Behatokia se felicita por el informe de la ONU y llama a seguir trabajando
El colectivo de abogados Behatokia valora positivamente el informe de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el Estado español, sobre todo las recomedaciones de suprimir la incomunicación y restringir la interpretación del término «terrorismo». No especula si se harán cumplir o no, pero remarca que Madrid sufre cada vez más presión por parte de la comunidad internacional.
Maider IANTZI |
El informe final del Comité de Derechos Humanos de la ONU, fechado el jueves, es, en opinión de Behatokia, un reconocimiento a las víctimas de las vulneraciones de los derechos humanos políticos y sociales, un tributo a las personas que están presas por desarrollar un trabajo público y transparente. Pero, más allá del reconocimiento, el colectivo de abogados piensa que se deben dar pasos en la reparación, trabajar para que no se repitan las conculcaciones, pasar a la acción. En ese sentido, el documento de Ginebra es para ellos una herramienta relevante y eficaz que hay que hacer pública.
Iratxe Urizar, Edurne Iriondo, Didier Rouget y Julen Arzuaga son miembros de Behatokia y han participado en los debates del Comité de la ONU, mostrando sus preocupaciones y presentando críticas. Esta comisión estudia si los estados cumplen el pacto de los derechos civiles y políticos. Esta vez, ha publicado dos informes en apenas cuatro meses, uno sobre el Estado francés y otro sobre el español.
El Estado francés
El primer informe de las Naciones Unidas se dio a conocer el pasado julio y se refiere a la situación de los derechos humanos en el Estado francés. Didier Rouget explicó que la primera valoración que hace el Comité es que en ese estado juridícamente no pueden existir otros pueblos que el francés, con la Constitución no hay derechos para las minorías y los pueblos. Recomienda al Gobierno cambiar su posición con los derechos de las minorías y los pueblos. Por otro lado, en el marco de la «legislación antiterrorista», existe la incomunicación, la prisión preventiva (que puede durar hasta cuatro años y ocho meses) y otra nueva categoría de detención que se llama detención de seguridad. Se trata de una acción preventiva contra «una persona que por sí mismo representa un ataque contra la seguridad». Estas personas pueden estar en centros de castigo o sufrir medidas particulares como pulseras de control que permiten a la Administración castigar durante años y años. «Es muy importante porque es un modelo que se puede imitar en otros estados», advirtió Rouget.
Opina que las recomendaciones de la ONU son juridicamente muy claras y que el Estado francés debe ponerlas en práctica. Cabe la posibilidad de hacer un seguimiento para ver si efectivamente se aplican.
Sobre el Estado español, Julen Arzuaga subrayó la conminación a restringir la interpretación del término «terrorismo», así como la recomendación de proteger los datos personales y de suprimir definitivamente la incomunicación, que lejos de reducir el periodo, como se pedía en 1996 se ha prolongado hasta 13 días. Los expertos de la ONU no encuentran justificación para la incomunicación y advierten de que va muy unido a la tortura, por lo que piden medidas de prevención y mecanismos de control.
Behatokia remarca que del informe se extrae la siguiente conclusión: «En el Estado español se conculcan derechos civiles y políticos, especialmente en relación al conflicto con Euskal Herria»
La izquierda abertzale de Bilbo presentará en los próximos días una moción al Pleno del Ayuntamiento para que exija a los gobiernos de Madrid y Lakua que cumplan las resoluciones del Comité de DDHH de la ONU.
Behatokia enmarcó los informes sobre los estados español y francés dentro de toda una acumulación de documentos: el que realizó el Relator Especial de la ONU para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, Martin Scheinin; los trabajos de los Abogados Demócratas Europeos; del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa... Julen Arzuaga declaró que el Estado español siente el marcaje de la comunidad internacional, las Naciones Unidas le interpelan y le piden que cumpla todas estas medidas. «La presión será cada vez mayor. Ellos deciden seguir con la involución democrática o adoptar medidas para la democratización», indicó. Behatokia lo tiene claro: se compromete a hacer un seguimiento y a continuar trabajando junto con otros organismos para lograr que las recomendaciones se lleven a la práctica.
