El secretario general de la CSI (Confederación Sindical Internacional), Guy Ryder, explicó que la jornada mundial reivindicará en cien países la generalización del trabajo decente, el fin de la precariedad laboral y de la economía sumergida, que contribuyen a incrementar la siniestralidad laboral. Otro objetivo reclama la adopción de medidas necesarias para que en 2015 se logre reducir la pobreza en el mundo, puesto que 487 millones de personas, un 16,4% de los trabajadores, están «atrapados» en la pobreza extrema con ingresos diarios inferiores a un dólar, pero otras 1.300 personas, un 43,5% de la fuerza laboral, vive «por debajo del umbral de los dos dólares diarios». También será una llamada de atención a la Unión Europea para que dé marcha atrás y retire la propuesta de trabajar 65 horas a la semana, que nos retrotrae hasta el siglo XIX. ELA realizará una jornada con sus delegados y después acudirá en manifestación hasta la sede de Confebask. CCOO y UGT se manifestarán en las capitales vascas y CGT anunció que se suma a las protestas.

En los países en vías de desarrollo, las condiciones de trabajo son pésimas y los abusos son frecuentes, pero en los países más desarrollados económicamente también se producen fuertes injusticias sociales, laborales y económicas. Según los datos oficiales, del Centro de Documentación y Estudios (SIIS) la economía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, que, a juicio del lehendakari Juan José Ibarretxe, se encuentra a la cabeza del PIB europeo, la tasa de pobreza alcanza al 11,72% de los hogares y en Nafarroa, al 16,17%.

La temporalidad en Hego Euskal Herria duplica a la existente en la media de los países europeos. Este hecho genera que la precariedad laboral no se reduzca con el tiempo, sino que está creciendo. Los datos del Inem sobre contratación laboral muestran que desde 2004 a setiembre de 2008, en ese período de nueve meses, se han firmado en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa un contrato fijo por cada 6.320 temporales. La tasa de contratación temporal no ha bajado en este periodo del 90%, a pesar de que en 2006 entró en vigor la nueva reforma laboral que otorgó cuantiosas ayudas a los empresarios para convertir empleo temporal en fijo, aunque no ha servido de mucho.

En esos cinco últimos años -hasta julio- se han destruido 14.560 puestos de trabajo en el conjunto del mercado laboral vasco. El desempleo ha iniciado la senda de crecimiento y en las empresas de Hego Euskal Herria están aumentando las horas extraordinarias oficiales.

El año pasado se cerró con algo más de cuatro millones de horas extraordinarias, lo que se acercó al nivel de 2004. Pero si se compara el primer semestre de 2008 con el de 2007, las horas extras han aumentado en un 66,76%, al pasar de 1,6 millones a algo más de 2 millones. Los cálculos oficiales indican que por cada hora extraordinaria oficial hay entre tres y cuatro no oficiales, que se ocultan para evitar el pago de cotizaciones por las mismas. Con lo que, si las tenemos en cuenta, el número de empleos fijos que no se han creado asciende al entorno de los 10.000 puestos, lejos de las cifras del fin de la última década del siglo pasado, pero en las empresas vascas se está iniciando un camino similar. Por otro lado, para completar la radiografía del mercado laboral vasco hay que explicar que se está produciendo una doble escala salarial en muchas empresas, que los trabajadores temporales perciben un salario un 40% inferior que los fijos y que las mujeres logran sueldos inferiores en un 35%. De hecho, los últimos datos indican que más del 95% de los contratados temporales no rebasa los mil euros al mes, pero un 75% no pasa de los 800 euros.

Economía sumergida

Mañana, por otro lado, el Parlamento Europeo estudiará una iniciativa para actuar contra «el trabajo no declarado». Según los datos oficiales, representa el 20% del PIB, por lo que los trabajadores se encuentran sin derechos y sometidos a la precariedad más directa. Guy Ryder recuerda que «el trabajo decente es un concepto acuñado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en 1999», y se refiere a un trabajo desempeñado en un marco político y laboral «en donde se respetan los principios y derechos fundamentales del trabajo, como se determinó en otra declaración de la OIT en 1998».

Del trabajo, según la CSI, se tiene que percibir «un salario que permita al trabajador y su familia vivir con dignidad y con acceso a unas prestaciones sociales básicas». Ryder afirma que «necesariamente debe ser un trabajo declarado, fuera del agujero de la economía sumergida». Insiste en que «los derechos y principios de la declaración de 1998 son los fundamentos mínimos e irrenunciables del derecho laboral internacional: libertad de asociación sindical, derecho de huelga y de negociación colectiva, prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzoso y de la discriminación laboral en razón del sexo, la raza o cualquier otra característica del ser humano».

En el Estado español los objetivos se extienden también a la reducción de la elevada siniestralidad laboral, la eliminación del trabajo precario y «la erradicación de la economía sumergida, donde se concentran los mayores niveles de sobreexplotación».

El secretario general de la CSI señaló ayer mismo que «los trabajadores están exasperados ante las políticas que han propiciado el enriquecimiento excesivo de una pequeña minoría que se ha beneficiado de la escasa o inexistente reglamentación de los mercados financieros, mientras que los que fabrican los productos y prestan los servicios en la economía real han ido asistiendo al estancamiento o la caída de sus salarios», por lo que exigió «la transformación fundamental de la globalización y el fin de las políticas del neoliberalismo de libre mercado que nos han llevado al borde de una recesión mundial que podría tener repercusiones catastróficas. Este es el momento para el cambio», declaró el Secretario General de la CSI, Guy Ryder.