El fichero «Edvige», que responde a las siglas de Explotación Documental y Valorización de la Información, fue creado por decreto en junio pasado. Desde entonces, su puesta en marcha ha despertado todo tipo de críticas, comenzando por la Comisión Nacional de la Informática y de las Libertades (CNIL), institución que denunció la posibilidad de que se incluya a menores a partir de los 13 años de edad.

El polémico fichero será manejado por la Dirección central de Seguridad Pública, heredera desde el verano de la de Informormación General, considerada la policía política (RG, renseignements généraux).

El nuevo fichero informático podrá recabar datos de tipo personal sobre patrimonio, comportamiento, orientación política e, incluso, se teme que sexual, actividades individuales o colectivas, de cientos de miles de personas, así como informaciones más generales como números de teléfono, direcciones electrónicas...

Tanto las asociaciones de defensa de las libertades individuales, así como miembros de la clase política se han opuesto a «Edvige». La principal fuerza de oposición, el Partido Socialista, pidió al Gobierno francés «retirar el decreto» y «explicarse ante el Parlamento». En el mismo sentido, el dirigente centrista François Bayrou hizo un llamamiento a participar en un «movimiento de rechazo republicano» al fichero. La patronal lamentó la falta de transparencia en torno al nuevo fichero y los principales dirigentes sindicales y los empresarios, principales blancos, se mostraron especialmente molestos.

Una petición elaborada por un grupo de casi 100 asociaciones, y que ha recogido más de 120.000 firmas, exige la supresión del fichero, al tiempo que 13 recursos fueron presentados ante del Consejo de Estado, la más alta jurisdicción administrativa en Francia, institución que debe pronunciarse sobre la legalidad de «Edvige» a finales de diciembre.

El malestar llegó hasta el propio Ejecutivo. Su ministro de Defensa, Hervé Morin, se preguntó públicamente sobre ciertos contenidos del fichero, y dijo ver «una curiosa mezcla de géneros», antes de ser llamado al orden por el primer ministro, François Fillon.

Para apaciguar la indignación, la secretaria de Estado de Derechos Humanos, Rama Yade, pidió «precisiones» y «clarificaciones», sobre todo relacionadas con la orientación sexual de los fichados. La ministra de Interior, Michelle Alliot-Marie, prometió adaptaciones para limitar el fichaje de menores de 13 años.