En los últimos años, el aumento de adolescentes que son condenados a penas de internamiento en centros de menores ha aumentado de manera significativa en Hego Euskal Herria, llegando a un punto en el que la masificación «obliga» a las autoridades a construir más reformatorios, que a su vez vuelven a llenarse en poco tiempo. Los datos son significativos; en la CAV, en 2001 eran 63 los menores que cumplían condena en ese tipo de centros, mientras que en 2007 ya eran 183. Las razones de este fenómeno pueden ser variadas, aunque el responsable de la asociación Salhaketa, Cesar Manzanos, apunta directamente al endurecimiento de las penas contra menores; «En la medida que se han ido abriendo nuevos centros, ha habido una tendencia de aplicar medidas de internamiento, por lo que lógicamente, esos centros han ido llenándose, llegando incluso al hacinamiento».

Según denuncia Manzanos, el Sistema de Justicia Juvenil del Estado español «funciona con los mismo parámetros que la justicia de adultos, es decir, en vez de priorizar la reinserción de los penados, se limita a potenciar la penalización, por lo que se recurre al internamiento y a la política de construcción de más centros para menores». En ese sentido, hace responsable directo al Gobierno de Lakua de esta situación, ya que es quien tiene las competencias en materia de ejecución penal de internamiento de menores. «Lo que está claro es que se deberían dejar de construir más centros que sólo generan la emisión de más condenas de internamiento, que por lo general, no ayudan a la reinserción de los chavales».

En claro contraste con esa idea, en los últimos tiempos los Ejecutivos de Gasteiz e Iruñea se han dedicado a pontenciar la ampliación de los reformatorios ya existentes o la construción de nuevos. Es el caso del centro de menores de Ilundain Haritz-Berri, situado en el Valle de Aranguren, y único con esas características en Nafarroa. En estos momentos alberga a cerca de 90 chavales, aunque las obras del nuevo recinto anexo que ampliará las actuales instalaciones ya ha comenzado y se prevé que concluyan para el año 2010. El Gobierno de Miguel Sanz ha invertido más de 4.800 millones de euros en este proyecto.

Al igual que en otras tantas penitenciarías juveniles, el centro de Ilundain también está gestionado por un empresa privada, en este caso por la Fundación Ilundain Haritz-Berri. Su presidente, Eugenio Lekunberri, que lleva al frente del proyecto desde que se pusiera en marcha hace más de seis años, señala que el centro ha experimentado «un gran incremento» de su población en los últimos años, estando prácticamente «al límite» de su capacidad. «Hemos llegado a un punto en el que no podemos acoger a más chavales, no hay espacio material. Esperemos que las obras del nuevo centro terminen cuanto antes, porque actualmente las limitaciones son muy considerables».

En estos momentos, doce menores permanecen internados cumpliendo medidas judiciales, la gran mayoría en régimenes abiertos y semiabiertos. El lugar también alberga al denominado Centro de Observación y Acogida, al que llegan chavales con graves problemas de desarraigo familiar, un centro de chicas, así como una escuela-taller a donde son enviados los menores de 14 a 16 años que han causado problemas en sus centros escolares. Además, otros cerca de 40 menores toman parte en un programa concertado entre la Administración navarra y el centro para chicos «problemáticos».

Relación educador-interno

Lekunberri explica que los trabajadores sociales, educadores y sicólogos que trabajan en el centro tratan de ayudar a los adolescentes a encauzar sus vidas, algo que califica como «un trabajo difícil y costoso, pero a la vez muy gratificante, porque vamos siguiendo su evolución día a día». «Son muchachos que llegan aquí con el autoestima por los suelos, casi todos habiendo fracasado en el colegio y con la idea de que no tienen capacidad ni talento para nada. Nuestra labor consiste en motivarlos poco a poco y hacerles ver qué, a pesar de haber cometido algún error en su vida, tienen todo el tiempo del mundo por delante para tomar la buena senda y ser personas de provecho».

En esa línea, matiza que más allá de centrarse en medias meramente penales o restrictivas, la fundación Ilundain Haritz-Berri se encarga de llevar adelante y coordinar una iniciativa que tiene como objetivo «la inserción social y laboral de chicos y chicas, que, por su entorno o circunstancias personales, han tenido una serie de problemas y dificultades que ahora deben encauzar».

El portavoz de Salhaketa, sin embargo, denuncia que la cesión pública de la labores de gestión a empresas o fundaciones de carácter privado no suele estar relacionada con la contratación de personal cualificado. «Tanto el Gobierno navarro como el de Gasteiz tienen la política de dejar la gestión del centro en manos de fundaciones privadas, algo que en muchas ocasiones, con afán de recortar gastos, deriva en la contratación de personal no muy cualificado. En algunos casos hemos constatado abusos de poder por parte de los trabajadores o graves conflictos dentro de los centros», critica Manzanos, que detalla episodios violentos entre adolescentes y vigilantes o educadores «con poca paciencia». «Hemos recibido denuncias de palizas y fuertes castigos físicos por parte de los encargados de algunos centros».

En esa misma dirección se expresa el joven donostiarra Altzibar Valderrama, quien conoce bien los entresijos y las condiciones de vida de esas penitenciarías para jóvenes, ya que pasó en uno de ellos tres años de su vida, desde los 17 hasta los 20 años. En aplicación de las medidas excepcionales a las que pueden ser sometidos los menores vascos desde la aprobación de la Ley Orgánica 7/2000, Valderrama, pese a no contar con la mayoría de edad, en febrero de 2003 fue detenido e internado en el madrileño centro de menores de Los Rosales, a más de 440 kilómetros de su Donostia natal.

Según explica el joven del barrio de Intxaurrondo, en aquel centro juvenil, «tanto las condiciones de vida, como la propia estructura del recinto eran muy parecidas a las de una prisión de adultos». «De hecho, Los Rosales está en el lugar donde hasta hace unos años se ubicaba la antigua cárcel de mujeres de Carabanchel; con las mismas celdas, mismos módulos e idénticas alambradas de diez metros de altura». Respecto al trato recibido por parte del personal del centro, denuncia que era «totalmente restrictivo, nos trataban como a niños de doce años. Si no nos portábamos bien en la mesa o consideraban que no habíamos rendido lo suficiente jugando a fútbol, nos castigaban».

En ese sentido, recuerda cómo, ante el más mínimo imprevisto o problema, los vigilantes no dudaban en aplicar la violencia de manera contundente. «Cuando algún chaval se ponía un poco nervioso, enseguida llamaban a los guardias de seguridad, que lo reducían y esposaban de malas maneras. Yo he visto cómo a algún chico lo tuvieron un día entero esposado a la cama, eran castigos físicos muy duros».

Es más, Valderrama constata que algunos de los trabajadores sociales del centro llegaban a abandonabar su puesto de trabajo al ver el trato que allí se dispensaba a los internos. «Ellos entraban al reformatorio pensando que podrían llevar adelante una labor social con los chavales, ayudándoles a salir de sus problemas y a poder encauzar sus vidas. Sin embargo, pronto se daban cuenta de que sólo se aplicaban medidas restrictivas y castigos contra los internos, al igual que hace cualquier carcelero en una prisión de adultos», relata.

Una ley especial para menores vascos

Los castigos atribuibles a los menores en el Estado español están reguladas por la ley orgánica 5/2000, en la que se incluyen las 14 medidas judiciales según la gravedad del delito. Dentro de esa misma ley, la LO 7/2000 heredada del Gobierno de Aznar impone unas medidas excepcionales para los jóvenes vascos, creando una «legislación especial antiterrorista» para estos menores, diferencíandolos de otros. Esto ha generado que desde su puesta en marcha hace ocho años, más de una decena de menores de Hego Euskal Herria, tras pasar dos días incomunicados en manos de las FSE, hayan sido enviados a la Fiscalía de Menores de la Audiencia Nacional española, llegando a ser recluidos en centros de menores de Madrid en régimen cerrado durante años.

A pesar de haber pasado ya más de dos años desde que fuera puesto en libertad, Valderrama guarda muy reciente en su memoria cómo nada más entrar en el reformatorio, desde la Fiscalía de Menores se alertó a los trabajadores de qué tipo de medidas especiales debían aplicar contra los jóvenes vascos. «Al igual que en las prisiones españolas, allí tenían las órdenes de separarnos entre nosotros, poniéndonos en diferentes módulos. Además, tampoco nos dejaban leer libros sobre política. Tenían muy claro que nosotros eramos unos reclusos diferentes al resto, y por ello sufríamos si cabe más restricciones que el resto de chavales».

Pero, además, tanto Valderrama como el resto de los jóvenes vascos que han estado presos en reformatorios madrileños, en la mayoría de los aspectos se han visto más perjudicados que protegidos por su condición de menores. Por ejemplo, únicamente tenían derecho a establecer dos comunicaciones telefónicas semanales con el exterior -en las prisiones de mayores permiten efectuar más llamadas- y los fines de semana sólo podían reunirse durante 45 minutos con dos de sus familiares, con la condición además, de tener que ser siempre el padre o la madre una de las personas que asistiera a la visita. «Por un lado teníamos las restricciones propias por nuestra condición de menores, a las que nos añadían la dispersión y las medidas excepcionales derivadas de nuestra condena política».

Respecto a su relación con el resto de internos, constata que era «bastante buena» e incluso existía una cierta «admiración por nuestra lucha y actitud rebelde». «Ellos veían que nosotros estabamos allí debido a un conflicto político, y nos respetaban», concluye el joven donostiarra.