El agente encubierto Alejandro González Malavé, alias El Fraile, infiltrado en el entorno independentista desde los 16 años de edad como informante de estudiantes sediciosos, trama el «volar» con explosivos dos torres de la televisora Rikavisión. Engañados por González Malavé, «secuestran» un taxi en Ponce para dirigirse al paraje del Cerro Maravilla, donde se hallaban las torres de telecomunicación y donde los esperaba un grupo de agentes y oficiales de la Policía de Puerto Rico.

Los jóvenes independentistas fueron arrestados, esposados y torturados para finalmente ser ejecutados de rodillas y sin piedad alguna por parte de los agentes de la uniformada allí presentes. Según las declaraciones que luego emitieran testigos presentes de la policía, se orinan sobre los cuerpos sin vida de los dos jóvenes activistas.

El veinticinco de julio es una fecha significativa en la historia de Puerto Rico. Ese mismo día del año 1898 la Marina de Guerra de los Estados Unidos de América invade la isla antillana a través de las costas del municipio de Guánica, al sur oeste de la isla. Esa misma fecha del año 1952 es aprobada la Constitución del denominado Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), desde entonces nombre oficial de la colonia más antigua del mundo. Por tanto, que los asesinatos políticos del Cerro Maravilla sucedieran un veinticinco de julio tiene una más que evidente carga tanto histórica como ideológica.

En torno al mediodía de aquel veinticinco de julio de 1978, el gobernador de turno, Carlos Romero Barceló, del Partido Nuevo Progresista, que aboga por la anexión del archipiélago de Puerto Rico a Estados Unidos como estado federado, y como parte de la conmemoración del Día de la Constitución, ofrecía un discurso en una tarima en el municipio de Bayamón. Alguien se le acercó entregándole una nota de papel y fue entonces cuando Romero Barceló interrumpe su discurso para ofrecerle en vivo y en directo la noticia al país con una versión oficial que encubría la verdad, en la que se señalaba que agentes de la policía habían frustrado un atentado terrorista, se había producido un tiroteo con el resultado de la muerte de los dos presuntos terroristas y ningún agente de la uniformada había resultado herido.

En ese momento, el gobernador llama «héroes» a los policías que habían participado en el operativo. Tras la presión ejercida por, entre otros, varias organizaciones sindicales, el Colegio de Abogados y el periódico «The San Juan Star» se conduce, entre los años 1978 y 1980, las primeras investigaciones, tanto en el ámbito estatal como el federal, que exoneran de toda culpa a los agentes de la policía involucrados en el caso determinando que actuaron en defensa propia.

Entre los años 1981 y 1984 se lleva a cabo la segunda investigación por parte de la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, en aquel entonces controlado con mayoría por el opositor Partido Popular Democrático, defensor del status quo de la isla, y el Departamento de Justicia de EEUU.

Las vistas senatoriales son transmitidas por televisión y será a partir de entonces que el pueblo puertorriqueño comience a saber la macabra realidad del caso. Una de las conclusiones fue que los dos jóvenes independentistas, en vez de haber sido sometidos a un proceso judicial como establece el propio estado de derecho y la propia Constitución de la isla caribeña, fueron ejecutados extrajudicialmente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Dicha comisión reveló que el crimen fue planificado por la Policía, que agentes de ésta los asesinaron porque Rosado y Soto Arriví estaban vinculados a actividades relacionadas al movimiento independentista en la isla.

Según las vistas el ex teniente coronel y jefe de la División de Inteligencia de la Policía, Ángel Luis Pérez Casillas dirigió el operativo, instruyendo a no dejar que los dos jóvenes activistas bajaran con vida del Cerro. En mayo de 1985 fue sentenciado a veinte años de prisión por perjurio. Sin embargo, y a pesar de la gravedad de su papel en el operativo, el veintisiete de noviembre de 1991 sale en libertad bajo palabra.

Policías en la calle

Otro de los culpables que se hallan en la calle es el policía de la División de Arrestos Especiales, Luis Reverón Martínez, quien mató de un escopetazo en el pecho a Arnaldo Darío Rosado, mientras éste estaba esposado de rodillas rogando que no lo mataran, según su propia declaración. Testimonio que abrió la tercera fase de la investigación senatorial en el año 1991. En 1985 fue sentenciado pero en la actualidad se encuentra en libertad bajo palabra. Otros testigos negociaron declarar lo sucedido a cambio de recibir inmunidad. Sus declaraciones contradijeron la versión oficial y ayudaron, en un principio, a «esclarecer» lo sucedido.

Según el modus operandi del caso, el independentismo necesitaba algún tipo de «escarmiento» por parte del Estado para poder frenar sus pretensiones de lucha por la liberación nacional. En las vistas senatoriales el taxista Julio Ortiz Molina, quien había recibido fuertes presiones para que no declarara, se convirtió en el testigo ocular «estrella». Su testimonio fue clave para desvelar lo ocurrido en el Cerro Maravilla, también conocido como Cerro de los Mártires.

Como consecuencia, diez policías ingresaron en prisión tras sendos procesos judiciales en el ámbito federal y estatal. Después de veinte años, tres de ellos continúan cumpliendo sus penas en prisión, los ex policías Rafael Moreno Morales, Rafael Torres Marrero y Nelson González Pérez, ex sargento.

En diversas ocasiones, estos tres ex policías han apelado sus casos ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Recientemente, la prensa local ha señalado que desde octubre pasado Torres Marrero y González Pérez esperan una determinación de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) para poder salir libres y acogerse así al Programa de Reintegración a la Comunidad, un programa de reinserción social existente en Puerto Rico. Sin embargo, no confían en que el sistema judicial les de razón alguna pues, según ellos, este caso siempre se ha visto como uno político y no como un caso criminal y que la carga política del caso es la que les ha impedido salir en libertad.

El caso de Moreno Morales es más grave, ya que fue él quien mató a Soto Arriví de rodillas y esposado. Por otra parte, el ex sargento González Pérez fue quien les quitó las esposas a los dos jóvenes para que, cuando se investigara lo sucedido, no se supiera que les dispararon esposados. Las acciones del ex sargento dejan mucho que desear y prueban un principio de encubrimiento de este doble asesinato de raíces políticas e ideológicas.