Ya en la publicación de Elkartzen sobre la situación de la vivienda en Euskal Herria, editado en 2003, se ponía de manifiesto la grave crisis de exclusión del acceso a la vivienda por parte de los sectores más precarizados en el mercado laboral: jóvenes, mujeres e inmigrantes.

El derecho a la vivienda es una mera formalidad sin obligación de compromiso por parte del sector público, que lo basa en un sorteo restringido con premio para una minoría, sin que en él puedan entrar las personas más necesitadas. Esta falta de cobertura social en un bien básico como la vivienda ha llevado a un endeudamiento masivo y muy por encima de las posibilidades a los colectivos necesitados de la misma. Estas personas llevan mucho tiempo en crisis: crisis laboral con una precariedad total de contratos y de salarios por debajo del umbral de pobreza, crisis de acceso a unos servicios públicos cada vez más privatizados y escasos, crisis de vivienda, de empobrecimiento y de liquidez financiera.

Pero esta crisis diseñada por el sistema, que es la otra cara de la moneda del crecimiento del sector financiero y de la construcción, no es noticia exclusiva en los medios de comunicación. Por el contrario, es la garantía del sometimiento a mayores cuotas de esclavitud, hasta 65 horas semanales, para pagar los créditos.

Es posible otra forma de inyectar liquidez a la banca para que el beneficio sea público. Cuando hemos propuesto medidas audaces para crear un parque público de viviendas en alquiler social, hasta entre los colectivos con los que buscábamos la complicidad de clase nos decían que era utópico porque el sector público no tenía dinero, existían unas reglas de juego de «no intervención», de «no endeudamiento presupuestario»... Pero todas esas reglas se rompen automáticamente, sin rubor, cuando el capital quiere seguir manteniendo el valor de sus acciones-fondos de inversión-fichas de casino. Se argumenta que sólo se puede salir de la crisis inyectando liquidez en el sistema, por lo que además de las inyecciones casi diarias del Banco Central Europeo (BEC), el Gobierno español ha aprobado comprar activos de bancos y cajas por valor de 100.000 millones de euros, elevando la deuda publica muy por encima del 40% del PIB. El coste de esta deuda, como el de la intervención del BEC, lo pagamos la totalidad de los contribuyentes vascos a través del cupo (pagamos 7,84% del coste total). Ante este pago, sin contrapartida alguna, Elkartzen plantea una alternativa que no solo inyectaría dinero al sistema financiero, sino también a las familias, a la vez que como contrapartida el sector público pasaría a ser propietario de un amplio parque de viviendas para destinarlas a alquiler social.

La situación es la siguiente:

Con el tipo de interés actual el valor final de una hipoteca a 30 años aumenta el 80%, de cada 100 euros se devuelven 180.

Las personas menores de 35 años que han comprado vivienda en los últimos cinco años comparten el denominador común:

1. Ser trabajadores y trabajadoras precarias, sin posibilidades de mejoras salariales sustantivas.

2. Haber comprado una vivienda en un momento en el que los tipos de interés se situaban en bajos históricos, con una expansión de la concesión de hipotecas de alto riesgo. La banca, buscando maximizar beneficios, ha ofrecido información engañosa, dando solo los datos de las primeras cuotas en las que sólo se devolvían intereses y no capital...

3. La familia ha impulsado muchas veces a sus hijos e hijas a independizarse, presionándoles a comprar vivienda, proyectando la realidad que la familia vivió en la generación anterior sin darse cuenta de que esa realidad ha quebrado, y que la precariedad (de salarios o de tipo de contrato) no es un sarpullido de juventud; es la fase actual del capitalismo salvaje, que si no somos capaces de cambiar, se seguirá manteniendo.

La subida de tipos de interés ha transformado la cuota de un préstamo de 180.000 euros desde los 760 euros mensuales de 2005 a más de 1.160 euros mes de 2008. Esta cuota supera ya el sueldo íntegro de uno de los miembros de la pareja compradora. A esto hay que sumarle gas, comunidad, electricidad, agua... con lo que sobrevivir se esta transformando en imposible.

Se puede argumentar que ellos se han metido en la situación «libremente» buscando la propiedad. Pero lo cierto es que la «libertad» quedaba condicionada por un modelo social patriarcal y de culto a la propiedad impuesto, sin una alternativa social a la necesidad de vivienda como vía para la emancipación. Esta alternativa vendría de la mano de ir construyendo parques públicos de vivienda en alquiler optimizando el uso de las viviendas ya existentes, es decir, evitando la existencia de vivienda vacía.

Desde una ética de clase, no nos corresponde juzgar el comportamiento de estas personas, pero sí el del sector público, que esta socializando sólo las pérdidas de la banca, sin contrapartida, y se olvida de los que en verdad están arrastrando este huracán.

Desde Elkartzen planteamos la siguiente actuación:

1. Crear un ente público que velaría por el derecho a vivienda de toda la población y que se dedicaría a dotarse de un parque público de vivienda en alquiler, en cuya financiación deberían de participar activamente, por un lado, las distintas Cajas de Ahorro mediante su Obra Benéfico Social y, por otro, el sector público.

2. Las personas propietarias que por problemas económicos, u otros, así lo deseen, podrán entregar su vivienda al citado ente público creado a tal efecto. Dichos entes, asumirán el valor pendiente de la hipoteca, y reconocerán un crédito a favor de la familia igual al monte total de lo pagado (del capital inicial desembolsado más las cuotas del préstamo pagadas, capital e intereses) menos la suma de todas las deducciones fiscales que en materia de vivienda se hubiesen practicado, y menos la cantidad equivalente al alquiler social que hubiera pagado durante el tiempo que lleva habitando la vivienda.

3. La cesión dará derecho a ocupar la vivienda por tiempo indefinido en régimen de alquiler social, según la aplicación de los parámetros que se determinen.

4. Se hará un cálculo financiero que determine el número de mensualidades que quedarán compensadas con el crédito a favor de la familia contra el citado ente público. Durante todo ese periodo la familia no realizará ningún reembolso. Finalizado este periodo la familia abonará el alquiler que corresponda a su situación socioeconómica de ese momento, según los parámetros generales que estén establecidos.

Por supuesto, si alguien no hipotecado -pensionistas, asalariados en paro...- desea entregar también su vivienda al sector público, se le facilitaría la opción con el objetivo de incrementar el parque público de vivienda en alquiler. En estos casos debería entregárseles una parte del valor en metálico (inyección de liquidez a la familia) y la otra dejarla como prepago del alquiler social de la vivienda que disfrutarían las hasta entonces personas propietarias.

Esta compra de hipotecas por el sector público a cambio de la vivienda, inyectará dinero líquido en el sistema financiero; eliminará la morosidad e impagados de estos préstamos; liberará a las familias de un gasto medio de 1.000 euros mensuales, que se destinará a estimular la demanda en otros bienes necesarios pero imposibles de realizar en la situación actual, con lo que se sostendrá la producción de estos bienes, se alejarán los riesgos de ajustes del empleo por falta de pedidos en estos sectores de producción, y por ende se alejará el fantasma del aumento del paro. Esta correlación de hechos no es ficticia, son las relaciones reales del sistema económico.

Si no aunamos esfuerzos y somos capaces de plantear nuevas ideas contra las demandas vampíricas del capital, tendremos más gasto público para ese capital y menos dinero para gasto social, una depauperación de la economía real con más desempleo. Frente a la crisis de 1929, se salió con el diseño del estado del bienestar, que fue un gran pacto social de clase, cuyo objetivo fue una mayor distribución de la riqueza, la garantía del empleo, y una mayor democratización de la economía. Que no nos impongan sus recetas el BCE junto al gobernador del Banco de España. Hagamos un muro contra la precariedad y demostremos que existen soluciones reales, la aquí expuesta es solo una. Pensemos y convirtamos en acto nuestro pensamiento.