Los atentados de los últimos días han mostrado un conflicto en términos trágicos, especialmente el de ayer, con resultado de muerte para una persona, pero reales. Son hechos que evidencian una realidad lamentable, como lo es la propia existencia del conflicto, la cual no desaparece con el argumento banal de la supuesta debilidad de ETA, empleado tanto ante la ausencia de atentados como cuando la organización armada los lleva a cabo.

Ayer todos los grupos del Congreso de los Diputados español aprobaron una declaración de condena de los atentados, lo cual no es ninguna novedad. Pero llama la atención que todos los grupos sin excepción suscriban la voluntad de combatir a ETA «hasta derrotarla definitivamente a través de la fuerza exclusiva del Estado de Derecho» o el reconocimiento «a las Fuerzas Armadas que constituyen una de las instituciones esenciales al servicio de nuestra democracia», máxime cuando varios de esos grupos dicen apostar por la vía del diálogo y cuestionan el proceder de esas instituciones en lo referido al conflicto político. Son legítimas las expresiones de condena, al igual que otras en términos diversos. Sin embargo, no parece mínimamente coherente que ello obligue a ciertas fuerzas a asumir incondicionalmente las posiciones, sean éstas cuales sean, de sus adversarios políticos. En esta ocasión, además, y como novedad, incluida la frase introducida en el texto por PSOE y PP que asegura que los firmantes creen «en la libertad y en la democracia consagradas en la Constitución Española». Difícilmente se comprende la obligación de suscribirla de quienes dicen no profesar dicha creencia, máxime cuando no tiene absolutamente nada que ver con la manifestación del rechazo de un atentado.

Esa actitud no parece apostar por el empeño y el compromiso de abordar el conflicto político y su dimensión armada en los términos de solución democrática, de diálogo y negociación propugnados por varias de las fuerzas firmantes de esa declaración y defendidas por la mayoría de los ciudadanos vascos.