El juicio al diálogo político ya tiene fecha: 8 de enero de 2009. Ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco deberán comparecer ese día los dirigentes de la izquierda abertzale Olatz Dañobeitia, Rufi Etxeberria, Juan Joxe Petrikorena, Pernando Barrena y Arnaldo Otegi; el candidato a lehendakari por el PSE, Patxi López, y el portavoz y secretario de Organización de este partido, Rodolfo Ares; y el lehendakari, Juan José Ibarretxe. Su delito, haber mantenido reuniones políticas para tratar de buscar soluciones al conflicto que vive Euskal Herria.

Como testigos deberán declarar el actual presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y su antecesor, José María Aznar. También están llamados sus ministros de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y Jaime Mayor Oreja. Bajo el mandato de todos ellos, y en dos periodos diferentes, delegaciones gubernamentales y de PSOE y PP se entrevistaron tanto con ETA como con Batasuna, sin que de ello se dedujeran consecuencias penales.

También ofrecerán su testimonio expertos en la resolución de conflictos y mediadores internacionales, como Alec Reid, Federico Mayor Zaragoza, Mateo Zuppi, Alfredo Pérez Esquivel y Viçens Fisas.

Además, han sido llamados a comparecer como testigos diversos dirigentes políticos vascos de prácticamente todo el arco parlamentario.

La representación institucional de uno de los acusados -lehendakari- y la relevancia política del resto, confieren a este juicio un marcado carácter político, que se acentúa al observar el listado de los testigos.

También son políticas las acusaciones: Foro Ermua y Dignidad y Justicia, asociaciones de marcado carácter antinacionalista vasco y que en los últimos años han derivado hacia posiciones muy cercanas a los sectores más ultraderechistas del PP.

Llamativo resulta que el TSJPV haya mantenido viva la causa a pesar de que incluso la Fiscalía solicitara el sobreseimiento de la causa y su archivo.

Los «delitos»

Las acusaciones consideran que los miembros de la izquierda abertzale acusados han incurrido en un delito de desobediencia, mientras que el resto serían cooperadores necesarios.

El Foro Ermua detalla hasta cuatro reuniones que considera delictivas. Tres entre delegaciones de la izquierda abertzale y el lehendakari, los días 19 de abril de 2006, 22 de enero de 2007 y otra entre el 30 de diciembre de 2006 y el 22 de enero de 2007. La cuarta, el 6 de julio de 2006 entre una delegación independentista y otra del PSE.

La petición de penas

Para Arnaldo Otegi, el Foro Ermua pide un año de prisión por cada delito, lo que suman 4 años de cárcel. Dignidad y Justicia, que ha contabilizado una reunión menos, pide 3 años.

Para Rufi Etxeberria las dos acusaciones demandan dos años de prisión. Mientras que para Juan Joxé Petrikorena, el Foro Ermua pide 2 años de cárcel (lo sitúa también en la reunión con el PSE a la que no acudió) y Dignidad y Justicia, un año de prisión.

Ambas acusaciones piden un año de cárcel para Pernando Barrena y Olatz Dañobeitia.

Para Juan José Ibarretxe, el Foro Ermua pide nueve meses de prisión por el primer delito y un año por cada uno de los restantes, lo que suma la demanda de dos años y nueve meses de cárcel. En el caso de Dignidad y Justicia la petición es de dos años de prisión.

En el caso de los dirigentes del PSE, Patxi López y Rodolfo Ares, Dignidad y Justicia pide un año de prisión para cada uno, que el Foro Ermua rebaja a nueve meses.

En todos los casos se exige la pena de inhabilitación especial para ejercer un cargo público o poder presentarse a las elecciones por el mismo tiempo que durasen las penas de cárcel a las que sean condenados.

El tribunal que juzgará a todos ellos, tras un largo periodo de recusaciones cruzadas, estará finamente compuesto por José Antonio Subinas, Juan Carlos Benito-Bruton y Manuel Díaz de Rabago. La vista oral está fijada únicamente para el día 8 de enero, aunque podría alargarse más. Fuentes jurídicas consultadas por este diario señalan que lo más probable es que las cuestiones previas ocupen ya toda la mañana y que no es factible que todos los testigos puedan declarar esa misma tarde, aunque los cargos públicos tengan la posibilidad de hacer por escrito o en sus despachos.