Quedan despejadas las dudas sobre cuál será la respuesta que el Gobierno de Lakua y el tripartito darán a la prohibición de la consulta del 25 de octubre. Tras el tradicional primer Consejo del curso en Donostia, el lehendakari hizo un llamamiento a la ciudadanía y a los partidos a demandar al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Preguntado por si había otras iniciativas institucionales de defensa de la consulta, Juan José Ibarretxe respondió que «no hay `Plan B'. Éste es el camino de defensa del derecho de la sociedad vasca a ser consultada».

La gestión de la iniciativa queda en manos de los partidos políticos que la defiendan. Los legitimados para presentarlas son tanto los individuos como los colectivos que consideren conculcados sus derechos. Por tanto, lo que se otea en el horizonte es una enorme campaña del tripartito para conseguir el mayor número de denuncias posibles, que podrán tramitarse de diversas maneras que serán comunicadas en los próximos días.

El Gobierno como tal no puede actuar como denunciante, ya que es considerado por el Tribunal Europeo como una institución del Estado español, lo que ya ha dejado claro en ocasiones precedentes. Sin embargo, Juan José Ibarretxe anunció ayer que tanto él como el resto de los miembros de su Gabinete interpondrán sus respectivas denuncias a nivel particular, y lo harán el próximo 16 de setiembre en caso de que se impida la consulta por parte del Tribunal Constitucional.

El límite del 15 de setiembre

Según la Ley aprobada por el Parlamento de Gasteiz en junio, la convocatoria de la consulta ha de hacerla el lehendakari el próximo 15 de setiembre. Por eso todas las partes han pedido al Tribunal Constitucional que tome una decisión antes de esa fecha y es posible que la próxima semana haya ya una resolución.

La iniciativa de denuncia ante el Tribunal de Estrasburgo se pondrá en marcha tanto si el Constitucional deroga la Ley y prohíbe la consulta como si no hay respuesta para el día 15 y mantiene la suspensión actual.

«Parcialidad evidente del TC»

El lehendakari manifestó ayer que la decisión del Tribunal Constitucional de no admitir la personación en la causa de PNV, EA, EB y Aralar «es un síntoma de parcialidad evidente» de esta alta institución, que según denunció Ibarretxe ha llegado a «decir que los partidos políticos no representan a la sociedad».

Esto hace pensar a Lakua que no estamos ante un debate jurídico sino político.

La decisión del Tribunal Constitucional de apartar a los partidos vascos de la causa se dio a conocer el mismo día que se publicaban en la prensa las declaraciones del lehendakari en un encuentro con periodistas que mantuvo el 19 de agosto y en el que volvió a mostrar su convencimiento de que el dictamen del alto tribunal sería finalmente favorable a la consulta porque decía no haber escuchado «argumentos jurídicos o políticos serios» para que lo prohibiera.

Es evidente que a este respecto su discurso ha cambiado diametralmente en estos días. En lo que sí lo mantiene es en el apartado referido a acusar directamente al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, de haber impulsado personalmente el impedimento de la consulta «porque no le da la gana de que se haga».

Zapatero, por cierto, insistió ayer en una entrevista televisada en que el plan de consulta «soberanista» y «partidista» del lehendakari no saldrá adelante porque «no da respuesta a ninguna de las necesidades de Euskadi». Lo que necesita, según el presidente del Gobierno, es «el cambio tranquilo» que representaría la llegada de Patxi López a Ajuria Enea.

Test democrático

La denuncia que propone el Gobierno de Lakua se basa en la violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en sus apartados 9, 10, 11, 13 y 14, que afectan a la «libertad de pensamiento, expresión, asociación y a su relación con la participación política que afecta a los partidos políticos».

Juan José Ibarretxe reivindicó su derecho como individuo a pronunciarse públicamente a través de una consulta. Y puso como ejemplo su deseo de «decirle a ETA que está de sobra el 25 de octubre a través de la urna y con papeletas. Quiero hacer como ciudadano lo que ya he dicho como lehendakari».

Lakua entiende que impedir la consulta del 25 de octubre debe ser entendido por cada persona de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa como una conculcación de su derecho a ser consultada.

La iniciativa de presentación de denuncias ante Estrasburgo fue anunciada en este contexto como «una movilización pacífica desde el punto de vista social y muy activa desde el punto de vista jurídico y político». Un intento, según explicó el lehendakari, de «poner en la agenda europea el debate sobre el derecho de la sociedad vasca a ser consultada y a que su voluntad sea respetada».

Ibarretxe habló incluso de un «test democrático de la sociedad española» y criticó que se diga que todo es defendible pero en la práctica después no se permita.

Camino lento e incierto

La vía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es muy lenta. Baste recordar, por ejemplo, que aún está por conocerse la decisión sobre las ilegalizaciones de Batasuna y otras formaciones de la izquierda abertzale que se produjeron en 2002.

Además, este camino está contemplado para los casos en los que el denunciante haya agotado sin éxito los recursos judiciales disponibles en su Estado. Es dudoso que esto se cumpla en el caso de que el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado antes del 15 de setiembre, aunque el Gobierno de Lakua asegura tener informes que avalan el camino elegido.

Por otra parte, los estados que reconocen al tribunal están comprometidos a ejecutar sus sentencias, pero el propio tribunal no tiene vías para hacerlo.