La Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, una de las fundadoras de BBK, construyó en 1975 la residencia Reina de la Paz en el barrio bilbaino de Ibarrekolanda. Desde hace 33 largos años, todas las personas que han pasado por ella lo han hecho firmando un contrato que les autorizaba a residir en ella de forma indefinida. Hasta ahí, todo bien.

El problema llegó cuando hace tres meses la entidad de ahorro vizcaina anunció su intención de derribar el centro aduciendo que no cumple con la normativa del Ejecutivo de Lakua referente a los servicios sociales residenciales para las personas mayores.

La caja lanzó entre junio y julio dos planes diferentes en los que contemplaba la demolición de la residencia Reina de la Paz. Además, mostró la intención de reubicar a todas las personas mayores en un plazo de 20 días en dos centros elegidos por la entidad.

BBK presentó a los residentes un nuevo contrato, que supliría al actual y acarrearía una pérdida notable de derechos, según quienes se oponen a esta operación. A día de hoy, explican, el contrato les otorga el derecho a vivir en el centro de forma indefinida. En el nuevo, se recoge textualmente que toda persona que necesite ser asistida física o síquica durante el tiempo que duren las obras, no podrá regresar a Reina de la Paz.

Con el fin de garantizar que los derechos básicos de estas personas mayores fueran respetados, se creó el 8 de julio la asociación Oihanka Pro-Residentes.

Reivindicaciones

Desde el momento de su fundación, el colectivo ha denunciado tanto los proyectos como el trato dispensado por la entidad de ahorro a los residentes con el fin de que suscribieran el nuevo contrato y accedieran a abandonar Reina de la Paz.

Oihanka ha sido uno de los agentes que ha recordado que BBK empleó los mismos argumentos para cerrar el sanatorio de Plentzia, que actualmente se encuentra en ruinas. Subrayan que resulta llamativo que se presente un proyecto para construir un nuevo centro, cuando en su Plan Estratégico para la Obra Social de 2008/2010 cita que «la construcción y gestión de residencias de tercera edad con fórmulas de economía social se desestima definitivamente».

Inciden, por tanto, en que si no hay proyectos para la construcción de residencias, difícilmente Bilbao Bizkaia Kutxa podrá cumplir su palabra y le resultará verdaderamente «más costoso» explicar las razones por las que quiere desalojar a los ancianos.

Ante esta situación, Oihanka acusa a la dirección de BBK de haber dejado pasar voluntariamente el plazo para ajustarse a la normativa y sus correspondientes prórrogas con el fin de ser obligada a cerrar la residencia y así poder derribarla. Para evitarlo, esta asociación propuso una solución que pasa por la remodelación por plantas del inmueble. La caja alega que esta salida es «inviable», pero los datos no le apoyan. «Se han visto remodelaciones de este tipo en varios edificios sin que se haya interrumpido su actividad», aseguran desde Oihanka.

La agrupación de afectados subraya el impacto negativo que tendría sobre los residentes el ser trasladados a los dos centros ofertados por BBK -Gurena, en Loiu; e Igurko, en Unbe- al encontrarse en zonas residenciales y con escaso transporte público.

Por ello, residentes y familiares se han echado a las calles en numerosas ocasiones para denunciar públicamente la actitud de la entidad que preside Xabier de Irala y la presión a la que les somete para que firmen el nuevo contrato. También han trasladado sus reclamaciones ante la clase política y, según denuncian, el único partido que les desoye es el que más representación tiene en los órganos de decisión de BBK; es decir, el PNV. Mientras, desde Oihanka aseguran que seguirán luchando por sus derechos.