El balance elaborado por el gobierno de Cuba tras el paso de los huracanes Ike y Gustav da cuenta de una devastación sin precedente en la economía y la infraestructura de la isla. (...)

La situación, por sí misma catastrófica, se agrava aún más como consecuencia del bloqueo económico, comercial y financiero que el gobierno de Estados Unidos mantiene contra la isla desde hace más de cuatro décadas. A pesar de las presiones de la opinión pública internacional, Washington ha desoído la solicitud de La Habana en el sentido de levantar el embargo económico al menos durante seis meses, y se ha limitado a dar ayuda humanitaria en especie, equivalente a cinco millones de dólares, ofrecimiento que constituye una verdadera burla ante las acuciantes necesidades actuales que enfrenta el pueblo cubano. En la hora presente, los isleños no piden limosna, sino que se les permita adquirir, en los términos crediticios normales del comercio mundial, en los mercados estadunidense e internacional, los abastos e insumos que requieren (...). Pero la persistencia del embargo impide que las empresas estadunidenses vendan a Cuba la comida que su población necesita con urgencia, así como materiales de construcción, indispensables para la reparación de las viviendas afectadas y de la infraestructura eléctrica; criminaliza y persigue a las compañías extranjeras que realizan negocios con la isla, con independiencia del país que tengan como sede, y restringe los montos que los cubanos residentes en Estados Unidos pueden enviar a sus familiares.

Aparte de la postura que se tenga ante el régimen cubano, no puede pasarse por alto que el mencionado bloqueo económico estadunidense ha representado, durante todo este tiempo, un castigo injusto, ilegal y estéril contra el conjunto de la población de la isla. (...)

En suma, el bloqueo comercial y financiero que la Casa Blanca ha mantenido contra Cuba desde principios de los años 60 del siglo pasado resulta, además de obsoleto, doblemente criminal. (...)