Juanjo BASTERRA

En el conjunto del Estado español se han registrado 60.536 empresas del sector de la Construcción, aunque las solicitudes de incripción superan las 90.000, según los datos oficiales. Es una mínima parte del total existente y muestra que los empresarios no están por la labor de actuar frente a la siniestralidad laboral y por avanzar en la prevención de riesgos laborales.

Ese requisito de la inscripción es, en teoría, imprecindible porque figura en la Ley Reguladora de la Subcontratación en el sector de la Construcción.

En Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa se han acreditado 3.504 empresas, que representan un 9,92% de las que hay registradas de forma oficial en el sector, 35.309 compañías. En Nafarroa se han registrado 622 empresas más que en el conjunto de la CAV, 2.063 frente a 1.441 empresas, cuando en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa cuadruplican el número de las empresas del sector. Más de un mes después de que entrase en vigor la normativa que obliga a las empresas que quieran trabajar en el sector a estar dadas de alta en el registro, todavía sólo una de cada diez en Hego Euskal Herria han cumplido con el requisito. Pero la norma no sólo era para las empresas específicas del sector, sino para todas aquellas que trabajan para el sector de la Construcción. Por lo tanto la inscripción es verdaderamente escasa y hasta ridícula.

«Desde el día 26 de agosto de 2008 todas las empresas que operan en obras de construcción, con independencia del sector productivo al que pertenezcan, tienen la obligación de estar inscritas en el registro». En principio, la Ley Reguladora de la Subcontratación en el sector de la Construcción creó ese registro como un instrumento de lucha contra la siniestralidad. En principio, como indica el Ministerio español de Trabajo, su función es garantizar que las empresas que operan en el mismo cumplen «con unos requisitos mínimos de solvencia y de calidad empresarial».

También persigue, igualmente, la mejora de los recursos humanos del sector a través de una mayor estabilidad en el empleo y de una mayor cualificación de los trabajadores».

Catalunya destaca por el número de empresas registradas, un total de 16.542 empresas. Quizá en esta comunidad surtió efecto la campaña del Departamento de Treball, que remitió a los empresarios un jabón en una caja en la que se leía, ante la elevada siniestralidad, si «tú también te vas a lavar las manos o vas a actuar». Fue polémica esta campaña de comienzos del verano.

83 fallecidos

Hay que recordar que en Euskal Herria han fallecido 84 trabajadores, lo que supone uno cada tres días, pero cerca de 46.000 han tenido una ccidente con baja laboral, lo que muestra la profundidad del problema.

El Secretario General de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, explicó en Bilbo en una jornada organizada por UGT sobre la incapacidad laboral, que el coste de las bajas por accidente y emferemedad profesional representan el 1% del PIB. Lo que significa que son 10.500 millones a nivel del Estado español, aunque estos datos son bastante moderados, puesto que otras estadísticas señalan que el coste total se encuentra entre los 12.000 y 14.000 millones anuales, lo que en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa supondría en unos 130 millones.

Una cantidad muy importante y reveladora de una problemática que no se toma como una referencia real para actuar y poner freno a que por el hecho de ir a trabajar no se debe perder ni la salud ni la vida, como está ocurriendo con elevada frecuencia. UGT Euskadi, según explicó Pilar Collantes, responsable del Area de Salud Laboral, contabiliza que se está produciendo un accidente de trabajo con baja cada diez minutos, un accidente mortal cada tres días y uno grave cada 1,1 días. Muchos de estos últimos, incapacitan al trabajador para volver al centro de trabajo.

En el encuentro quedó patente que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es un instrumento válido, pero el problema que afloró entre los delegados sindicales que asistieron al encuentro fue que «no se cumple» y, lo que es peor, «no se hace cumplir». Por lo tanto, los empresarios no se ven presionados para mejorar los procesos productivos y mejorar en el control de la prevención de los riesgos laborales en cada puesto y centro de trabajo.