En su comparecencia anual ante la Asamblea General, el relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Lucha Antiterrorista, Martin Scheinin, reclamó la pasada semana que la legislación española proscriba la incomunicación de los detenidos. Scheinin vino en mayo a España a hacer una visita de inspección y dice que apreció mejoras y avances estimables, pero sigue señalando ese punto negro. Subraya que la incomunicación no tiene sentido si el interrogatorio policial se va a realizar con pleno respeto a los derechos del detenido (incluyendo, claro está, el derecho a no declarar en su contra) y añade que la abolición de ese recurso protegería a los propios funcionarios policiales de acusaciones infundadas de malos tratos.

Puesto en plan tiquismiquis, yo le plantearía tres objeciones a Scheinin. La primera, que hay fases del periodo de detención en las que el arrestado está forzosamente a merced de la Policía (...). Ante eso, la única solución eficaz sería que se instalaran cámaras que grabaran también lo que sucede fuera de las dependencias donde se practica el interrogatorio oficial. La segunda, que la lógica de su razonamiento le debería llevar también a reclamar que los periodos de detención policial no se alarguen tanto como se alargan. Si el detenido tiene derecho a no declarar en su contra y lo ejerce, ¿a cuento de qué tenerlo sin conducirlo al juez días y más días? El hábeas corpus se instituyó para eso. Y la tercera: en España los funcionarios policiales no necesitan ser protegidos de acusaciones de malos tratos, dado que, cuando se producen, ni sus superiores ni los jueces las toman en cuenta. (...)

Pero, aunque la propuesta del relator especial de la ONU se quede corta, tenerla en cuenta representaría un considerable avance garantista sobre la situación actual.

¿Qué ha contestado el Gobierno español? Nada. No es sólo que no tenga nada que decir; es que, además, nadie le reclama que lo diga. Un chollo.