Los paraísos fiscales son un pilar básico de la globalización económica, del capitalismo puro y duro, un agente protagonista en la crisis económica que sacude la actividad mundial y su desaparición no figura en las agendas de los máximos responsables de las administraciones públicas. La razón de su existencia se encuentra en que atesoran y esconden un poder económico muy elevado, que influye y domina al poder político.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce que por las cuentas de esos espacios sin impuestos y cerrados a cal y canto para el control fiscal pasan aproximadamente la mitad de los flujos financieros internacionales. Acumulan entre 11 y 13 billones de euros en conjunto, aunque estas estimaciones se hacen siempre a la baja por la dificultad de conocer al detalle su cuantía.

Esta ocultación de fondos supone, según la organización no gubernamental Red de Justicia Fiscal (Tax Justice), la pérdida anual de 250.000 millones en ingresos fiscales. Esa cantidad es «cinco veces más de lo que sería necesario para reducir la pobreza a la mitad en 2015, según los objetivos del milenio de la ONU». A esa caída de recaudación fiscal, se debe añadir la reducción continua de los impuestos a las empresas para competir entre sí en la atracción de inversiones.

Christian Chavagneux y Ronen Palan explican en «Los Paraísos Fiscales» que «la mitad de los préstamos internacionales proviene de entidades bancarias instaladas en esos territorios» y el 50% de los depósitos internacionales se dirige «hacia entidades bancarias situadas en estas plazas financieras».

Además, entre el 30% y el 33% de la inversión directa extranjera recala en los paraísos fiscales y se conoce que es el destino de un tercio de la inversión de las multinacionales. Chavagneux y Palan indican, en este caso, que «los dos primeros inversores en China son paraísos fiscales (Hong Kong y las Islas Vírgenes).

Con la extensión de la crisis han aparecido algunas propuestas para controlar esos fondos ocultos. De repente, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y Angela Merkel, la canciller alemana, llegaron a la conclusión de que una gran parte de los fondos económicos públicos que se han puesto o se van a poner en manos de los bancos y de las compañías privadas para que eludan la crisis financiera pasarán a sociedades que operan desde los paraísos fiscales, es decir, seguirían una senda oculta al control público.

Ambos conocen que, en realidad, se estará ayudando a quienes están defraudando a las arcas públicas. Iniciaron una cruzada que, en realidad, ha fracasado nada más ponerse en marcha. Con la OCDE de testigo, ni Luxemburgo, ni Austria, ni Suiza, ni Estados Unidos acudieron al encuentro de la pasada semana convocada en París, tampoco, otros nueve países del club de los más ricos. La idea inicial de Sarkozy de que «ningún banco que trabaje con dinero del Estado opere con los paraísos fiscales» ha fracasado, porque la realidad demuestra que esos centros financieros son el pilar básico de la globalización económica.

51% del Ibex, en paraísos

En su último informe publicado este año, el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa del Estado español hace referencia al análisis del ejercicio completo de 2006 y concluye que un 51% de las 35 compañías que cotizan en el Ibex cuenta con «sociedades participadas con domicilio en países considerados como paraísos fiscales y cuyas actividades declaradas no tienen relación con la producción de bienes o prestación de servicios, sino con actividades financieras de sociedades de cartera y sociedades holding». Las dieciocho empresas del Ibex que tienen presencia en los paraísos fiscales son, según cita el Observatorio, Acciona, Acerinox, ACS, Altadis, Banesto, BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell, Grupo Santander, Endesa, Ferrovial, Gas Natural, Iberdrola, Inditex, Mapfre, Prisa, Repsol YPF y Telefónica.

La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado español (IHE) propuso varias medidas para intentar reducir el impacto de los paraísos fiscales. Desde la instauración de una tributación del 24%, tanto en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades por el movimiento de fondos que tengan origen o destino un paraíso fiscal, hasta la prohibición a las entidades bancarias que «tengan filiales o sucursales en dichos territorios».

En el Estado francés, Chavagneux y Palan aseguran que «el 47% del total de la inversión directa extranjera de empresas no nativas está en manos de sociedades instaladas en los paraísos fiscales, correspondiendo a Holanda y Gran Bretaña las principales».

Aunque la OCDE maneja un cálculo de 38 enclaves como paraísos fiscales, la realidad los sitúa por encima de los 71. De ellos, diez se encuentran en Europa y juegan un papel muy importante en la actividad económica mundial. Son, según un listado identificado por la catedrática Nuria Almirón y Juan Hernández Vigueras, experto en este tema, Andorra, Chipre, Gibraltar, Irlanda, isla de Man, islas del Canal (Jersey, Guernesey, Sark y Alderney), Luxemburgo, Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Suiza. En el informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI), titulado «Cuando se tiene el oro y el moro», se añaden a esa lista otros enclaves como Bélgica, la zona Campione d'Italia, la City de Londres, Hungría, Frankfort, Islandia, Ingushetia, Madeira, Malta y Trieste.

Juan Hernández Vigueras, profesor universitario y miembro del Comité de Apoyo de Attac-Madrid, señala en «La Europa opaca de las finanzas» que «ciertas políticas europeas amparan a países y territorios catalogados por la OCDE como paraísos fiscales que, con sus especialidades financieras opacas y de escasa o nula tributación, compiten ventajosamente como segundos clientes de la eurozona, tras EEUU».

Así, indica que los «centros financieros extraterritoriales tienen un potencial e instrumentos propios que están condicionando cualquier política estatal que pretenda tener algún control democrático sobre quienes gestionan la banca y las finanzas». Considera que la actividad financiera para no residentes en la City de Londres, Holanda, Luxemburgo, Suiza, los microestados continentales y los territorios caribeños dependientes de Gran Bretaña y Holanda «son un obstáculo inquietante para la construcción política de Europa».

A su juicio, la gran paradoja es que, «a pesar de que las prácticas de estos conocidos países y territorios generan perjuicios palpables, todos los estados europeos reconocen la legalidad de las sociedades instrumentales, los fondos de inversión y las entidades domiciliadas en jurisdicciones especiales para no residentes e ideadas para ocultar la identidad de los titulares, aceptando la opacidad de los centros extraterritoriales como una ventaja competitiva y un valor añadido en las operaciones financieras transnacionales». La UE es un centro comercial muy activo y «al por mayor para las entidades bancarias, aseguradoras y financieras en Suiza, Jersey, las Caimán u otros centros financieros para no residentes». Describe cómo «los capitales se cruzan como plagas de langostas, entrando y saliendo sin restricciones, tras devorar plusvalías bursátiles sin pagar impuestos y sin ninguna supervisión comunitaria».

Esta situación provoca consecuencias directas «para los estados miembros de la UE, porque sus economías resultan cada vez más vulnerables frente a las finanzas globales incontroladas, como revela la crisis de las hipotecas subprime generada por la influencia de Wall Street». Considera que la administración pública europea «acentúa la competencia entre los socios por aminorar los impuestos sobre el capital, genera pérdidas de ingresos fiscales que amenazan al Estado de Bienestar, reduce la capacidad para proteger a los pequeños ahorradores e imposibilitan el combate eficaz contra el blanqueo internacional del dinero sucio y la corrupción inmobiliaria».