A la espera de que el Tribunal Supremo español les haga entrega de la sentencia que les deja fuera de la ley otra vez, el presidente de EAE-ANV, Kepa Bereziartua, cree que los argumentos esgrimidos por Francisco Franco para perseguirles y la decisión instigada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero son los mismos. «En 1939, el PSOE estuvo con nosotros en la lista de formaciones políticas prohibidas por apoyar a la República española, ahora nos acusa de respaldar a Batasuna y ser su sucesora. Nosotros, que tenemos 78 largos años de lucha por la ideas de izquierda y abertzales», lamenta.

La lectura de la ley dictada por Franco en 1939 y la Ley de Partidos rubricada el 27 de junio de 2002 por Juan Carlos de Borbón muestran grandes similitudes, al defender ambas las legalidades impuestas en Euskal Herria. El dictador justificó la que denominó Ley de Responsabilidades Políticas en que se debían «liquidar las culpas contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, mantenerla viva durante más de dos años y entorpecer el triunfo, providencial e históri- camente ineludible, del Movimiento Nacional». Por su parte, la legislación en la que se apoya el tribunal que preside todavía Francisco José Hernando, impulsada hace seis años por PP y PSOE, habla también de «garantizar el funcionamiento del sistema» y de perseguir a las opciones políticas que «pretenden revisar el propio marco institucional».

En ambos procesos de ilegalización, los ejecutivos españoles se han dotado de tribunales especiales para proceder a la disolución judicial de las fuerzas políticas de obediencia vasca y a la incautación de sus bienes. Los constituidos después de la guerra del 36 los conformaron militares, magistrados y miembros de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, que dieron «a su actuación conjunta el tono que inspira al Movimiento Nacional» y que buscaban «conseguir todos los resultados que en el orden jurídico y en el económico se pretenden». En el tribunal principal se sentaron el presidente, dos generales, dos consejeros de Falange que fueran abogados y dos magistrados de categoría no inferior a titular de una Audiencia Provincial.

En el proceso actual, la resolución dictada por los 16 magistrados de la Sala del 61 con Francisco José Hernando al frente puede ser elevada en amparo ante el Constitucional, aunque «será ejecutiva desde el momento de su notificación». A partir de ahí, se procederá a la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por el propio Supremo. El patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro español «a actividades de interés social o humanitario».

No es nada diferente a lo que sufrieron los partidos defensores de los valores de la República española en 1939, quienes perdieron «sus derechos de toda clase y la pérdida total de los bienes» a manos de los vencedores apoyados por Hitler y Mussolini. Además, los saqueos y confiscaciones de miles de propiedades de partidos y particulares, según los franquistas, no cubrieron «los agravios inferidos a España».

700.000 euros reconocidos e impagados

En el caso del proceso abierto actualmente contra EAE-ANV, los liquidadores no tendrán mucho trabajo pues la formación independentista vasca aún no había recuperado ni una ínfima parte del expolio que padeció después de la contienda de 1936. La puntilla a su situación patrimonial se produjo el 12 de noviembre de 2007 cuando, a raíz de la votación en la Comisión Constitucional del Congreso español de la revisión de la Ley de Restitución de 1998, se negó cualquier derecho de indemnización o devolución de los bienes incautados a los ekintzales.

Una primera valoración cifró en 700.000 euros la cantidad que el Gobierno español no devolvió al partido, al incluir el PSOE una enmienda que estipula que no se podrá restituir ni compensar a «partidos políticos que hubieran sido declarados ilegales, disueltos o suspendidos judicialmente». La iniciativa del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero afinó aún más al establecer que tampoco podrían percibir indemnizaciones aquellos contra quienes se hubiera emprendido el procedimiento de ilegalización, aunque todavía no se hubiera completado, o si la formación hubiese visto anuladas algunas de sus candidaturas, en aplicación de lo previsto en la Ley de Partidos Políticos de 2002. Para entonces ya se había impedido acudir a las elecciones municipales y forales a cientos de candidaturas ekintzales.

Antes, en abril de 2003, el Supremo, en virtud de la norma aprobada en 1998 por el PP con el respaldo de PNV y CIU, había reconocido el derecho de ANV a recibir una indemnización de 689.961 euros, correspondientes al dinero confiscado tras la guerra y al edificio que tenía en propiedad en Barakaldo. La sede, junto a la que murió en 1933 el militante ekintzale Hermenegildo Alvariño tiroteado por «pistoleros socialistas», fue durante décadas ocupada por la Sección Femenina y ahora es el euskaltegi municipal.

Entonces, no pudieron cobrar nada por otros 96 locales que tenían en régimen de alquiler ni por otras sedes a nombre de personas o asociaciones vinculadas a la formación, principalmente en Bizkaia y Gipuzkoa, pero también en Iruñea y Gasteiz. Con la revisión legislativa se reconocieron los arrendamientos del cerca del centenar de sedes, aunque luego el PSOE se encargó de que no cobrasen nada.

En una comparecencia pública en noviembre del año pasado, el ex secretario general de EAE-ANV, Antxon Gómez, criticó la postura del PSOE, con quien compartieron responsabilidades en el Gobierno de José Antonio Agirre y de la República, asegurando que lo que estaba en juego no era el dinero, «sino la dignidad». Resaltó que con el dinero no se puede compensar el daño producido por el franquismo, aunque calificó de «muy grave» que incluso se excluyese a esta formación histórica de la izquierda abertzale «de las migajas del reparto».

A la espera de la sentencia de la Sala del 61 del Supremo español, habrá poco que liquidar del patrimonio. El 8 de febrero de 2008, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretó la suspensión de actividades por tres años y la clausura de sedes y locales, ninguno propiedad del partido. Kepa Bereziartua explica que la Eusko Etxea de Portugalete, emplazada en la calle Santa María y cerrada el 6 de mayo por la Policía española, estaba arrendada. Su propietario ya se ha dirigido al magistrado español para que le permita desprecintar el establecimiento y ponerlo en alquiler.

En Barakaldo, disponían de otra Eusko Etxea pero, al igual que la de la localidad jarrillera, no es de su propiedad, sino un local cedido a esta formación con 78 años de vida. A los veteranos militantes ekintzales lo que están viviendo ahora y lo que vivirán en las próximas semanas les remontará al pasado más negro, a los tiempos de la persecución salvaje a sus siglas y de la indiferencia de quienes nunca gustó su apuesta política.