Rosa Binimelis es licenciada en Ciencias Ambientales y presentó en Iruñea su estudio «Coexistencia entre plantas... ¿coexistencia entre agricultores?». Explicó que en el año 2000 la Comisión Europea planteó la coexistencia entre diferentes formas de agricultura abriendo la puerta a la introducción de transgénicos, organismos manipulados genéticamente (OGM). Según la CE, el objetivo es «gestionar los problemas derivados de la mezcla de cultivos que utilizan OGM, los convencionales y los etiquetados como ecológicos». Binimelis destacó que en el Estado español estos cultivos se empezaron a introducir en 1998. En 2003 la CE publicó algunas directrices, entre las que destaca que la elección de forma de cultivo atañe a cada agricultor. Tras investigar a pie de campo la realidad en Catalunya y Aragón -donde el cultivo de maíz transgénico se sitúa por encima del 85%-, Binimelis concluye que son las cooperativas las que deciden, ya que en ellas no se diferencia la cosecha de un campo u otro y, por tanto, todo sale etiquetado como GM. Además, se deriva en un enfrentamiento entre agricultores ante el problema de la inevitable contaminación.

Situación en Euskal Herria

BioLur quiso dar a conocer la situación de Euskal Herria en ese contexto. Explicó que en Nafarroa el cultivo de maíz transgénico de la variedad MON 810 es superior al 30%, indicando que se han detectado casos de polinización cruzada que han contaminado campos de cultivo ecológico. Con esta situación, denunció que «se está impidiendo el cultivo de maíz ecológico, y al agricultor y al consumidor se le está usurpando el derecho a elegir una agricultura y una alimentación libre de transgénicos». La gravedad de este hecho queda en evidencia ante la situación al otro lado de los Pirineos, donde el Gobierno francés ha prohibido el uso de la variedad citada debido a «serias dudas sobre la seguridad para la salud y el medio ambiente». Cabe explicar que, en el caso del maíz, la manipulación consiste en introducir en la planta la bacteria Bt, elemento que convierte a la planta en insecticida.

Ion Harluxet, agricultor ecológico de Lapurdi que participó en la jornada, explicó que constataron la presencia de Bt en colmenas de abejas, relacionándolo con la desaparición de estos animales. Por ello, criticó que no se hayan hecho estudios pertinentes al respecto y que se haya obviado el principio de precaución a la hora de introducir este elemento insecticida del que se ha comprobado su capacidad de expansión. Harluxet se mostró complacido con el resultado que ha tenido la masiva respuesta social que ha llevado al Gobierno de Nicolas Sarkozy a una profunda investigación de los OGM que ha derivado en la prohibición del Bt.

Helen Groome, miembro de Red de Semillas, explicó que en la CAV la respuesta social, en la que por una vez se han unido todos los sindicatos, ha motivado la declaración de Territorio Libre de Transgénicos, aunque Lakua presentó en agosto un proyecto para un decreto de coexistencia, por lo que denunció su doble rasero. Los colectivos relacionados tanto con la agricultura como con la salud han presentado un documento que desbarata punto por punto las razones recogidas en el proyecto favorable a regular la introducción de OGM.

Han solicitado que el tema sea tratado en la reunión del Consejo de Medio Ambiente, el 23 de octubre y que su texto no sea obviado.

La mentira de los beneficios

Juan Felipe Carrasco, responsable de los OGM de Greenpeace, defendió la inviabilidad de regular el cultivo GM, por lo que no cabe siquiera plantearse la «coexistencia» con otros cultivos. Además de denunciar que el experimento de introducir un gen extraño en un cuerpo vivo «es impredecible», con el riesgo que conlleva no saber cuáles son sus efectos, dio a conocer la ocultación de datos negativos por parte de los responsables directos -la multinacional Monsanto, que controla tanto las semillas como las pesticidas- y por instituciones europeas encargadas de controlarlas como EFSA (órgano de investigación) y la propia CE. Carrasco aseguró que con la introducción de elementos como el Bt en el maíz, «la planta se comporta como le da la gana».

Éstos son algunos de los datos que citó, aunque ofreció un repaso de las muchas consecuencias que está teniendo el cultivo GM a nivel mundial. Destaca la devastación de la selva amazónica en países como Brasil y Argentina para obtener campos donde cultivar soja GM y biocombustibles; el 20% de las emisiones de gas de efecto invernadero proceden de la quema de bosques tropicales.

Concluyó que pese a la falta de transparencia, los campesinos son conscientes de la realidad, pero que están subordinados a las leyes del mercado, a su vez controladas por las multinacionales semilleras. Respecto a la coexistencia, aseguró que se ha presentado «para legalizar la contaminación de OGM».