Financiación autonómica catalana
Pelea por una negociación en manos de Madrid
Todos los síntomas indican que, una vez más, el Gobierno español no va a conceder lo que le demandan los partidos políticos catalanes. En esta ocasión se trata de la financiación para cubrir los gastos de la Generalitat. Y Madrid no lo va a conceder únicamente porque no quiere, ya que el Estatut de Catalunya se lo permite.
Laia ALTARRIBA i PIGUILLEM
El Congreso español fue ayer escenario de un nuevo capítulo de la negociación sobre financiación entre los partidos catalanes y el Gobierno de Madrid. En su comparecencia, el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo reconocer que Catalunya merece mejorar su financiación, pero la víspera, su ministro de Economía, Pedro Solbes, advirtió de que la economía pasa una situación precaria y que las autonomías tendrán que apretarse el cinturón. Una de cal y otra de arena para los partidos catalanes que tratan de lograr un montante mayor del que propuso Solbes a principio de verano, cuando se empezó a negociar la reformar del modelo de financiación autonómico que afecta a Catalunya y al resto de comunidades autónomas del Estado español, salvo Nafarroa y la CAV.
Los portavoces en el Congreso de ERC, Joan Ridao, y de CiU, Duran Lleida, advirtieron ayer a Zapatero de que la crisis económica no puede justificar una mala financiación. Éste respondió que «habrá acuerdo con diálogo y una actitud positiva» y añadió que aplicará el Estatut, puesto que se lo siente suyo al haber participado en la redacción de los capítulos sobre financiación del texto finalmente refrendado en las urnas.
Andar mucho para no moverse
No se equivoca Zapatero al asegurar que cumplirá con lo que marca el Estatut. La profesora de Teoría Económica de UB y a la vez impulsora de la plataforma catalanista Sobirania y Progrés y militante de base de ERC Elisenda Paluzié asegura que los problemas actuales para lograr una financiación adecuada no deberían sorprender. Recuerda que la plataforma Economistes pel No (creada durante el proceso estatutario) ya advirtió de que el Estatut aprobado por el Parlament de Catalunya el 30 de setiembre de 2005 «contemplaba un cambio real en el modelo de financiación. Según aquel texto, era la Generalitat quien recaudaba todos los impuestos y aportaba una parte al Estado. Una parte de esa cantidad se destinaba a servicios y competencias, y otra a solidaridad. Era un sistema similar al concierto económico de Navarra y la CAPV, pero añadiendo la parte de solidaridad, que fijaría en una negociación bilateral Estado-Generalitat».
Pero a pasar el Estatut por Madrid, la noche del 21 de enero Artur Mas, líder de CiU, y Rodríguez Zapatero llegaron a un acuerdo que recortó muchas atribuciones que el texto inicial daba a la Generalitat. «Cuando el texto llegó a las Cortes españolas -señala Paluzié-, este esqueleto sobre financiación quedó completamente arrasado y se supeditó la Generalitat al régimen común de financiación del resto de comunidades autónomas». El modelo resultante es el mismo sistema de cesión de impuestos de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) de hace más de diez años.
Lo que durante este verano se ha estado discutiendo es la manera de calcular lo que se da a cada comunidad autónoma. Está reglamentado, explica Paluzié, que «el Estado fija las necesidades de gasto de las comunidades autónomas con lo que se llama los impuestos cedidos y con la participación en impuestos estatales. Estos recursos se ajustarán en mayor o menor medida con los mecanismos de nivelación y de solidaridad, lo que actualmente se hace con el Fondo de Suficiencia, que puede ser positivo (se recibe una transferencia del Estado) como negativo (se hace una aportación al Estado). Así, la clave está en fijar estas necesidades de gasto».
«El problema -añade- es que la bilateralidad quedó muy maltrecha en el paso del Estatut por el Congreso. Los artículos 201.1 (que se refiere a la LOFCA) y el 206.3 (que concluye que «Los niveles de nivelación y solidaridad los fija el Estado») son claros y dejan muy poco poder de negociación a la Generalitat».
Paluzié celebra, no obstante, que un dato positivo del Estatut sea que los impuestos cedidos van a aumentar, aunque aclara que si la cifra resultante supera la necesidad de gasto fijada por el Estado, la Generalitat deberá devolver la diferencia. En cualquier caso, quien va a tener siempre la última palabra en caso de duda o discrepancia sobre la interpretación será el Estado.
Las cifras de la discordia
La batalla se empezó a librar en julio, cuando Pedro Solbes presentó un documento que establecía que la población ponderada será la principal variable de cálculo. Cada comunidad había propuesto una variable en función de sus intereses. Catalunya propuso tener en cuenta el porcentaje de inmigración y, por ejemplo, Andalucía planteó que tuviera más peso el de menores de 24 años. El ministro no se movido de su posición inicial.
En verano ha habido reuniones de los partidos del Govern (PSC, ERC e ICV) y CiU para presionar de manera conjunta a favor de una mayor cantidad de la propuesta por Solbes. Antoni Castells, conseller d'Economia, exige 3.800 millones de euros más y CiU llega hasta los 4.200 millones. Según Paluzié, en los círculos económicos de Madrid se estima que el Estado accederá a dar 1.000 millones más de los inicialmente previstos.
Además, durante el proceso se ha evidenciado una voluntad del Gobierno español de humillar y menospreciar Catalunya, porque se podría haber planteado un acuerdo que formalmente siguiera los principios que marca el Estatut y que fuera igual de beneficioso para ellos. Pero ni esto han respetado.
A todo esto, hay que añadir el agravante de que el presupuesto del último año de la Generalitat ha sufrido una importante caída en la recaudación del impuesto que se aplica a la formalización de hipotecas (100% competencia de la Generalitat). En 2007 supuso dejar de ingresar 1.240 millones de euros y en 2008 va camino de los 1.500 millones menos. Elisenda Paluzié entiende que «la Generalitat pedirá al Estado un aumento alrededor de 3.000 millones respeto a lo que prevé Solbes, lo que supondrá una mejora de 1.500 millones teniendo en cuenta esa caída en la recaudación».
Esto si los partidos catalanes consiguen su propósito. Las formaciones que apoyaron el Estatut, junto a ERC, están tratando de sacar una cifra resultante que les permita gestionar las instituciones con mayor presupuesto las instituciones, pero deberían recordar que ellas mismas, especialmente CiU cuando pactó con Zapatero, se marcaron los límites que ahora dicen querer cruzar.
La predicción que hace la profesora de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona y militante de base de ERC Elisenda Paluzié es que en tan sólo unas semanas veremos un acuerdo entre los partidos catalanes, o por lo menos algunos de ellos, y el Gobierno español sobre la financiación de Catalunya, pero asegura que en cualquier caso será un mal acuerdo.
A su juicio, lo único que falta por ver será la escenificación que las formaciones catalanas hagan del acuerdo. «No creo -afirma- que los partidos catalanes escenifiquen la aceptación del acuerdo en relación a la bondad del mismo, sino a la imagen que ellos quieren proyectar, a intereses de partido. Veremos la actitud final de cada uno y a ver quién juega a decir que se ha conseguido un buen acuerdo».
Teniendo en cuenta que el Estatut no deja margen a las formaciones políticas catalanas para presionar al Estado español y lograr una mejor financiación, la única fuerza real de que dispone Catalunya en la negociación es el peso de los diputados catalanes en el Congreso de Madrid. Éstos podrían hacer valer su peso para impedir que salgan adelante los presupuestos del Estado, y forzar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a acceder a sus exigencias. Pero esta posibilidad ha terminado diluyéndose.
Hay que tener en cuenta que, actualmente, los diez escaños de CiU, sumados a los tres de ERC, no son suficientes para imponer condiciones al Ejecutivo de Zapatero. Y es que el PSOE ya se ha asegurado el apoyo de otras fuerzas minoritarias que suman los escaños mínimos requeridos para que los presupuestos sean aprobados. Es el caso de los seis diputados que ha ofrecido el PNV y los dos de UPN.
La única posibilidad sería que el PSC sumara sus 25 diputados a los de CiU y ERC. Pero los socialistas catalanes ya han manifestado que no van a enfrentarse a Zapatero. La decisión no debería sorprender a nadie si se tiene en cuenta la historia que ha unido indisolublemente a PSC y PSOE y que nunca ha permitido que terminara de constituirse el grupo propio que alnos reclaman para el PSC en el Congreso de los Diputados. Además, no hay que olvidar que dos ministros (Carme Chacón y Celestino Corbacho) son catalanes, de Defensa la una y de Trabajo el otro, y que resultaría contradictorio votar contra los presupuestos de sus propios ministerios. Si lo hicieran, deberían salir del Gobierno. Y esto sí que sería realmente sorprendente.
En resumen, la unidad que se habría estado labrando este verano para lograr un frente catalán unido en Madrid no va a tener ninguna herramienta de presión. Y tampoco hoy se va a visibilizar durante los actos de la Diada Nacional de Catalunya. Aunque había circulado el rumor sobre la posibilidad de algún acto conjunto de los partidos del Govern con CiU coincidiendo con l'Onze de Setembre, finalmente no habrá ninguna foto de familia.
Probablemente se escucharán algunas declaraciones de dirigentes políticos reivindicando un trato justo por parte del Estado en los distintos actos institucionales. Y tal vez José Montilla, el president, exija respeto mientras deguste un plato típico catalán desde la Expo de Zaragoza, lugar donde cerrará la Diada. Pero en las manifestaciones convocadas para hoy tanto en Barcelona como en otras poblaciones catalanas, la reivindicación irá más allá de lo que están pidiendo los partidos institucionales en Madrid, puesto que la izquierda independentista llama la población a movilizarse bajo el lema «Los Països Catalans decidimos independencia», y el conjunto de entidades soberanistas que también convocan lo hacen con el lema «Somos una nación, queremos Estado propio».
1.000
En círculos económicos de Madrid se estima que el Estado accederá a dar 1.000 millones más de los inicialmente previstos. El Govern exige 3.800 millones más, y CiU, 4.200.
