Oihana LLORENTE

El anteproyecto de ley de reforma de los modelos lingüísticos elaborado por el Departamento de Educación de Lakua ha suscitado gran controversia mediática en los últimos días. La polémica política se ha extendido después de que el PNV filtrara primero su desmarque y luego se hiciera público, también por caminos intrincados, el borrador del proyecto. Era cosa sabida que la reforma, que se sustenta sobre un único modelo trilingüe con el euskara como lengua vehicular principal, iba a ser rechazada por el tándem PP-PSOE. Pero ha sorprendido más que el plan para lograr la capacitación en euskara del alumnado haya levantado ampollas en el seno del PNV. El giro jeltzale, disfrazado de moratoria técnica, se alinea más con los planteamientos del partido de Patxi López que con la posición de sus socios de gobierno, aunque EA confía en poder reconducir la cuestión.

Pero el debate político está cargado de falsedades. Lo que PSOE y PP rechazan en Euskal Herria lo apoyan sin problema alguno en Catalunya e Illes Balears. Un botón de muestra es que mientras la responsable de Educación del PSE, Isabel Celaá, tilda de «insensata» esta reforma, el último Congreso Federal del PSOE aprobó una ponencia, elaborada por ella misma, en la que se muestra una apuesta por el bilingüismo... en Catalunya. La ponencia no duda en afirmar que la utilización de la lengua local como vehicular -es decir, como idioma en que impartir las materias educativas- garantiza «la igualdad plena de derechos ciudadanos» y responde a «un deseo perfectamente explicable» de conseguir el bilingüismo.

Pudiera parecer que el PP no va tan lejos, pero sí lo hace en otras latitudes. Paradójico resulta al menos el decreto con el que, en el año 1997, reguló los modelos lingüísticos en los centros docentes de las citadas islas. Allí, bajo su mandato se dispuso la utilización de la lengua catalana como vehicular, una decisión que sigue siendo criticada por autoproclamados «defensores del castellano» como los miembros del Partido de la Ciudadanía, que en la pasada campaña electoral a las Cortes españolas llegaron a afirmar que «es asombroso conocer que en Euskadi los gobiernos del PNV hayan sido menos liberticidas en materia lingüística que los gobiernos del PP».

Mariano Rajoy, líder del PP, no parece haberse arrepentido de esta medida. Interpelado por este tema hace un año en el programa de televisión «Tengo una pregunta para usted», defendió que el sistema «ideal» es un modelo trilingüe que, en el caso de Baleares, combine la utilización como lengua vehicular, a partes iguales, del catalán, el castellano y el inglés. Algo que, sin duda, en Euskal Herria su partido presentaría como una imposición de la lengua vasca y un ataque a la libertad de elección de padres y madres.

La capacitación en euskara es precisamente el objetivo que fija la Consejería de Tontxu Campos (EA) para esta la ley de reforma de los modelos lingüísticos, como se pudo constatar hace una semana, cuando se filtró el documento.

Una reforma que llega tarde

El anteproyecto viene a responder a una situación que es por si insostenible. La ley que continúa rigiendo la educación en Araba, Gipuzkoa y Bizkaia se remonta a 1983 y se asienta sobre tres modelos lingüísticos: A, B y D. En el primero, todas las asignaturas se imparten en castellano, excepto el euskara, que es tratada como una asignatura más. En el modelo B, las áreas se imparten en euskara y en castellano. Y el modelo D enseña todas las asignaturas en euskara, exceptuando la de castellano.

La existencia de estos tres modelos, sin embargo, no va a acorde con la necesidad ni con la demanda de la sociedad vasca y los datos que, año tras año, se derivan de las matriculaciones son un claro espejo de ello. El modelo A no ha hecho más que decaer en este particular ránking: en las prematrículas para este curso, en el ciclo 0-3 de educación infantil, ha tocado fondo con una cifra inferior al 5%. Es decir, desaparecerá simplemente porque madres y padres no lo escogen.

El modelo D, en cambio, lleva años con una tendencia ascendente y este curso se ha situado en el 70%. Sin embargo, esta opción tampoco parece garantizar, por sí misma, la capacitación de sus alumnos en la lengua vasca.

Los datos ofrecidos por la plataforma Eskolak Euskaldundu, que lleva años denunciando la situación que padece el euskara en las aulas, pusieron negro sobre blanco la realidad del panorama educativo del país. Los números, basados en un estudio realizado por el centro de investigación Aztiker en 2004, establecían que sólo dos de cada tres alumnos del modelo de D y uno de cada tres estudiantes del modelo B logran un buen conocimiento del euskara -nivel B2, similar al First de inglés- al finalizar la enseñanza obligatoria, a los 16 años. Por lo tanto, basándose en las matriculaciones, concluyeron que casi 15.000 estudiantes acaban cada curso sus estudios sin tener el conocimiento del euskara que establece la propia ley.

Aztiker no fue la única que corroboró esos datos, ya que las recientes evaluaciones que ha hecho el propio Instituto Vasco de Evaluación e Investigación -organismo que responde a la peticiones de la propia Consejería de Educación- han demostrado esto mismo, sin conseguir ruborizar a ningún responsable de Educación de Lakua.

En los últimos meses, el Departamento de Educación sí parece haberse dado cuenta de esta vulneración de derechos a la que se ha sometido durante más de 25 años a los estudiantes, por lo que ha dedicado su tiempo, compartiéndolo con agentes del mundo educativo, a realizar un borrador que pretende dar un giro a la educación en esta parte del país. Y es que, como se ha podido saber mediante la filtración del borrador y como ha podido confirmar GARA, el anteproyecto marca la «capacitación en euskara», eso sí, sin delimitar en qué nivel exacto, como meta para todos los estudiantes de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

El frenazo jeltzale

El hecho de que el PNV se haya desmarcado ahora de la iniciativa pone en tela de juicio la propia reforma. El giro jeltzale se conoció hace un par de semanas, mediante un comunicado filtrado en medios afines a este partido en el que apelaba a «la necesidad de pruebas piloto» antes de poner en marcha cualquier nuevo sistema. Resulta significativo que haya sido EA quien haya salido a la palestra para intentar reconducir la cuestión y ensayar desmentidos; el PNV ni siquiera lo ha negado.

Este escollo, junto a la filtración del propio borrador, ha pillado con el pie cambiado a EA. Según indicó a GARA el responsable de prensa del Departamento de Educación, Jon Asla, su partido esperaba que «las dificultades viniesen de la mano del PSOE y el PP, y no del PNV». Apunta que incluso habían obtenido el compromiso del PSE de llevar a cabo «un debate serio».

Desde la Consejería de Tontxu Campos se asegura que la filtración no proviene de allí, ya que se «encuentra inmersa en el debate y en la búsqueda del consenso». Detallan, en concreto, que este borrador acababa de iniciar su socialización entre formaciones políticas -un período que preveían finalizar en setiembre para poder hacer efectiva la moción parlamentaria, que prevé que se aborde para diciembre-. Y apuntan que, de hecho, ese borrador sólo lo conocían al detalle sus socios de gobierno: PNV y EB.

Ante todo, Asla muestra su confianza en que la reforma de los modelos lingüísticos «salga bien y llegue a buen puerto», pero no oculta su temor por el próximo contexto preelectoral y por los intereses que puedan agitar el debate de esta reforma. Remarca que el borrador «está abierto al debate y a la negociación» y apuesta por hacer un proceso «serio, participativo y que busque consenso»; «y no un debate que se centre en los titulares del domingo», apostilló, en alusión a las últimas filtraciones. No obstante, desde EA se insiste en que no se va a retocar nada sustancial.

El borrador conocido el pasado domingo establece el euskara como lengua vehicular del sistema educativo y detalla que en esta lengua debe ser impartida al menos el 60% de las asignaturas. Los colegios públicos y concertados tendrán autonomía para repartir el 40% restante de las asignaturas entre el castellano y el inglés. Por tanto, cada centro deberá elaborar su proyecto lingüístico, que será examinado y aprobado por la Administración.

Obligación de rendir cuentas

Con el fin de evaluar y comprobar el cumplimiento de los objetivos marcados, el nuevo modelo prevé evaluaciones periódicas de la mano del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación (IVEI). La aprobación de esta norma acarrearía, por primera vez, la obligación por parte de escuelas e institutos de rendir cuentas sobre sus resultados lingüísticos ante el Departamento de Educación. Los sistemas de control que contempla la ley se basan en examinar si el alumnado alcanza el nivel exigido de euskara, castellano e inglés. Y los controles se harán en cuarto y sexto de Primaria, a los 9 y 12 años; y en segundo y cuarto de Secundaria, a los 14 y 16 años.

Los resultados de esas evaluaciones no tendrán consecuencias en el expediente académico del estudiante, ya que su función será examinar la labor de los centros de estudio, por lo que los colegios e institutos en los que los alumnos no alcancen las metas señaladas deberán hacer cambios en su proyecto de aprendizaje de las lenguas. Así, los centros que no consigan los objetivos marcados en materia de euskara deberían reforzar este idioma dedicándole más del 60% de las asignaturas.

La reforma especifica el objetivo a alcanzar en cada etapa educativa, tanto en euskara y castellano como en inglés. En Primaria, el mínimo exigido es «conocer y utilizar de manera apropiada las dos lenguas oficiales y desarrollar hábitos de lectura». En Secundaria, el nivel de exigencia se eleva: los estudiantes tendrán que ser capaces de «comprender y expresarse correctamente a nivel oral y escrito, elaborar textos y mensajes complejos e iniciarse en el estudio de la literatura». Los alumnos de Bachillerato estarán obligados a demostrar un dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales.

En el texto se adelanta que el Departamento fijará en un reglamento los conocimientos concretos que tendrá que acreditar el alumnado en cada etapa pero de esta manera deja abierto uno de los puntos más estratégicos del proyecto: el nivel de euskara que se contempla bajo la definición de «comprender y expresarse correctamente de forma oral y escrita y elaborar textos complejos».

Hasta ahora, Lakua ha manejado el nivel B2, similar al First de inglés, como la meta a alcanzar al finalizar la enseñanza obligatoria. La descripción que hace la ahora el borrador de los objetivos para Secundaria coincide, en todo caso, con la definición europea de lo que se exige en un B2.

La hipotética aprobación de esta propuesta del Departamento de Educación -que estaba fijada en el acuerdo de gobierno del tripartito, que está a unos meses vistas de ver agotada su virtualidad- se aplicaría en los centros educativos públicos y concertados, es decir, en todos los sostenidos con fondos de la Administración, y afectaría a la totalidad de las etapas educativas: Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanza Permanente de Adultos.