Se declara contento el presidente del Gobierno porque, en aplicación de las últimas sentencias judiciales ilegalizadoras, dejará de haber miembros de la izquierda abertzale que estén presentes en las instituciones «representando a siglas» (sic) inaceptables. En este caso me coinciden la objeción jurídica y la política.

Objeción jurídica: las actas que reciben los electos les son otorgadas a título personal, con independencia del partido al que pertenezcan (si es que pertenecen a alguno), de modo que su cargo no depende de la situación legal de ninguna organización política. Precisamente por eso pueden cambiar de bando o crear el suyo propio y seguir ocupando su escaño. Ilegalizados ANV y el PCTV-EHAK, quienes resultaron elegidos en sus listas seguirán ocupando sus cargos hasta la convocatoria de nuevas elecciones.

Objeción política: los electos no representan a siglas, sino a votantes. Los partidarios de la izquierda abertzale no asientan sus reales en un buen puñado de ayuntamientos de Euskal Herria y en el Parlamento de Vitoria porque tal o cual sigla esté inscrita en el registro del Ministerio del Interior, sino porque decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos vascos los han respaldado con sus votos.

Y ahí está el fondo de la cuestión. Lo que el Estado español está haciendo a través de todos sus poderes, incluido el cuarto, no es sólo prohibir siglas, sino también tratar por todos los medios de dejar sin representación política a una parte de la sociedad vasca (cada vez más difícil de cuantificar, precisamente por las prohibiciones). ¿Qué demócrata puede felicitarse por haber contribuido a tapar la boca al 10%, al 12% o al 15% de una sociedad? (...)

El generalísimo Franco sacó un decreto por el que prohibió la lucha de clases. Como no le gustaba que existiera, decidió encarcelarla. Su actitud parece que no deja de hacer prosélitos. Siguen siendo muchos los que se empeñan en cambiar la vida por decreto.

Una curiosidad: a veces lo consiguen.