Más de un millar de manifestantes recorrieron ayer tarde las calles de Donibane Garazi, justo al año de la operación policial que tuvo como resultado la detención de varias personas en Nafarroa Beherea y Lapurdi, cuatro de las cuáles -Cédric Garai, Pantxo Flores, Mizel Barnetxe y Xabier Perez Susperregi- se encuentran aún en prisión. Una quinta -Joan Bidart- se encuentra en libertad condicional tras haber intentado suicidarse.

Antes de comenzar el recorrido, dos portavoces de Askatasuna procediron a leer un comunicado en el que recordaban que los detenidos en la operación siguen «incomprensiblemente» en prisión ya que el único argumento es «la simple y retorcida declaración de un testigo».

Se reafirmaron en que no «existe ninguna prueba» y en que los jueces de París «saben perfectamente que los encarcelados no tienen nada que ver» con el asunto de los atentados contra el restaurante Ducasse.

Los dos miembros del organismo antirrepresivo manifestaron que «todos estos montajes son posibles gracias a las leyes antiterroristas», y advirtieron que «aunque haya aún gente que se niega a creerlo, dichas leyes posibilitan que cualquier ciudadano pueda ser detenido y encarcelado».

«Montajes»

El objetivo perseguido por el Estado es, según Askatasuna, «desbaratar cualquier dinámica que moleste al poder» y, en este caso en concreto, se «atacó a un centro abertzale, como es Kalaka». Evocaron, asimismo, «los montajes contra Batasuna y EHAK» que han acarreado el cierre de decenas de cuentas de militantes, de sus familiares y de varias asociaciones, y resaltaron que Zigor Goieaskoetxea y Jon Goio «corren el riesgo de ser entregados a la Justicia española y encarcelados por su compromiso político».

Los portavoces también mencionaron las ilegalizaciones de EAE-ANV y EHAK, así como la del organismo al que pertenecen, decretadas esta semana por los tribunales españoles, y afirmaron que París «está aplicando la misma política aunque, eso sí, a su manera, sin ilegalizaciones pero obstaculizando la labor militante y empujando a los militantes a la ilegalidad; sin torturar, pero destruyendo a las personas mediante el aislamiento y un trato inhumano».

Declararon con firmeza que la actuación del Estado francés, que se «vanagloria por el mundo de ser el defensor de los derechos y libertades, es absolutamente vergonzosa».

En nombre de Etxerat, las madres de los presos David Gramont y Didier Agerre, denunciaron las condiciones carcelarias, el peso de la dispersión y los obstáculos para las visitas antes de reiterarse en que «nunca aceptarán la conculcación de los derechos de sus familiares».

Hicieron un llamamiento a movilizarse y a no aceptar ese estado de cosas.

La manifestación concluyó con una sentada de unos 15 minutos en la calle principal de la capital bajonavarra.