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El Tribunal Supremo anula los convenios entre el Gobierno de Lakua y los ayuntamientos de Trebiņu

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Los ayuntamientos de Trebiñu y Argantzun firmaron en 2002 varios convenios de colaboración con Lakua al objeto de normalizar una situación irregular, como era la prestación de varios servicios -educación, sanidad...- por parte de las instituciones vascas a los ciudadanos del enclave.

Estos convenios fueron suscritos de forma transitoria, en cuanto no cambiara la situación administrativa de ambos consistorios, cuyos representantes y vecinos se han posicionado repetidamente en favor de su integración en Araba.

Sin embargo, tras estos acuerdos, la Junta de Castilla y León y la Subdelegación del Gobierno español interpusieron sendos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a fin de anular dichos convenios, algo que este tribunal realizó.

Ante este fallo judicial, el Ayuntamiento de Trebiñu, por unanimidad, tomó la decisión de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Ahora, después de varios años de espera, manteniendo la situación irregular de colaboración entre el Gobierno de Lakua y los habitantes del enclave «sustentada en la voluntad y cimientos de lodo», el Supremo ha decidido.

Según informaron ayer en nota de prensa desde la Agrupación Electoral Independiente Condado de Treviño, el Alto Tribunal español, «una vez más», ha fallado «en contra de la voluntad y las necesidades de los treviñeses poniendo en evidencia, como en tantas otras ocasiones, la constante precariedad en la que viven los habitantes de este enclave».

Desde la agrupación electoral denuncian que, ante este hecho, el actual gobierno municipal en el Ayuntamiento de Trebiñu, con el PP a la cabeza, se mantiene en silencio y no informa a los ciudadanos a pesar de que este partido votó a favor de mantener los convenios.

Desde la agrupación llaman la atención de que, con este nuevo fallo judicial, los convenios para la prestación de servicios de educación, desarrollo rural y cultura han quedado «definitivamente anulados». «La ejecución de la sentencia impediría al Ejecutivo vasco mantener la situación actual», explican.

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