El pasado viernes varios activistas contra el Tren de Alta Velocidad paralizaron las obras de la línea en tres puntos de la misma. Fue una sorpresiva acción que denunciaba el proyecto en sí y la dinámica desarrollista de grandes infraestructuras que las administraciones de Euskal Herria presentan como beneficiosas e incluso necesarias para los ciudadanos de este país. Afirmación demostradamente peligrosa, cuando a aquellos a los que se dice beneficiar se les hurta el debate e incluso la información acerca de proyectos tan importantes desde cualquier punto de vista.

Es clara la preocupación y contestación social frente al TAV en todos los territorios de Euskal Herria. Los ciudadanos desconocen sus supuestas bondades -no así las entidades privadas que participan en el proyecto- pero, gracias al trabajo y el tesón de colectivos sociales, van conociendo los perjuicios medioambientales, económicos y sociales constatables, especialmente para los entornos afectados por la línea de alta velocidad y sus habitantes. Las consultas realizadas en varias localidades, tanto en Hego como en Ipar Euskal Herria, han arrojado un resultado inequívoco en su rechazo, pero ello tampoco han sido motivo suficiente para activar un debate en torno a las vías de comunicación e infraestructuras, un debate, en definitiva, sobre un modelo verdaderamente sostenible y beneficioso para la sociedad vasca y, por tanto, para el medio ambiente. En Lapurdi tuvo lugar un debate en torno a la nueva línea de TAV, pero ni los sólidos argumentos de numerosos colectivos sociales ni, en efecto, los rechazos en los plebiscitos realizados fueron impedimento para que la administración decidiera dar luz verde al proyecto. El reportaje que hoy recogen las páginas de GARA refleja las consecuencias de la «Y» vasca a su paso por el pequeño pueblo alavés de Urbina, primero en realizar una consulta popular sobre el proyecto del TAV y primero en rechazarlo. Las consecuencias de las obras son demoledoras tanto en la contemplación del entorno como en la vida de los habitantes de ese pueblo que otrora gozaba de gran tranquilidad.

Quienes, como ellos mismos preveían, vieron frustrada la posibilidad de consultar a una parte de los vascos sobre la capacidad de decidir su futuro y hasta hace una semana acusaban al Estado español de «alambrar» los derechos de los vascos han respondido a las peticiones de consulta popular sobre el TAV con la misma alambrada.

El proyecto de alta velocidad, al igual que el resto de infraestructuras descomunales en proyecto o en ejecución, es presentado como imprescindible para el desarrollo del país. Tan imprescindible como hace 30 años afirmaban que era la central nuclear de Lemoiz, si bien hoy comparten reivindicación con quienes entonces hicieron frente a la denostada central y en la tarde de ayer recorrieron las calles de Gasteiz para exigir el cierre de la central nuclear de Garoña, promesa incumplida del PSOE, el cual esta misma semana, junto al PP, ha rechazado en el Congreso y el Senado españoles que ambas cámaras manifiesten su rechazo a la prórroga de la licencia de la central, cuya actividad debería haber cesado hace ya nueve años y pretende continuar durante diez más merced a la prórroga que el Consejo de Seguridad Nuclear podría recomendar. Sin embargo, el hecho de que el PNV exija a Madrid el cierre de esa central no puede obviar el lugar que ese asunto ocupa en su agenda, toda vez que en las recientes negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado con el PSOE trató incomprensiblemente de transferencias de competencias de obligada aplicación por ley y de cuestiones tan «vitales» para los ciudadanos del tercio autonómico como la jubilación de los ertzainas. De un asunto que cada vez se revela más peligroso, y hablamos de la salud de los ciudadanos, al parecer, no tuvieron tiempo de hablar, a pesar de que el cierre de Garoña es una exigencia ciudadana mayoritaria y por mínima decencia democrática no se debería demorar.

Dejar gobernar a cambio de gestionar

El PNV, pues, no habló de Garoña en su negociación, pero, consciente de lo que da de sí el marco vigente en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, lo mismo que en el resto de territorios de Euskal Herria, anunció su «nueva» estrategia de cara a las elecciones del año próximo. A semejanza del Concierto Económico, el «concierto político», ese sistema «de garantía recíproca», no es sino aceptar esa limitación del marco jurídico y político que deja claro que el único poder de decisión se encuentra en Madrid. Tras la colorida despedida a la Ley de Consulta hace una semana, dejando clara la funcionalidad meramente electoral de la misma, la nueva propuesta del partido jeltzale, si bien se presentará revestida de potencialidades sencillamente inexistentes, consiste en dejar gobernar a cambio de gestionar.

La manida consulta supuestamente aspiraba a resolver un conflicto que esta semana se mostraba crudamente con el atentado contra la Universidad del Opus y las detenciones en Nafarroa, denuncias de torturas incluidas, cuestión que ha merecido la censura del Comité de Derechos Humanos de la ONU al Estado español; un conflicto que la nueva propuesta jeltzale parece obviar. Lo mismo que la irresponsabilidad de quienes por toda solución al mismo ofrecen la condena estéril.