Cándido Acedo, que dirigió durante largos años la Unidad de Servicios Especiales de la Guardia Civil, fue uno de los principales organizadores de la guerra sucia durante el franquismo, y su implicación hace 25 años en el secuestro, torturas y asesinato de Lasa y Zabala muestra que también desempeñó un importante papel en las cloacas del Estado tras la muerte del dictador.

En efecto, cuando años después se empezaron a conocer los detalles de aquel horrible crimen, uno de los posteriormente condenados, Felipe Bayo, lo implicó en los hechos mediante unas conversaciones que grabó en la cárcel con sus superiores e hizo llegar al juez ante el cual corroboró sus acusaciones.

También fue harto significativa la declaración de otro de los condenados, el general Galindo, según la cual la amplia redada que se desarrolló en enero de 1984 en Tolosa y sus alrededores, con las informaciones arrancadas bajo tortura a Lasa y Zabala, no la había dirigido él sino Cándido Acedo.

Pues bien, dicho oficial de la Guardia Civil dirigió asimismo un atentado frustrado contra el refugiado Josu Urrutikoetxea, llevado a cabo durante la dictadura franquista: cuando el 5 de junio de 1975 varios mercenarios intentaban colocar una bomba en el vehículo de Josu, en Miarritze, ésta explotó, mató a uno de ellos, Marcel Cardona, y causó graves heridas a otro.

La responsabilidad de Acedo resultó más que probada, pues la Policía francesa averiguó, entre otras cosas, que los integrantes del comando mercenario habían llamado por teléfono a su domicilio y también al lugar donde trabajaba, el Palacio de la Zarzuela, residencia del entonces Príncipe Juan Carlos.

Además, otro de los participantes en aquel fallido atentado, Miguel Sánchez Pajares, denunció públicamente la implicación de Acedo en la creación de grupos que iban a actuar contra los refugiados en Ipar Euskal Herria, y relató los viajes que realizó para contratar a miembros del hampa y de la OAS.

El mercenario muerto en el atentado contra Josu Urrutikoetxea, Marcel Cardona, fue precisamente miembro de la OAS, organización a la que también perteneció el más famoso de los mercenarios de los GAL, Jean Pierre Cherid, muerto asimismo en Miarritze, en 1984, al explotar la bomba destinada a atentar contra refugiados que manipulaba en un vehículo.

Cabe añadir, por último, que el ex sargento de la Guardia Civil José Luis Cervero, que estuvo a las órdenes de Acedo en la Unidad de Servicios Especiales (USE), lo denunció como uno de los organizadores de la guerra sucia contra ETA, pero sus denuncias enviadas a altas instancias políticas y judiciales nunca fueron investigadas.

Cándido Acedo, hoy día coronel en la reserva de la Guardia Civil, siguió dirigiendo la USE, y fue otro oficial a sus órdenes, José Ramón Pindado, quien, según un informe del CESID, coordinó en 1987 la manipulación de pruebas sobre la muerte en Pasaia de la militante de ETA Lutxi Urigoitia.

Pindado estuvo adscrito a la USE de 1980 a 1988, y durante su estancia en Euskal Herria acudió varias veces a los tribunales acusado de torturas como responsable de interrogatorios, pero nunca llegó a ser condenado.

En diciembre de 1992, cuando dirigía la Unidad Antidroga UCIFA, fue detenido por pagar con droga a confidentes y provocar la entrada de alijos en España, y sus amigos afirmaron, a modo de elogio, que había intentado aplicar a la represión del narcotráfico los mismos métodos que había experimentado en la lucha contra ETA. Durante el proceso la Guardia Civil lo trató con especial deferencia, y la Secretaría de Estado para la Seguridad le facilitó el pago de una fianza de cinco millones impuesta para lograr su libertad.

Fue ese mismo año 1992 cuando torturaron salvajemente a Kepa Urra (el único caso desde 1986 en que ha habido una sentencia firme por torturas relacionadas con el conflicto político, aunque las personas torturadas hayan sido miles), y resulta que al menos uno de los condenados, José María de las Cuevas Carretero, también era miembro de la USE de la Guardia Civil.

Pues bien, tras la condena fue recibido por el presidente Aznar en La Moncloa y el Gobierno le concedió el indulto el 16 de julio de 1999, tras lo cual dicho torturador empezó a tomar habitualmente parte en congresos internacionales en representación del Estado español, y en 2001 recibió, en tanto que representante de la Policía Judicial, a los miembros del CPT del Consejo de Europa que realizaron una visita a España.

Luego, las autoridades españolas eligieron precisamente a un torturador condenado e indultado para recibir a ese prestigioso organismo para la prevención de la tortura, y ello a pesar de que el CPT había denunciado claramente el indulto, señalando su «efecto práctico de otorgar impunidad a la tortura y alentar su repetición», y que con esa medida de gracia las autoridades habían «infringido sus obligaciones de prevenir y sancionar los actos de tortura».

¿Habrían actuado así ante un organismo de tan evidente peso y prestigio si dichas autoridades no tuvieran que impedir a toda costa que salgan a la luz los comprometedores detalles de los muy especiales servicios que les ha prestado la Guardia Civil, y sobre todo su Unidad de Servicios Especiales?

¡Desde luego que no! Por eso indultan, ascienden y promocionan tan descaradamente a la mayoría de los torturadores: para que no abran la boca como hizo en su día Felipe Bayo y puedan seguir prestando esos impagables servicios a quienes tan bien los protegen.

¿Hasta cuándo?