Arantxa MANTEROLA

Uno de los momentos calientes de la polémica que impregna el tema de la nueva línea tuvo lugar en otoño de 2006, cuando durante varias semanas se desarrolló un debate público en el que la participación, especialmente en las zonas a las que afectaría la nueva línea, fue muy intensa. La ingente labor de análisis y de propuesta realizada por diferentes colectivos dejó más que en entredicho las afirmaciones avanzadas por RFF respecto a la necesidad real de una nueva línea. Se llegó, incluso, a poner sobre la mesa un estudio elaborado por un gabinete de expertos suizos independientes que considera incoherente lanzarse a un proyecto tan descomunal cuando los costes, tanto a nivel medioambiental como social y económico, no justificaban, ni de lejos, las posibles ventajas. Esta nueva línea atravesaría Lapurdi para conectar Burdeos con Irun.

Ésta fue, además, una de las cuestiones que marcaron las elecciones locales de marzo de 2008 e influyeron enormemente en los propios resultados de las localidades afectadas. Los electos fueron interpelados sin cesar sobre la cuestión y muchos de ellos, aunque a regañadientes en ocasiones, se pronunciaron con mayor o menor claridad. Simultáneamente a las elecciones, en Uztaritze y Mugerre se celebraron sendas consultas que arrojaron un posicionamiento claramente desfavorable a la construcción de la nueva línea.

Desde entonces, el debate bajó de tono. Pero, a pesar de todo, RFF ha seguido con su proyecto. No en vano se trata de una decisión estratégica de nivel estatal para completar el llamado «eje atlántico» y unirlo con el del Estado español a través de la «Y vasca». Y una decisión que los principales electos locales avalan, aunque a veces les resulte difícil sortear la oposición de sus administrados.

En las últimas semanas, la polémica ha vuelto a resurgir, pero esta vez desde otra perspectiva: la de la financiación del proyecto. Y es que a finales de setiembre representantes de 52 instituciones locales de la región de Aquitania «descubrían», perplejos, la factura del proyecto. Por las reacciones producidas, resulta evidente que no se esperaban una exigencia de tal magnitud. En concreto, a la Mancomunidad de Baiona-Angelu-Biarritz (CABAB) se le requieren 65 millones de euros; 25,1 millones a la Mancomunidad Sur-País Vasco; y 230 millones al Con- sejo General del Departamento.

El prefecto de la región de Aquitania, junto con el presidente del Consejo Regional, Alain Rousset, avanzaban que el coste total de las líneas Tours-Burdeos, Burdeos-Hendaia y Burdeos-Toulouse ha sido estimado en 12.600 millones de euros. De ellos, 1.630 millones de euros deberán correr a cargo de las instituciones locales, es decir, consejos regionales, consejos generales, y mancomunidades de aglomeración o de comarcas.

Con más o menos vehemencia, las reacciones no se han hecho esperar. Los presidentes de las dos mancomunidades -Jean Grenet y Michel Hiriart- y el del Consejo de Electos y ex-presidente del Consejo General -Jean-Jacques Lasserre- han expresado sus reservas respecto a la demanda de fondos. Y se han quejado de las formas empleadas porque «no se nos ha proporcionado información suficiente» y, además, se les exige adquirir el compromiso de participar en la financiación en menos de dos meses.

Ni un atisbo de autocrítica

Llama la atención el hecho de que los propios electos confiesen su desconocimiento. Aseguran que no saben cuál es el trazado exacto, que ignoran si RFF va a optar por construir una estación en Lapurdi (el jueves Dominique Bussereau, secretario de estado de Transportes, afirmaba que sí), o que no se ha establecido claramente la proporción entre tráfico de mercancías y de viajeros.

Se reafirman en su apoyo al TAV, pero en esas condiciones y sin poder exponer a los ciudadanos las contrapartidas que les aportaría la nueva línea, se declaran en la imposibilidad de rubricar tal compromiso, máxime cuando obligará a las instituciones locales a endeudarse notablemente y, a buen seguro, hipotecará otros proyectos necesarios. Así lo han denunciado, visiblemente enojados, varios electos de la CABAB.

Lasserre, con el apoyo de Grenet, ha solicitado un informe complementario a la Agencia de Urbanismo «para poder tener más elementos y poder aclarar el debate» y pretende oponerse con «la fuerza de la cohesión local». Le permitiría ganar tiempo y reflexionar sobre la participación o no en la financiación del proyecto.

Sin embargo, esta oleada de reacciones, por muy lógica que parezca, deja en evidencia otro aspecto nada baladí, como es la irresponsabilidad política de muchos de estos cargos electos. Resulta casi inconcebible que a estas alturas, cuando la cuestión lleva debatiéndose tantos años, reconozcan ahora que, en realidad, no saben gran cosa de un proyecto que han respaldado desde el principio. Lasserre ha argumentado que es «favorable al TAV, pero no ciego». Desde esta premisa, resulta poco comprensible que no se hayan percatado hasta ahora que el hecho de haber globalizado el eje atlántico desde Tours hasta Hendaia integrando en el mismo el nuevo tramo Burdeos-Pau-Toulouse iba a encarecer los costes de una infraestructura que el propio Bussereau califica como «obras e inversiones para el siglo».

Hasta estas últimas semanas, estos electos han hecho oídos sordos frente los argumentos y aportaciones repetidos hasta la saciedad por colectivos sociales que sí habían calculado estas y otras consecuencias.

¿Y ahora, qué?

Obviamente, en lo que concierne al tramo labortano y en concreto a la nueva línea, los electos -en particular los de las mancomunidades- no se esperaban que se apelara a sus arcas públicas. Pero no había margen para la sorpresa cuando el Estado lleva tiempo diciendo que las suyas están vacías.

Algunos, como el presidente de la Mancomunidad Sur-Pays Basque, Michel Hiriart, han reaccionado advirtiendo ya de que su institución no aportará fondos. Otros, en una actitud menos insumisa, se afanan en buscarlos donde sea. Jean Grenet ha solicitado al Estado que «encuentre un dispositivo financiero» que permita a las instituciones locales financiar la infraestructura, «puesto que no podemos planteárnoslo con créditos habituales». En parecidos términos se pronuncia Lasserre, que exige más participación del Estado. Mientras, Ibarretxe y Rousset buscan desesperadamente fondos en Europa. Habrá que ver si los enojados electos osan por fin hablarle claro a Bousserau en la reunión fijada para el 13 de noviembre.