Xabier Makazaga Miembro de Torturaren Aurkako Taldea
Los torturadores de Joxi y Josean
La mayoría de los agentes de máxima confianza de Galindo recibieron un año después del secuestro de Lasa y Zabala una condecoración en Intxaurrondo de manos de Julen Elorriaga Queda en evidencia la impunidad de que gozan los torturadores en el Estado español, ejerciendo idénticas funciones incluso después de haber sido doblemente condenados por ello
Cuando Enrique Rodríguez Galindo dirigió desde el cuartel de Intxaurrondo la trama verde de los GAL, estaba rodeado por un grupo de incondicionales de su total confianza, tres de los cuales, Enrique Dorado, Felipe Bayo y Ángel Vaquero, fueron condenados junto a él por secuestrar, torturar, asesinar y enterrar en cal viva a los refugiados Joxi y Josean.
¿Y el resto de implicados? Uno de los condenados, Bayo, implicó claramente a Fidel del Hoyo, que era el segundo oficial del servicio de información al mando de Galindo, (el primero, Vaquero, fue condenado), pero el juez instructor decidió que, aunque supiera que ambos refugiados estaban secuestrados en el Palacio de La Cumbre, en Donostia, sólo cabía procesarlo por detención ilegal, y ese delito ya había prescrito.
Dicho torturador estuvo implicado en dos casos muy sonados de torturas acaecidos el mismo año 1983 en que secuestraron a Lasa y Zabala: fue el instructor de los «interrogatorios» de los hermanos Olarra, y estuvo encausado por las torturas a Jokin Olano.
Además, fue condenado en otro caso ocurrido un año después: Ildefonso Melli Salazar fue salvajemente torturado en el 78, 82 y 84, y así lo denunció ante el juez en las tres ocasiones, pero tan sólo en la última se abrió un proceso judicial tras el cual fue condenado Fidel del Hoyo, que ascendió a capitán durante el proceso, más tarde a comandante... y a saber qué alto grado y cargo ocupa hoy día.
La venganza por la condena no se hizo esperar y el 20 de septiembre de 1989 le enviaron a Melli una carta-bomba que explotó al intentar introducirla en el buzón de su domicilio de Orereta el cartero, José Antonio Cardosa, que resultó muerto al instante. El crimen nunca ha sido esclarecido.
La mayoría de los agentes de máxima confianza de Galindo recibieron un año después del secuestro de Lasa y Zabala una condecoración en Intxaurrondo de manos del quinto condenado por dicho crimen, el Delegado del Gobierno, Julen Elorriaga, y uno de los más importantes de ellos, José Goli Domínguez Tuda, fue condenado en los dos sonados casos de tortura antes mencionados... e indultado por partida doble.
En el curso de la instrucción del segundo caso, el de Jokin Olano, en plena campaña de atentados de los GAL, fueron destruidos por sendos artefactos explosivos el vehículo y un establecimiento comercial del torturado, y también sufrió otro atentado intimidatorio el forense del caso, Luís Moles, cuyos informes corroboraron todas las denuncias de la víctima.
La sentencia del caso Olano, que también impuso condenas a Dorado y Bayo, asesinos de Joxi y Josean, recordó que «Goli» fue condenado por tres delitos de tortura, y de inmediato indultado (en el caso de los hermanos Olarra), y denunció «la pertinaz dedicación de estos funcionarios a la práctica de la tortura y la inutilidad del indulto que se les otorgó».
Pues bien, el 3 de marzo de 1995, un real decreto, firmado por el Rey y el ministro de Interior y Justicia, Juan Alberto Belloch, decidió indultarlo de nuevo (con el beneplácito del PNV), y Belloch lo justificó manifestando que Goli había demostrado «en los últimos once años de servicio en tareas de investigación del terrorismo» que estaba efectivamente reinsertado.
Era fácil de adivinar el tipo de «tareas» que desempeñó durante todo ese tiempo, y el año pasado pudimos corroborar nuestras sospechas: «La Gaceta de los Negocios» informó que en la década de los 90 «el teniente coronel José Domínguez Tuda era el encargado de hacer los interrogatorios» en Intxaurrondo.
Y hoy es el día en que Goli sigue estando destinado en ese cuartel de tan siniestra memoria (sí lo estaba al menos hace bien poco), y no sería nada de extrañar que siga siendo «el encargado de hacer los interrogatorios».
Vuelve así a quedar en la más absoluta evidencia la impunidad de que gozan los torturadores en el Estado español para seguir ejerciendo idénticas funciones incluso después de haber sido doblemente condenados por ello... ¡Y encima en el mismo cuartel!