El euroibor, que es el que realmente afecta directamente a la hipotecada clase trabajadora, baja centésimas... cuando baja. El impuesto de sociedades a las empresas lo hace en puntos. El de patrimonio, directamente lo suprimen. Éste es parte del panorama en la CAPV. Vale, la Administración vasca no puede hacer nada con el primero, pero es intolerable que esté dispuesta a dejar de recaudar cientos de millones de euros al año con los otros dos, cuando son euros que deberían emplearlos en incrementar el gasto social.

Las empresas vascas llevan años acumulando beneficios, sin que esto suponga una mejora sustancial de los salarios. Sin embargo, del total de los impuestos directos que se recaudan la mayor parte no procede de empresas o de profesionales liberales, sino del IRPF de quienes trabajan por cuenta ajena. Es decir, que aunque las y los trabajadores se quedan con una parte cada vez menor del pastel, siguen siendo quienes más aportan, y con muchísima diferencia, a las arcas públicas. Lo más grave -con ser grave que no se efectúen inspecciones a fondo y se luche contra el fraude- es que se dediquen a modificar los impuestos a la inversa. En vez de para que graven lo que deben gravar, devolviéndoles su función redistributiva original, se opta por beneficiar a quien más tiene. Y así nos va, cantos de sirena socialdemócratas y en la práctica políticas neoliberales.

Y entre a quienes les va mal, está el colectivo de las empleadas de hogar. La semana pasada la Asociación de Empleadas de Hogar de Bizkaia volvió a reclamar algo tan elemental como que se les dé el mismo tratamiento que al resto de trabajadores y trabajadoras. Esto es, que se les aplique el Estatuto de los Trabajadores y que su Régimen de Seguridad Social sea el General. El PSOE, allá por mayo de 2007, publicitó que estaba ultimando una ley para, en siete u ocho años, equiparar sus condiciones laborales. Largo lo fiaban, pero, así y todo, de esa ley no se sabe nada de nada.

La mayor parte de este colectivo subsiste en la economía sumergida -ni quienes las emplean ni ellas cotizan- siendo el propio sistema el que propicia esta situación que perjudica directamente a la trabajadora. Éste no garantiza unos mínimos de protección social y, en la mayoría de los casos, es la propia empleada la que, con salarios que rozan la miseria, tendría que cotizar a ese Régimen «Especial» que no les ampara en caso de desempleo y en situaciones de enfermedad se hace el loco hasta el día 29 de la baja. Eso sin contar el resto de sus condiciones laborales, propias del S. XIX.

Este colectivo, prácticamente compuesto por mujeres y, cada vez en porcentajes mayores, por mujeres inmigrantes en situación irregular que ni siquiera pueden denunciar las situaciones de explotación que padecen, está siendo objeto de una discriminación sexista laboral que exige una respuesta. ¿Qué hacen las y los diputados vascos que no reclaman al PSOE en el Congreso la equiparación prometida?