El patio judicial anda muy revuelto estas últimas semanas por diversos motivos, pero a mi juicio hay un elemento que identifica esa «revolución»: la impunidad que consideran deben tener quienes operan en el sistema judicial respecto de sus actuaciones. Las y los jueces se han creído esa falacia de que están imbuidos de una especie de poder que les hace estar por encima del bien y del mal y que sus decisiones son justas e imparciales. Está más que demostrado que esto no es así; más bien al contrario, y de ello en este país nos sobran pruebas para demostrarlo.

Un ejemplo patente y patético de esa pretendida impunidad es la pretensión del juez Ferrín Calamita de que se deje sin efecto la suspensión provisional de empleo y sueldo que se le ha impuesto «porque no puede subsistir». La suspensión a este juez se produjo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia admitiera la querella presentada contra él por una mujer que hacía casi dos años había iniciado un expediente para adoptar a la hija de su mujer. La explicación del juez para denegar la adopción fue que los menores tienen que estar con una familia «normal», con un padre y una madre.

Este juez está pendiente de juicio y el fiscal ha pedido 18 años de inhabilitación, al considerar que cometió un delito de retardo malicioso en la adopción de la menor. La adopción al final fue aprobada por otro juez, quien mantuvo que «de la documentación aportada y los informes efectuados se ha acreditado que la relación personal existente entre adoptante y adoptando es la propia de la relación paterno-filial y que tanto las condiciones personales y sociales como la situación económica del adoptante abonan dicha opción, por lo que en interés del adoptando se impone acordar la adopción». Lo que demuestra que el juez suspendido les denegó ese derecho no en virtud de argumentos derivados de la ley, sino de sus consideraciones sobre la homosexualidad o lo que es o no normal en la familia.

Desde el «púlpito» en el que operaba impunemente en base a sus prejuicios homófobos, Ferrín Calamita no acepta las reglas de juego de que la suspensión de empleo -como en cualquier otro ámbito- conlleva la pérdida de salario. ¡Él es juez! Además, asegura que tiene la conciencia muy tranquila y que sabe que no ha cometido delito alguno. No se puede esperar otra cosa de quien cuenta con antecedentes sobrados -en causas de divorcios, parejas homosexuales, adopciones...- de que su forma de ejercer la jurisdicción esta basada más que en los códigos, en la Biblia y «Camino», sus dos libros de cabecera según él mismo manifiesta.

Una o un juez que no decide en base a la ley, sino por sus creencias, opiniones morales o ideología representa un peligro público. Y no en abstracto, sino de manera muy concreta para la ciudadanía. Lo grave es que éste es el pan de cada día, y así nos encontramos con que la judicatura tiene el campo libre para confundir la ley con sus prejuicios, lesionando gravemente los derechos de la o el ciudadano afectado por sus decisiones.