El el 10 de agosto, el presidente, Evo Morales, recibió el respaldo de la mayoría de los bolivianos. Ganó en seis de los nueve departamentos y cosechó el 68% de los votos. Con esa abrumadora victoria en las manos, anunció la celebración el 7 de diciembre de una consulta que podría apuntalar definitivamente el proceso de cambios impulsado por el Movimiento al Socialismo (MAS).

Este anuncio aumentó la ira de la derecha y la oligarquía, que han llevado a cabo todo tipo de protestas; una huelga de hambre, un paro de 24 horas, bloqueo de caminos y de la carretera que une al país con Brasil, toma de instituciones públicas y campos petroleros y la suspensión de envío de carne y otros productos a las regiones occidentales, principalmente a La Paz (donde el 84% de los sufragios fueron favorables a Morales en el referéndum del 10 de agosto).

El conflicto se agudizó ayer con el atentado contra un gasoducto en el sur de Bolivia que causó la disminución en un 10% de los envíos de gas a Brasil. El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Santos Ramírez, atribuyó el ataque a «grupos de paramilitares y fascistas», presuntamente organizados por fuerzas opositoras.

Los destrozos se produjeron en un tubo de 32 pulgadas entre los campos de San Alberto y San Antonio, de donde sale la mayor parte del gas que consume la ciudad de Sao Paulo, el mercado más grande del gas boliviano. Ramírez afirmó que el atentado le costará al Estado boliviano cien millones de dólares por la reparación, que tardará entre quince y veinte días y por la multa que deberá pagar a Brasil por la disminución de los envíos.

Además, en el sur de Bolivia, grupos de opositores ocuparon, cerca de la localidad de Villamontes, una planta de envasado en bombonas de gas licuado. Varias personas, una de ellas disfrazada de militar, atacaron a dos soldados que custodiaban la planta, los desarmaron obligándoles a entrar a la instalación para provocar la suspensión de las actividades. Ante este nuevo ataque, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, anunció que el Gobierno movilizará «una mayor presencia» militar en las instalaciones petroleras para evitar «los atentados criminales». Los hechos violentos de ayer se suman a la convulsa jornada vivida el martes. Los opositores saquearon seis entidades estatales y ocasionaron destrozos en la sede de la organización no gubernamental Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales (CEJIS), especializada en temas campesinos y para la que han trabajado varios miembros del gabinete de Morales.

El portavoz presidencial, Iván Canelas, subrayó que estos sectores vinculados a la derecha quieren que el Gobierno reaccione de forma violenta y provocar «incluso que haya uno dos muertos para poder tener una bandera» contra Evo Morales.

Por ello, el Gobierno descartó decretar el estado de sitio porque «los 1,5 millones de habitantes de Santa Cruz no pueden ser perjudicados por 500 malandrines», a quienes acusó de haber iniciado «un golpe cívico prefectural contra el Estado de Derecho y la unidad del país».

El titular de Interior, Alfredo Rada, arremetió contra el prefecto de la provincia, Rubén Costas, y el presidente del Comité Cívio, Branco Marinkovic, por «dirigir a los grupos fascistas, violentos y racistas» que protagonizaron los enfrentamientos.

Para muchos, detrás de todos estos hechos violentos se esconde la mano de EEUU. El portavoz del MAS en el Senado, Félix Rojas, comentó que «el embajador Philip Goldberg, siempre de visita en Santa Cruz, parece que se considera uno más de los iluminados que quieren llevar adelante ese plan siniestro de dividir al país». «Goldberg no va con los bolsillos vacíos a Santa Cruz, lleva dinero para esa prefectura», denunció. El Gobierno ha acusado a la Administración Bush de financiar a los grupos opositores mediante la «agencia para el desarrollo» USAID.

Quienes también se han empezado a movilizar son los sindicatos campesinos partidarios del presidente. Más de 2.000 personas iniciaron ayer un bloqueo permanente de carreteras y un cerco a Santa Cruz. «Convocamos a la población en todos los departamentos del país a salir a todas las plazas de las ciudades, provincias, municipios, regiones y pueblos a defender la democracia y la unidad del país», manifestó Fidel Surco, dirigente de la Conalcam.

Por su parte, el dirigente de los productores de coca, Julio Salazar, advirtió desde Cochabamba que «ha terminado la paciencia» de los movimientos sociales.

En este complicado contexto, la Corte Nacional Electoral (CNE) ha salido en contra de la consulta de diciembre alegando «impedimentos legales». En el caso de las dos consultas para ratificar la nueva Carta Mgna -una sobre el texto en conjunto y otra sobre un artículo relativo a latifundios-, sostiene que es un «imperativo constitucional» que su convocatoria se realice mediante una ley del Congreso Nacional.

Sobre las elecciones en La Paz y Cochabamba para elegir a los nuevos prefectos -revocados de sus puestos el 10 de agosto-, dice que debe ser realizada por el presidente con una anticipación de 120 días y no de 102. Por primera vez, elegirán a los consejeros departamentales y subprefectos, que antes eran nombrados por el gobernador a dedo.

Lo que está en juego

Lo que verdaderamente está en juego es la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado (CPE), elemento clave para implantar el nuevo modelo de Estado socialista y comunitario. En sus intervenciones, Morales ha insistido en que el objetivo es «la refundación de Bolivia, para que la diversidad de los pueblos tenga los mismos derechos y obligaciones». Varias organizaciones sociales habían pedido al Gobierno que diese pasos para aprobar la nueva Constitución, ya que «esa es la voluntad del pueblo boliviano», en referencia al apoyo que consiguió el dirigente del MAS el 10 de agosto.

Los resultados cosechados en el referéndum revocatorio son incontestables: obtuvo el apoyo del 68% de la población, 13 puntos más que en 2005, a pesar de la campaña en su contra impulsada por medios de comunicación privados y empresarios.

Lejos de darse por vencidos, los detractores del modelo de Estado que promulga el MAS con Morales han intensificando sus acciones provocando grave crisis social.

Viendo lo que se avecinaba, el Ejecutivo quiso contraatacar convocando el referéndum para la nueva Constitución. Horas después, los gobernadores opositores advirtieron de que no lo iban a permitir, llamando a la población a la «resistencia civil». El diputado de Santa Cruz Carlos Klinsky llegó a calificar al Ejecutivo de «dictatorial» y animó a los ciudadanos a «tomar las entidades estatales». A falta de líderes a nivel estatal, estos gobernadores se han convertido con ayuda de empresarios y latifundistas en los principales opositores a Morales. Después de perder el control del Gobierno nacional, el viejo bloque histórico conservador que disfrutó de privilegios durante décadas, tan sólo conserva el poder en cuatro departamentos.

Si la nueva Constitución se aprobase, los «oligarcas» podrían verse afectados por varias medidas: El fin del latifundio, la nacionalización de los recursos naturales, el reconocimiento a los derechos de los indígenas, el fin de la exclavitud etc.

Además de proponer una serie de medidas sociales, la nueva CPE quiere impulsar un cambio estructural e instaurar un modelo estatal «para todos los bolivianos, después de 500 años de colonialismo».

Aprobada por la Asamblea Constituyente en diciembre de 2007, deja atrás el Estado monocultural y reconoce el «carácter plurinacional de Bolivia». Otorga a los pueblos originarios el derecho de autodeterminación, y propone crear dos sistemas electorales diferenciados entre sí: la democracia directa y la comunitaria.

El Estado tendría un papel más activo en la economía, impulsando las nacionalizaciones de las empresas que explotan los recursos naturales. Respetará la propiedad privada, siempre y cuando cumpla una función económica y social, y prohíbe las bases militares en territorio boliviano.

El Gobierno pretende aunar la Constitución y las autonomías. «Necesitamos autonomías de los pueblos, no de los grupos», ha subrayado el presidente en referencia a los movimientos opositores.