Miembros de la derechista Unión Juvenil Cruceñista y estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno, que defienden la secesión del departamento de Santa Cruz de Bolivia, intentaron el viernes tomar con palos, piedras y petardos la comandancia de la Policía Nacional en esa ciudad.

Asimismo, un contingente policial desalojó a un grupo de personas que tomó las oficinas de la empresa petrolera pública YPFB en Santa Cruz, entre ellas un grupo de discapacitados que demandan un bono solidario.

El Gobierno boliviano acusó a los políticos derrotados en el referendo revocatorio del 10 de agosto de estar detrás de estas acciones.

Según la Agencia Boliviana de Información (ABI), la orden fue dada por el denominado Comité Cívico de Santa Cruz, que agrupa a los opositores derechistas de la región.

En este sentido, en una comparecencia celebrada ayer en el presidencial Palacio Quemado de La Paz, el ministro de Gobierno [Interior], Alfredo Rada, denunció que lo sucedido en Santa Cruz fue responsabilidad de las autoridades departamentales, «porque en vez de mediar en la pacificación, incitaron a la violencia».

«Lo que ha ocurrido en Santa Cruz es el inicio de lo que parece ser un plan, una escalada de actos violentos, que ya han anunciado algunos dirigentes cívicos para el martes, convocando a un paro. Dijeron que lo harán respetar por fuerza de la violencia», aseguró Rada.

Disturbios en Santa Cruz

El ministro insistió en que el Gobierno de Morales es y será respetuoso con la demanda de autonomía regional, pero destacó que no se puede admitir que con estas reivindicaciones «se incite a la violencia, a la confrontación contra una de las principales instituciones del país, como es la Policía Nacional».

Rada lamentó que «un sector de los discapacitados haya sido manipulado por una mano negra grosera para implementar una escalada de violencia».

«Los discapacitados fueron utilizados como punta de lanza de una movilización y por detrás de ellos venían los cívicos y diputados de Podemos [formación derechista de oposición]», señaló Rada.

En una línea similar, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, lamentó que los políticos derrotados en el revocatorio «utilicen a personas necesitadas para promover enfrentamientos».

«Esta búsqueda de promover enfrentamiento, violencia, es una acción desesperada de los que fueron derrotados por la democracia con esos dos tercios de voto contundente que le dan apoyo incondicional al proceso de cambio de Evo Morales», dijo García Linera.

Junto a ello, el vicepresidente destacó que el Gobierno de Morales ha aprobado una ley que otorga un fondo a los discapacitados y anunció que el Congreso aprobará el martes esta norma.