
Todas la pruebas calificadas como «acreditativas» por el Abogado del Estado han sido obtenidas por las FSE y se basan en escuchas telefónicas y seguimientos, lo que pone de manifiesto el grado de hostigamiento sufrido por estas formaciones políticas, entre 2005 y 2008, período en el que EHAK y ANV eran plenamente legales.
Entre prueba y prueba, el elogio a la Ley de Partidos Políticos tiene cabida en los textos presentados ayer ante la Sala 61. Así, los Servicios Jurídicos del Estado ensalzan la validez de esta norma, construída a medida contra el independentismo vasco, al insistir en que «no prohíbe, proscribe o persigue ideas o ideologías, ni restringe la libertad de expresión, ni violenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
Este último capítulo en el proceso de ilegalización de EHAK y ANV no es más que el «disfraz jurídico para una decisión política tomada de antemano». Así lo entiende la izquierda abertzale, que destaca que el proceso es «un claro espejo» de la situación de excepción que se vive en Euskal Herria.
Asimismo, denuncia que la gran mayoría de las alegaciones presentadas ayer por la Abogacía del Estado se basan en informes policiales lo que, en su opinión, demuestra la «persecución y el acoso policial» que sufre el movimiento independentista. En este sentido, reitera que tanto las escuchas como las persecuciones a militantes vascos son «sistemáticas».
En la nota de prensa enviada a los medios, se muestra convencida de que el proceso que dirime el Alto Tribunal responde a impulsos políticos, lo que considera «muy grave». Y sentencia que en Euskal Herria «no existe la democracia» ofreciendo ejemplos como la ilegalización de Batasuna o la de decenas de plataformas populares.
La izquierda abertzale cree que el verdadero objetivo de estas iniciativas se basa en «frenar el cambio político que traslade a este país a un marco democrático». Asegura, asimismo, que el marco jurídico actual, y que lleva 30 años vigente, «no ha sido capaz» de garantizar los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. Hecho que reprocha al PNV, partido que califica de «simple gestor de España».
La nota hace hincapié en la necesidad de un marco democrático para Euskal Herria y defiende que en su consecución es «vital» el acuerdo entre agentes políticos, sociales y sindicales del país.
