El lehendakari del Gobierno de Gasteiz, Juan José Ibarretxe, anunció ayer una «movilización pacífica desde el punto de vista social y muy activa desde el punto de vista jurídico y político» para el previsible caso de que el Tribunal Constitucional español prohíba la consulta aprobada por el Parlamento de Gasteiz antes del 15 de setiembre o no se pronuncie pero mantenga la suspensión en esa fecha. Y después concretó que se trata de promover una campaña de denuncias particulares ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En primer lugar llama la atención la tardanza del lehendakari en admitir que la ley de consulta no iba a ser admitida por las autoridades españolas. El pasado 19 de agosto todavía decía esperar un pronunciamiento favorable del Tribunal Constitucional. Evidentemente el lehendakari no creía en ello, pero formaba parte de su discurso. Un discurso que en todo momento ha tenido un contenido más propagandístico que realista y que ha mantenido afirmando hasta el último instante de cada plazo que los pasos propuestos en su calendario eran posibles. Esto resta seriedad a lo que se presentaba como un movimiento de calado por parte de quienes defienden el derecho a decidir de Euskal Herria.

Por otra parte, la respuesta anunciada ayer por el Gobierno de Lakua elude su propia responsabilidad ante la iniciativa estrella de todas las legislaturas de Ibarretxe y la deposita en denuncias particulares. Podría ser un buen complemento de otras iniciativas, pero no la única ¿Qué queda de aquel lehendakari que decía que el 25 de octubre a las 9:30 de la mañana estaría en el colegio electoral votando «sí» a las dos preguntas? Admitido que el Estado español no se lo permite, delegando la respuesta en la ciudadanía e instancias europeas admite también que el Ejecutivo que lidera y los partidos que lo sustentan tampoco son capaces de defender en su propia tierra y con sus propias fuerzas los derechos de Euskal Herria con los que hacen bonitos discursos.