El Tribunal Supremo del Reino de España acaba de declarar ilegal a EAE-ANV. Avatares de la historia, y de la memoria, no es la primera vez que ser abertzale y criminal constituyen una misma realidad: la Ley de Responsabilidades políticas, de 9 de febrero de 1939, ya había criminalizado a ese partido comprometido en la lucha contra el fascismo y la dictadura franquista.

EAE-ANV no es el primer partido en ser ilegalizado. Antes lo han sido Batasuna, EH o HB, y ahora también EHAK-PCTV. Tampoco serán los últimos. Como en aquella ley promulgada por el dictador, se considera atenuante el hecho de alinearse públicamente con los que se posicionan de una determinada forma -y sólo de esa forma- contra la violencia de ETA (es decir, algo íntimamente relacionado con el ámbito del pensamiento y las ideas, y su expresión política).

A partir de ahora, el término «abertzale» se ha visto reducido a una sola variante: la de sujeto abertzale compatible con la Constitución española - una contradicción que da sentido y presta servicio a un proyecto meramente autonomista-. Abertzale sería así algo genérico y absorbible a conveniencia del orden político vigente. Y es que no existe posibilidad de hacer política fuera de la Constitución. De hecho, el veto a la consulta es una expresión más de que el actual marco jurídico político no ofrece otra alternativa que la criminalización, en mayor o menor grado, y siempre en función de la dinámica del mercado (y mercadeo) electoral.

El poder de intimidación que la criminalización de las ideas produce llega a ser insoportable, como irrespirable es la atmósfera política de los últimos meses, gracias a los discursos que construyen y simultáneamente estigmatizan a una parte de la población: la que originariamente rechazó la constitución y se mantiene en sus postulados, así como sus herederos y herederas políticas.

Las ilegalizaciones han sido modeladas y avaladas por la Constitución y sus valedores políticos. Las ilegalizaciones constituyen una nueva fórmula de opresión -una más de las múltiples ensayadas en Euskal Herria-, a través de procedimientos judiciales socialmente discriminantes. Las ilegalizaciones suponen una exclusión de los derechos civiles y políticos. La igualdad de trato es un mecanismo jurídico de realización de una igualdad formal, un instrumento que ha prevalecido en todos los grandes instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos. La criminalización de las ideologías no inscritas en el sistema constitucional español son una práctica excluyente y discriminatoria hacia las y los outsiders, que son privados de la ciudadanía social y política. Hace falta recordar aquí que la ciudadanía conlleva el reconocimiento formal de los derechos: su goce y ejercicio efectivo.

Las ilegalizaciones participan plena y directamente de las dinámicas del conflicto político. Anathema sit! (¡sea anatema!) era la expresión latina adoptada en el concilio de Trento para condenar la herejía. Lo mismo que la sentencia del Tribunal Supremo.