Cinco personas murieron y otras 26 resultaron heridas en la explosión de un coche bomba en el centro de Cali a las 0.05 del lunes. El vehículo, un taxi Chevrolet Chevette cargado con 80 kilos de explosivo, estaba aparcado en las cercanías del Palacio de Justicia, en la Carrera 10 entre calles 12 y 13, en pleno corazón de la ciudad, la tercera más importante de Colombia.

La detonación dejó un cráter de entre dos y tres metros, y causó importantes destrozos en el Palacio de Justicia, cuya primera planta quedó totalmente destruida. Decenas de edificios colindantes también sufrieron daños por la onda explosiva, entre ellos, la sede de la Fiscalía Regional y el conocido Hotel Aristi. La Policía acordonó la zona e, incluso, realizó disparos al aire para evitar que desconocidos saquearan los establecimientos comerciales afectados.

«Yo venía por la Carrera 10 cuando sentí el estruendo y vi el carro en llamas. Todo está muy destruido», relató una vendedora de café, herida en los pies.

De acuerdo con las primeras informaciones, tres de las víctimas mortales eran indigentes que dormían en los alrededores de la sede judicial. Otro de los fallecidos circulaba por la zona en el momento de la explosión. El vehículo, de matrícula de Bogotá y color rojo, saltó por los aires cayendo cerca de un edificio en construcción. Entre los heridos había un policía.

A los pocos minutos del atentado, se presentó en el lugar de los hechos el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Inmediatamente, convocó un Consejo de Seguridad para las dos de la madrugada. El comandante de la Policía Metropolitana, el general Gustavo Ricaurte, indicó a los medios que dos supuestas comunicaciones telefónicas intervenidas por los servicios de inteligencia les han llevado a atribuir la autoría del atentado a las FARC, en concreto a la Columna Manuel Cepeda Vargas.

La presidenta y portavoz del sindicato Asonal Judicial, Esperanza Delgado, reclamó al Gobierno de Álvaro Uribe «la más drástica investigación» para establecer los orígenes del atentado. «Este es un acto bien complejo, porque en el Palacio de Justicia se llevan los procesos contra la delincuencia común, narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros», manifestó.

Las autoridades señalaron que aprovecharán las imágenes grabadas por dos cámaras de seguridad del centro para tratar de identificar a los responsables y anunciaron que pagarán unos 142.00 euros a quienes ayuden a detenerlos. La cantidad inicial era de 35.500 euros, pero el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció posteriormente que la iban a «aumentar considerablemente».

Fuentes militares y policiales informaron de la realización de diez registros. «Hemos procedido a acordonar la ciudad. Vamos a ser absolutamente radicales contra este tipo de expresiones sanguinarias que han atentado contra el corazón de Cali», advirtió Ospina. El 9 de abril de 2007, otro artefacto destruyó la sede del Comando de la Policía Metropolitana, causando un muerto y 41 heridos.