Ofensiva contra los prisioneros políticos vascos
El Gobierno español pretende imponer 20 años de libertad vigilada a los presos políticos tras haber cumplido la condena
El PSOE viene informando en las últimas semanas de que impulsará medidas más duras y restrictivas contra los presos políticos vascos que los que está planteando el PP en las negociaciones que vienen manteniendo desde julio para ahondar en su estrategia contra los represaliados. Ahora, anuncian que los ex prisioneros estarán sometidos a control hasta 20 años.
GARA | MADRID
El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero propondrá que la reforma del Código Penal que tiene previsto impulsar partir de otoño recoja que los prisioneros políticos vascos puedan permanecer hasta 20 años en libertad vigilada después de abandonar la cárcel. El Gobierno del PSOE, además, impulsará que «los delitos de terrorismo más graves, como los asesinatos, no prescriban».
Los ministros españoles de Justicia y de Interior, Mariano Fernández Bermejo y Alfredo Pérez Rubalcaba, respectivamente, comparecieron ayer en sede ministerial para dar cuenta de las nuevas medidas que impulsarán contra los represaliados políticos vascos. Bermejo y Rubalcaba anunciaron que el Gobierno del PSOE revasará con creces las propuestas que, al respecto, ha realizado el PP en las negociaciones que mantienen ambas formaciones políticas desde el pasado julio y cuyo acuerdo se espera sea oficializado mediante rúbrica en las próximas semanas.
Las medidas de control que propondrá el Ejecutivo del PSOE en el Congreso español podrán consistir en comparecencias judiciales periódicas, pulseras electrónicas de seguimiento y programas formativos «de reinserción». Todas estas medidas, bajo el impulso del PSOE, podrán ser implementados contra los vascos hasta durante 20 años, una vez excarcelados.
«Una pena adicional encubierta»
No obstante, ninguna de estas medidas podrá ser aplicado con carácter retroactivo, por lo que su implementación recaerá sobre los condenados una vez que entre en vigor la reforma penal.
Cabe recordar que el PP viene exigiendo desde el verano que la libertad vigilada fuese aplicada durante diez años; ahora, el PSOE propone el control se extienda hasta los dos decenios. El pasado día 5, además, Rubalcaba ya compareció expresamente para confirmar que exigencias del PP como la eliminación de calles con nombre de militantes vascos o el aumento de penas por el delito de «amenazas terroristas» se llevarán a cabo.
Sin embargo, tal y como publicó el diario «El País» el pasado 17 de agosto, expertos en Derecho Penal advierten de que la vigilancia postpena afecta a derechos fundamentales. «Colocaría al sujeto en una situación de privación de algunos de los derechos vinculados con la dignidad humana», cuestionó el catedrático de Constitucional de la Universidad de Jaén, Gerardo Ruiz Rico, a lo que añadía que ello supondría «una pena adicional encubierta».
La reforma, según los ministros, también estará dirigida contra personas penadas por pederastia y violación, sobre los que recaerá un incremento de años de cárcel y la propuesta para la castración química.
Las nuevas medidas que el Gobierno del PSOE impulsará contra los represaliados políticos vascos no tendrán carácter retroactivo, por lo que será aplicado sobre los condenados que sean juzgados con la reforma en vigor.
Reforma 2003
Bajo el mandato del PP se fijó como límite máximo de permanencia en la cárcel 40 años, una década más que con la anterior legislación. Además, si para calcular las 3/4 o 2/3 partes de la condena antes se tomaba como base el máximo a cumplir en prisión, a partir de la fecha se realiza el cálculo sobre el máximo de la pena impuesta. Asimismo, el cambio más significativo fue la creación del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional española, para centralizar, así, las directrices del Gobierno español.
2006 sentencia TS
El Tribunal Supremo español hace una relectura de la aplicación de las reducciones de la pena. Hasta entonces, el total de condenas que tenía cada persona eran refundidas, pero con la aplicación de la sentencia del Alto Tribunal obligan a los presos vascos a cumplir las penas impuestas una a una, lo que ha llevado ya a 23 presos políticos a una cadena perpetua de facto.
2006 caso de Juana
Una vez cumplida de manera íntegra su pena, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, asegura que «construirá imputaciones» contra él. De Juana se enfrentó a una petición inicial de 96 años de prisión por escribir dos artículos de opinión.
2008 «amenazas»
La declaración de una edil del PP, acusándolo de «amenazas», le basta a la Audiencia Nacional para encarcelar al vecino de Getxo Zigor Goikoetxea, donde cuentan como dato agravante ser hermano de un preso político.
