El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional española, Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a forzar la detención de dos jóvenes navarros por la Guardia Civil, tras negarse el juez a fijar una fecha para su toma de declaración. Mikel Jiménez y Aritz Azkona, que comunicaron en varias ocasiones al juez su disposición a acudir al tribunal especial por encontrarse en busca y captura tras el intento de arresto en su contra a finales de agosto, fueron detenidos a primera hora de la mañana de ayer por agentes de paisano de la Guardia Civil en las mismas escalinatas de la Audiencia Nacional española. Ambos fueron conducidos a la comandancia central de Tres Cantos, en Madrid, y se espera que comparezcan el lunes ante Grande-Marlaska.

Jiménez y Azkona quedaron en manos de la Guardia Civil -no estaban incomunicados- desde que, precisamente, intentaban acceder a la sede del tribunal especial español para comparecer ante el propio Grande-Marlaska.

El magistrado vizcaino impuso una orden de búsqueda y captura contra estos dos jóvenes, y de un tercero, después de que los guardias civiles que irrumpieron en sus domicilios a finales de agosto no consiguiesen encontrarlos y, por consiguiente, arrestarlos. La Guardia Civil intentó detenerlos en el primero de la cadena de operativos policiales que han venido sucediéndose en Nafarroa desde agosto hasta la fecha.

Hace exactamente una semana, GARA ya informó de que Grande-Marlaska decidió no levantar la orden de detención que fijó contra tres jóvenes navarros, entre ellos los ahora detenidos, a pesar de que estos le mostraron en reiteradas ocasiones su disposición a comparecer ante el juez pero sin tener que pasar por el periodo de incomunicación en manos de las FSE.

Llamada a los familiares

La respuesta del magistrado fue su negativa a levantar la orden de detención; sólo indicó que podrían acudir al tribunal sin que para ello fijase una fecha concreta.

Según el artículo 400 de la Ley española de Enjuiciamiento Criminal, «el procesado podrá declarar cuantas veces quisiere, y el juez recibirá inmediatamente la declaración si tuviere relación con la causa». Varios abogados vascos ya han venido denunciando el incumplimiento de este artículo por parte de Grande-Marlaska, en base a lo que ocurrió en diciembre de 2007 con una quincena de jóvenes donostiarras que fueron arrestados también en las escalinatas de la Audiencia Nacional, y en julio de este año con otra decena de jóvenes de Oarsoaldea que fueron detenidos cuando intentaban comparecer en el Juzgado de Donostia.

Jokin Azkona, el padre de Aritz Azkona, informó a GARA de que la Guardia Civil contactó con él sobre las 17.40 para darle cuenta de la detención comunicada de su hijo. Al preguntar cuándo pasarán a disposición judicial, el agente del instituto militar se limitó a responder que «eso es cosa del [juez] instructor».

Por su parte, la defensa de los dos jóvenes señaló a este diario que está previsto que el lunes comparezcan ante el juez. Apuntó, además, que por la mañana ya realizaron la solicitud para que los dos sean visitados por un médico de confianza, a lo que no obtuvieron respuesta, y que la Guardia Civil también contactó con ella para que, en caso de realizar una declaración policial, estuviese presente en el cuartel.

Ibai Azkona, hermano de Aritz, se encuentra encarcelado desde que en setiembre fuese arrestado también en otro episodio de los últimos operativos policiales. La familia informó de que Ibai fue trasladado ayer mismo desde la cárcel de Soto del Real a la también madrileña prisión de Aranjuez. La dirección carcelaria de Aranjuez lo envió al módulo de aislamiento, después de llegar en torno a las tres de la madrugada. Además, los carceleros han negado a los padres poder realizar la pertinente visita durante este fin de semana. Mientras, su otro hijo permanece detenido en dependencias de la Guardia Civil.

Se da la circunstancia de que tanto Azkona como Jiménez, junto a otras tres personas más, han sido señalados desde el instituto militar como personas que se habrían incorporado a ETA y que estarían conformando un comando para atentar en Nafarroa. La «noticia» saltó a finales de setiembre, y en ella no se aportaba más dato que el hecho de que no se encontraban en sus domicilios. Fueron muchos los medios que publicaron sus fotografías y reprodujeron la versión policial.

A las reacciones desde el ámbito político ante estas operaciones, se sumó el jueves el presidente de Eusko Alkartasuna en Nafarroa, Maiorga Ramírez, quien denunció que se incomunicara a los detenidos y recordó las continuas denuncias de torturas.

También Aralar reclamó ayer la derogación del periodo de incomunicación. Además, se sumó a la manifestación que esta tarde, a las 18.00, partirá del Bulevar de Iturrama para denunciar los últimos operativos.

Esta formación política también exigió tanto al Gobierno de Miguel Sanz como al de José Luis Rodríguez Zapatero que «se instalen cámaras en todas las comisarías para garantizar el respeto de todos los derechos de las personas detenidas y erradicar cualquier posibilidad de tortura».