El gobierno español, en medio del torbellino causado por la crisis del sistema económico mundial, presentará este otoño otra reforma del Código Penal que contemplará la castración química para presos por delitos sexuales acompañada de otras exageraciones políticas, como la de veinte años de libertad vigilada posterior a la cadena perpetua. Estas medidas que se aplicarán individualmente en campos tan alejados de la economía, responden curiosamente a las mismas premisas económicas de la especulación política y la explotación humana, y se han gestado con tal tosquedad argumental que no es baladí la aclaración de que la castración química será un método voluntario y coadyuvante del tratamiento psicológico penitenciario, para disipar cualquier duda de que las autoridades están instaladas en la filosofía de una enfermería de un campo de concentración nazi.

Actualmente son cerca de tres mil reclusos los que cumplen condena por delitos contra la libertad sexual, y sólo una pequeña parte asiste durante tres meses aproximadamente a un cursillo con una terapia de escasa voluntad de proyección en el otro y una sistemática muy alejada del concepto clínico de abordaje psicológico que predomina en los centros especializados de salud mental. Por tanto, es normal que los presos con una visión muy afilada de la realidad no confíen en la burocracia psicológica ni se encomienden a la experiencia de un terapeuta que hasta ayer ejercía de guardia con merecida fama de «pico duro» y que debería conducirles por los vericuetos de una terapia que ha de resolver un grave conflicto sexual con psicopatología asociada.

La preferencia por esta selección de personal y su integración, explica por si misma la importancia que merece el tratamiento psicológico en general pero sobre todo el especializado para los condenados por delitos contra la libertad sexual, ya sea en psicoterapias psicodinámicas o cognitivo-conductuales intensivas, en forma individual o grupal. Una unidad de tratamiento sin colaboración externa y creada con la idea de que sus especialistas se pueden formar con un cursillo de fachada, se pierde por los caminos de la auto referencia y el gremialismo penitenciario en forma de falsas estadísticas y a la larga de la ineficacia social. Y estas variables, selección y formación, son fundamentales para entender por qué sólo el 10% de agresores sexuales siguen un tratamiento voluntario en lugar de interpretar que el 90% de los agresores sexuales evita la terapia para no aceptar que ha cometido un delito.

Es necesaria y obligatoria una mayor visibilidad y transparencia en el tratamiento psicológico que reciben en prisión los agresores sexuales y otras patologías, pues en el preámbulo dirán que la castración química será coadyuvante precisamente de ese supuesto tratamiento. Y si en última instancia se practica en la cárcel la castración química como coadyuvante de un tratamiento psicológico que deja mucho que desear, la castración química, aunque sea voluntaria, puede convertirse en un ensañamiento terapéutico, porque si va contra la dignidad humana poco importa que sea voluntaria o no, al menos eso dice el gobierno respecto al suicidio asistido en el caso de petición voluntaria de muerte digna, en los diferentes tipos de huelga de hambre o en la interrupción voluntaria del embarazo.

Respecto a la voluntariedad, las decisiones humanas están sujetas a importantes variaciones, es decir, en la cárcel y con una adicción (y las parafilias lo son) ser voluntario es muy relativo. Incluso la renuncia a la vida algunas veces es contra voluntad porque se convierte casi en la exigencia de una institución total y en las adicciones, la voluntariedad para recibir tratamiento fluctúa según el momento del proceso judicial, penal o penitenciario, por esto un drogodependiente puede aceptar tal condición en el juicio, pero seguramente en prisión fluctuará según el momento y las perspectivas.

El tratamiento radical de la castración química tiene sus límites, las muletas sobre las que lo quieren hacer andar, voluntariedad y coadyuvante del tratamiento psicológico, son muy endebles y en segundo lugar la experiencia farmacológica, excepto el ego grande de Sarkozy que lo propone como medida populista y extremadamente política, no está avalada por resultados significativos, ni por supuesto con pruebas exitosas. Además, la sensación de estar ante un tratamiento impredecible y con efectos secundarios muy disuasorios configura una efectividad dudosa si estos ítems son bien explicados.

Estamos frente a psicopatologías que unen la agresividad y el deseo, «las ganas», o sea que la correspondencia entre el fármaco que actúa en el cerebro y la realidad actuadora de alguien que tiene ganas y quiere, es muy dudosa. Si consideramos que la cárcel no cambia las reacciones a las condiciones exteriores y poco influye en la evolución del síntoma psicopa- tológico, se ha de aceptar que el tratamiento psicológico que se imparte en prisión es de muy baja eficacia en la mayoría de casos, y así indirectamente lo demuestra la petición de estos políticos que solicitan la brutalidad terapéutica del internamiento hospitalario después de décadas de internamiento carcelero o los veinte años de vigilancia post penitenciaria o en última instancia la castración química.

Es tentador pensar que esta brutalidad terapéutica sea una función de la calidad de los dirigentes técnicos y políticos que llevan la pegatina «contra la violación, castración» del siglo pasado como legado intelectual. Aunque amaine la crisis económica con la castración implantada continuaremos inmersos en la especulación y la explotación humana.