Actuaciones contra la Izquierda Abertzale
El Parlamento retiene «por si acaso» 322.547 euros de Ezker Abertzalea
La Mesa del Parlamento de Gasteiz retiene desde el pasado mes de febrero las subvenciones que corresponden a Ezker Abertzalea hasta que el Tribunal Supremo aclare si debe pagarlas o no. La cantidad asciende ya a 322.547 euros.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
La portavoz de Ezker Abertzalea, Nekane Erauskin, y el parlamentario de este grupo Julián Martínez denunciaron ayer que «la Mesa de este Parlamento, con Izaskun Bilbao a la cabeza, han aceptado la estrategia de ilegalización del PSOE, incluso antes de que se dé o antes de que ningún tribunal tome ninguna medida contra nuestro grupo. Desde el mes de febrero no nos retribuyen el dinero que como grupo nos corresponde antes de que ningún juez haya tomado ninguna medida. No nos retribuyen el dinero al que tenemos derecho para trabajar en las mismas condiciones que los demás grupos y ya nos adeudan cerca de 350.000 euros, ni tampoco nos responden a los escritos presentados. Éste -afirmaron- es el verdadero talante del PNV, EA y EB de este Parlamento, en lugar de respetar los derechos de todos los grupos, conculcan los del nuestro».
Fuentes oficiales de la Cámara declararon a GARA que la Mesa recibió en febrero un oficio del Tribunal Supremo en el que se recogía la decisión de «acordar la suspensión de la entrega al PCTV de los fondos procedentes de la financiación pública, cualquiera que fuera su tipo y naturaleza», escrito que el Tribunal mandó remitir al Ministerio del Interior y al Parlamento vasco.
A pesar de que la Cámara autonómica no paga ningún tipo de cantidad a EHAK y a que en el oficio no se hacía referencia alguna al grupo parlamentario Ezker Abertzalea, la Mesa decidió retener lo pagos de subvenciones a este grupo parlamentario y solicitar aclaraciones al Tribunal Supremo.
Según señalaron fuentes oficiales de la Cámara a este diario, la Mesa se encuentra aún a la espera de estas aclaraciones, por lo que el expediente sobre el pago de las subvenciones está todavía abierto.
Desde el mes de febrero el grupo Ezker Abertzalea ha dejado de percibir 45.694 euros mensuales, además de unos atrasos de 2.689 euros, que el resto de grupos sí han percibido -cada cual en función de sus parlamentarios- para llevar adelante su trabajo en la Cámara. En total, la cantidad retenida es de 322.547 euros.
«La explicación, en el auto»
Lo llamativo del caso -además del hecho de que la Mesa decida la restricción de derechos parlamentarios de forma preventiva- es que al conocer que no se iban a pagar las subvenciones a Ezker Abertzalea, la representación procesal de EHAK remitió un escrito al Tribunal Supremo en el que, al igual que la presidenta de la Cámara, pedía aclaraciones sobre esta medida.
La respuesta del Tribunal Supremo, fechada el 14 de abril, señala como única explicación que «al respecto rige el auto de 11 de febrero de 2008» en el que no hay mención alguna a Ezker Abertzalea. El texto, firmado por el magistrado ponente Enrique Bacigalupo Zapater, fue remitida a la Mesa por Ezker Abertzalea el 30 de abril, junto a un escrito en el que solicitaba que le fuera restituido el dinero adeudado y se retomara el pago de las subvenciones.
Ruptura con los antecedentes
La asunción de los dictados del Tribunal Supremo hasta ir más allá incluso de sus peticiones, supone una actuación sin precedentes de la Mesa que preside Izaskun Bilbao y rompe con los principios que habían regido en el Parlamento en legislaturas anteriores.
Cabe recordar, por ejemplo, el acuerdo de la Mesa de 7 de mayo de 2003 en el que, dirigiéndose al Tribunal Supremo, señala textualmente que «partidos políticos y grupos parlamentarios son realidades jurídicamente diferentes de manera que las resoluciones que afectan a los partidos no se trasmiten automáticamente a los grupos parlamentarios».
El 9 de setiembre de ese mismo año, y ante la decisión del interventor de no pagar las subvenciones a Sozialista Abertzaleak como le había exigido el TS, la Mesa hizo pública una resolución en la que «se reconoce el derecho del Grupo Parlamentario Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Sozialista Abertzaleak a percibir la subvención correspon- diente». Además, anunciaba que analizaba las vías para hacer efectivo dicho pago, cosa que finalmente no hizo, por lo que al finalizar la legislatura la Cámara adeudaba a Sozialista Abertzaleak 600.000 euros.
El pasado enero el Supremo condenó a la anterior Mesa por «desobediencia». El PNV afirmó que en similares circunstancias, Izaskun Bilbao debería actuar como su antecesor.
Ezker Abertzalea denunció ayer el silencio de los partidos y la lectura reducida de la realidad que hacen cuando tienen ante sí violaciones de derechos como la ilegalización de partidos, la tortura, las detenciones arbitrarias y los secuestros. Nekane Erauskin y Julián Martínez comenzaron llamando la atención sobre las citaciones en la Audiencia Nacional de trabajadores de EHAK y señalaron que «han convertido en delito ser militante de la izquierda abertzale». Después recordaron la próxima ilegalización de dos nuevas siglas, «mientras los partidos aquí siguen en silencio».
Al PSE le acusaron de que «la única alternativa que tiene para este pueblo es la imposición de la Constitución». En cuanto al PNV, Ezker Abertzalea sostiene que es este partido el que conculca los artículos del Convenio Europeo prohibiendo manifestaciones. A su entender, «lo del PNV ya no tiene nombre. Han superado todos los límites de la hipocresía», porque «Ibarretxe habla de participación pero acalla a los opositores al TAV, responsabiliza a Zapatero de conculcar derechos pero se muestra dispuesto a aprobar sus presupuestos para sacar tajada, como dice Erkoreka».
A EA, Aralar y EB les pidieron que «en la hoja de denuncia que van a realizar en Estrasburgo, pongan un recuadro más, para poder denunciar las torturas, las ilegalizaciones, las detenciones arbitrarias y la persecución policial».
I.I.
No es el Parlamento sino el Departamento de Interior quien paga las subvenciones electorales a EHAK. El Supremo remitió su escrito al Ministerio del Interior y al Parlamento donde no se libra ninguna cantidad al mencionado partido.
La Mesa, al recibir el oficio, dejó de lado su defensa anterior de la distinción entre partido y grupo parlamentario y, ante la duda, optó por no pagar las subvenciones a Ezker Abertzalea hasta que le den aclaraciones.
Diez ciudadanos vascos tuvieron que comparecer ayer por la mañana en la Audiencia Nacional tras ser citados por el juez Baltasar Garzón. El magistrado les notificó que estaban imputados por «colaborar con ETA» por recibir dinero de EHAK cuando trabajaban con contrato en vigor para la formación abertzale. El juez, sin embargo, no adoptó medidas cautelares contra ellos al igual que contra las seis personas que acudieron el pasado lunes a Madrid por la misma causa.
Todos los imputados se acogieron a su derecho a no declarar ante el juez y algunos de ellos explicaron que su negativa a hablar se debía a que se encontraban ante un «tribunal político».
En una de las comparecencias se vivieron momentos de tensión, cuando el juez, tras escuchar por boca del traductor de euskara la denuncia de uno de los imputados, se enfadó y ordenó su arresto. En ese instante, entraron en la sala varios policías, pero tras unos minutos de tensión y la mediación de los abogados, Garzón reconsideró su decisión y finalmente la detención no se llevó a cabo.
En esta misma causa están imputados también varios presos políticos, que se encuentran en prisión por otras causas, y no se conoce cuándo van a ser llamados a declarar ya que todavía no han sido citados. Otros dos imputados en el procedimiento, Zigor Gogeaskoetxea y Jon Goio Jiménez, anunciaron el pasado martes en una rueda de prensa su negativa a presentarse en la Audiencia Nacional al considerar que se trata de «un tribunal de excepción».
Las comparecencias de esta semana se enmarcan dentro de la causa que Garzón instruye contra EHAK y acusa a todos los trabajadores que percibieron fondos del partido de «colaborar con ETA». En el procedimiento de ilegalización contra esta formación que se está desarrollando en el Tribunal Supremo, los abogados del partido abertzale explicaron que todas las personas que recibieron dinero eran trabajadores con contrato en vigor.
A su vez, acreditaron por qué recibieron las cantidades y en base a qué conceptos. Según resaltaron, se trata de una «posibilidad contemplada legalmente» al ser un derecho de los trabajadores y que consiste en adelantar el dinero por razones personales. En este sentido, aportaron las pruebas pertinentes ante el Tribunal Supremo y el acuerdo adoptado por el Comité del partido para actuar de esa manera.
En solidaridad con los imputados, 40 personas se movilizaron en Alegia, 60 lo hicieron en Ibarra, 17 en Anoeta y 80 en el barrio donostiarra de Gros.
Si las «aclaraciones» no llegan antes de que se disuelva la Cámara en diciembre o enero, Ezker Abertzalea se quedará sin su dinero. A Sozialista Abertzaleak ya le ocurrió en la pasada legislatura cuando le adeudaban 600.000 euros y no se los pagaron.
