El Gobierno de Juan José Ibarretxe aprobó en el año 2002 un acuerdo en el que rechazaba el requerimiento del delegado del Gobierno español, entonces en manos del PP, para que los ertzainas juraran o prometieran la Constitución española. Lakua alegó que este acatamiento va «implícito» en el acceso a la condición de funcionario policial. Ahora, el Supremo español ha declarado nulo ese acuerdo adoptado el 1 de octubre.

El Alto Tribunal español sostiene que la Ley Orgánica 2/1986 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado impone que todos los policías del Estado deberán jurar o prometer la Constitución, y recuerda a Lakua que esa obligación es aplicable también en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Respecto a la alegación del Gobierno de Ibarretxe, responde que «difícilmente puede entenderse cumplida dicha exigencia de manera implícita por el acceso a la condición de ertzaina cuando la Ley exige un acto de acatamiento de cada miembro».

Requerimiento de Villar

En su requerimiento, presentado el 28 de junio de 2002, el entonces delegado del Gobierno español en Gasteiz, Enrique Villar, denunciaba que en ninguna de las promociones que se ha- bían incorporado a la Ertzaintza desde su fundación se había producido juramento o promesa de la Constitución española.

El rechazo a este requerimiento por parte de Lakua dio lugar a un recurso ante los tribunales, de la Abogacía del Estado.