Michel Berhokoirigoin, su su presidente había sido citado bajo la acusación de «suplantación de una institución oficial» pero más allá de envoltorios jurídicos, las declaraciones realizadas por unos y otros coinciden con dicha apreciación.

Bien es cierto que la misión primera de EHLG es responder a los retos a los que se enfrenta el sector agrícola de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa y avanzar en la consolidación de un tipo de producción sostenible y respetuosa con el entorno y sus habitantes, pero no lo es menos que la vía conscientemente elegida tras muchos años de reivindicación insatisfecha, es decir, la de crear una cámara agraria ad hoc es un hecho difícil de digerir por una République tan centralista y tan celosa de su unidad como lo puede ser el Reino de España.

Más difícil aún, -ya lo subrayaba el propio Berhokoirigoin- cuando comprueba que el camino recorrido desde hace tres años y medio está afianzando la estructura, avalando su capacidad y ganando cada vez más adeptos entre los propios agricultores y también en amplios sectores de la sociedad de Ipar Euskal Herria. En una palabra, Euskal Herriko Laborantza Ganbera (EHLG) está, poco a poco, logrando su objetivo de convertirse en la institución agrícola que necesitan los tres herrialdes.

Referente institucional

Eso, por supuesto, es inaceptable para el Estado francés. Así lo entiende el dirigente de Batasuna Xabi Larralde: «No tengo duda de que se trata de un problema político. Gracias a su trabajo de calidad, EHLG se está convirtiendo de facto en un referente institucional para los agricultores y el Estado no está dispuesto a perder su monopolio en el campo institucional. Es sabedor de que este asunto adquiere una dimensión política importantísima en un contexto en el que se niega a Euskal Herria cualquier tipo de institucionalización propia. EHLG es el esqueje de una institución y la pretensión de París es cortarlo de cuajo».

El concejal biarrota de AB, Jakes Abeberry, afirmaba ante el Palacio de Justicia que aunque públicamente el Estado disimule su proceder con motivos jurídico-administrativos como el que la denominación de EHLG puede dar lugar a confusión con la Cámara Agraria Departamental de Pau «en el fondo está claro que se trata de una oposición al enfoque político que impregna la acción de Laborantza Ganbera, a saber otro tipo de agricultura y otro tipo de sociedad. El Estado quiere parar todo eso. Me recuerda a lo sucedido hace 30 años con las ikastolas».

Sin ser tan tajantes, otros representantes políticos también reconocían en la concentración del jueves que en el fondo subyace un componente político obvio. Jean Lissar, electo verde en el Consejo de Aquitania, por ejemplo, no llegaba a comprender la actuación estatal, máxime cuando la institución regional de la que es vicepresidente otorga subvenciones a EHLG. «Da a pensar que tras todo esto hay una razón política», decía.

Su homóloga socialista en la misma institución, Sylviane Alaux que estimaba su presencia «normal» en tanto en cuanto ella misma es miembro de EHLG y que deploraba la aceleración repentina del caso en los tribunales cuando el caso llevaba congelado tanto tiempo, respondía, comedida, que «se puede imaginar de todo» a la pregunta de si percibía un fondo político en la convocatoria del tribunal.

Por su lado, Eneritz Otamendi, coordinadora de EHNE de Gipuzkoa que también había acudido a secundar EHLG, asemejaba la situación a lo que viene sucediendo en Hego Euskal Herria: «La negación es la pauta en ambos Estados. Todo lo que no sea de su gusto hay que atajarlo. Es desmedido e incomprensible que se pretenda cercenar así el trabajo que está realizando Laborantza Ganbera en pro de una agricultura sostenible y de calidad».

Aportación «extraordinaria»

Amaia Muñoa de la ejecutiva de ELA que había venido acompañada de una veintena de compañeros del sindicato, calificaba de «extraordinaria la aportación que está haciendo de EHLG al agro de Ipar Euskal Herria» y criticaba sin ambages el embate judicial en su contra situándolo en «un intento de destruir un proyecto abertzale».

Para Amaia Fontang de LAB, no se trata «para nada» de un asunto jurídico: «París no soporta que EHLG quiera instaurar aquí otro modelo de agricultura y de sociedad».

Aunque seguramente con sus matices, las cerca de trescientas personas concentradas ante el Palacio de Justicia bayonés corroboraban con su presencia que, efectivamente, el objetivo de la demanda del prefecto y de la reactivación judicial de la misma es dejar bien claro quién es realmente el único titular de las competencias institucionales también en materia de agricultura.

Un poderío que el Estado no está dispuesto ni a compartir, ni a delegar a otra estructura cuyo origen está, precisamente, en la falta de respuestas adecuadas de «su» Cámara Agraria a las necesidades de la agricultura vasca. ¿Recuerdan aquello del perro del hortelano...?