El juicio contra cinco dirigentes de Batasuna, dos del PSE y el lehendakari Juan José Ibarretxe comenzará el próximo 8 de enero. Este nuevo dato volcó ayer todo el caudal informativo hacia el encausamiento del lehendakari y los dos líderes del PSE, pasando de puntillas sobre parte sustancial del asunto: que en el proceso éstos disfrutan de un papel jurídicamente secundario como «colaboradores necesarios» (aunque el cómputo de petición de condenas incremente el peso específico del lehendakari), y que son los militantes abertzales los principales acusados por un delito de «desobediencia» que tiene su origen último en la Ley de Partidos. Arnaldo Otegi, Pernando Barrena, Juan José Petrikorena, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia son quienes podrían afrontar las consecuencias penales más graves, como verdaderos sujetos de un sainete judicial que excede el absurdo al reclamar cárcel por el mero hecho de sentarse a dialogar.

Pero en el fondo de este peculiar tratamiento informativo reposa una realidad incontestable: el procesamiento y la persecución de la acción social y política de la izquierda abertzale, por comunes y cotidianos, no son noticia en Euskal Herria. Como tampoco lo sería la criminalización del diálogo político si no fuera porque algunos de los actores son, en este caso, fulgurantes estrellas del establishment ejecutivo de Gasteiz.