El Gobierno español no tardó en restar importancia a la demanda realizada por Ibarretxe y alegó que esta iniciativa tiene tinte electoralista. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró que Lakua pretende presentarse bajo «esta bandera» a las próximas elecciones autonómicas, por lo que vaticinó que «irá a cualquier sitio para producir noticias». Insistió en que esta última propuesta es un «ejercicio político» y requirió a Lakua que «no trate de engañar a nadie». «Lo que quieren es llegar a las elecciones diciendo: lo ven como no nos dan lo que pedimos», apostilló.

Horas después, el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, habló desde Brusaleas para calificar la iniciativa de «manifiestamente indecuada», ya que considera que el Tribunal de Estrasburgo no es el cauce «adecuado» para el recurso de Lakua.

El anuncio de Ibarretxe también suscitó la crítica en las filas del PSOE y del PP. El «número dos» del PSOE, José Blanco, aconsejó a Ibarretxe que espere a que el Tribunal Constitucional dicte sentencia antes de impulsar nada.

Más contundente se mostró el PSE, que calificó la iniciativa como «un capítulo más de la puesta en escena del tripartito para buscar confrontación y victimismo». En su nota de prensa, aseguró que la decisión de acudir al Tribunal de Estrasburgo es «un despropósito y la muestra más evidente del fracaso de una iniciativa que no tiene ningún recorrido, ni político ni legal».

El partido de Patxi López solicitó al lehendakari que mantenga «el respeto debido a la alta responsabilidad que ocupa» y mostró su estupor ya que, a su entender, es «un sinsentido que el representante máximo del Estado en la comunidad autónoma denuncie al mismo Estado al que representa ante un tribunal internacional». Y se mostró convencido de que las instituciones europeas «no darán amparo» a esta iniciativa.

El PP también valoró desde su sede madrileña la propuesta del tripartito, que tachó de «barbaridad». La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, exigió a Ibarretxe que deje de plantear «chantajes y desafíos a la soberanía nacional». A su entender, este tipo de iniciativas «sólo perjudican a los intereses» de los ciudadanos vascos y avanzó que su formación mantendrá una «oposición contundente» ante la Ley de Consulta.

Por su parte, el secretario general del PP en la CAV, Iñaki Oyarzábal, indicó al lehendakari que los vascos «no le seguirán» a Europa en su «carrera en contra de la democracia».