JUICIO A LA DENUNCIA DEL «APARTHEID POLÍTICO»
Piden cárcel e inhabilitación para el edil de ANV en Iruñea Mikel Gastesi
Dos años y nueve meses de cárcel e idéntico tiempo de inhabilitación es la condena que puede sufrir el edil de la izquierda abertzale en Iruñea Mikel Gastesi por denunciar en el Ayuntamiento la clausura de su despacho. Hay otros diez imputados, entre ellos incluso dos periodistas.
Ramón SOLA | IRUÑEA
La pasada semana, una vecina de Lizartza fue condenada a cuatro años de cárcel por una protesta contra la ilegalización de la izquierda abertzale. Y ahora es un concejal de Iruñea el que podría entrar en prisión por otra denuncia del «apartheid político». Se trata de Mikel Gastesi, contra quien la Fiscalía pide una condena de dos años y nueve meses de cárcel acusado de acceder pacíficamente a su despacho, que había sido clausurado unas horas antes por el equipo de gobierno que dirige Yolanda Barcina (UPN).
Ocurrió el 18 de junio, y por este caso se sentarán en el banquillo otros ocho militantes de la izquierda abertzale -a los que se piden dos años de cárcel- e incluso dos periodistas que cubrieron la noticia para GARA.
A todos ellos se les imputan «desórdenes públicos» en distinto grado, pero a Gastesi se le intentará aplicar también el tipo de «desobediencia grave a la autoridad». Para ello, la Fiscalía esgrime que entró al despacho que correspondía a su grupo y en el que aún tenían todos sus enseres y materiales de trabajo.
El Ministerio Público argumenta que todos los acusados entraron al Ayuntamiento sin autorización, «haciendo caso omiso de las indicaciones de los agentes de la Policía Municipal». A los ocho acompañantes de Gastesi se les espeta que mostraron en los pasillos una pancarta con el lema «Iruñean demokrazioa zero». Y a dos de ellos -Piru Zabaltza y Gorka Mayo-, que pretendieron entrar en el despacho junto al concejal.
Acción pacífica
Del propio relato de hechos de la Fiscalía se desprende que fue una acción totalmente pacífica. Así, explica que cuando fueron requeridos para abandonar el Ayuntamiento «todos se negaron, sentándose en el suelo salvo Asier Velez de Mendizabal y Lander Fernández de Arroyabe», es decir, los dos periodistas de esta casa que cubrían la acción.
Pese a que la protesta no tuvo más trascendencia, el Juzgado de Instrucción número 4 y la Fiscalía han optado por tipificar los hechos como delito y no como falta, que era lo que se podía prever inicialmente.
Escalada
Este proceso es el último episodio de una cadena de agresiones in crescendo a los dos ediles de la izquierda abertzale por parte del Ayuntamiento de UPN. Primero se les arrebataron los cargos paramunicipales, luego el derecho a usar la Sala de Prensa (tras el litigio sobre las banderas), más tarde se disolvió su grupo, y finalmente se les dejó sin despacho o sin correo electrónico.
La pasada semana, la alcaldesa Barcina volvía a incidir en que no es aceptable que el Consistorio de Iruñea sea el único de una capital en el que hay concejales legales de la izquierda abertzale.
Ante la acusación de la Fiscalía a nuestros compañeros
Ante el escrito de acusación de la Fiscalía contra nuestros compañeros Asier Vélez de Mendizabal y Lander Fernández de Arroyabe, en el que se les solicitan cinco meses de prisión, los comités de empresa de Baigorri Argitaletxea (editora de GARA) y de Argazki Press (agencia de fotografía) quieren señalar lo siguiente:
A) Que nuestros compañeros Asier Velez de Mendizabal y Lander Fernández de Arroyabe acudieron el 17 de junio de 2008 al Ayuntamiento de Iruñea a cubrir un acto de protesta de evidente interés informativo.
B) Que Asier Velez de Mendizabal y Lander Fernández de Arroyabe entraron en las dependencias del Ayuntamiento de Iruñea. Ambos cuentan con la acreditación correspondiente en los servicios de prensa municipales. Su labor se limitó a las tareas propias de la labor informativa y no participaron en ninguna protesta. El propio fiscal reconoce que Lander Fernández de Arroyabe realizó numerosas fotografías de los hechos que se estaban registrando en el Ayuntamiento y que ambos acudieron al lugar a informar de lo que estaba sucediendo.
C) Que en la comparecencia que realizaron ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Iruñea quedó perfectamente acreditado lo expuesto anteriormente. Es decir, que Asier Vélez de Mendizabal y Lander Fernández de Arroyabe acudieron al Ayuntamiento de Iruñea a cubrir una información y que no participaron en ninguna protesta. Prueba de ello es que en la edición del día siguiente del diario GARA se publicó una información sobre estos hechos.
Por todo ello, consideramos que la acusación del fiscal supone una amenaza para el derecho a informar, por lo que mostramos nuestra solidaridad a nuestros compañeros.
Comité de empresa de Baigorri Argitaletxea S.A. (Editora de GARA)
Comité de empresa de Argazki Press (Agencia de fotografía)
-Con la adhesión de
Comité de empresa de Astero (Cuadernillos)
Comité de empresa de Euskal Prensa (Publicidad)
La denuncia inicial de la Policía Municipal de Iruñea, la tramitación del juez instructor y la petición final de la Fiscalía han hecho que finalmente dos periodistas de esta casa se sienten en el banquillo de los acusados por informar de la acción, cuestión de la que no existen precedentes conocidos.
El primer paso lo dio la Policía Municipal con un atestado en el que se ubicaba al redactor de GARA Asier Velez de Mendizabal y el fotógrafo de Argazki Press Lander Fernández de Arroyabe como miembros del grupo que realizó la protesta. En cualquier caso, en esta denuncia se admitía también que ambos son periodistas de GARA y que, lógicamente, no se tumbaron en el suelo cuando sí lo hizo el resto de personas allí presentes al ser conminados a abandonar el Ayuntamiento.
Pese a la evidencia de que se encontraban realizando su labor profesional con normalidad total, el juez instructor del caso, Edilberto Esteban Iglesias, dio continuidad al despropósito manteniendo a ambos dentro del grupo de imputados, sin citar siquiera su condición de periodistas. Así lo hizo en un auto emitido el 7 de octubre y que daba paso a la celebración del juicio oral. Anteriormente, en las diligencias previas, tanto Velez de Mendizabal como Fernández de Arroyabe certificaron que estaban allí para cubrir informativamente la protesta, igual que hacen con otros actos en el Ayuntamiento, donde están perfectamente acreditados. De hecho, la información fue publicada en el GARA del día siguiente, como se puede ver en la imagen superior.
Tanto la defensa de los dos periodistas como sus compañeros no albergaban dudas de que ambos serían sacados del procedimiento, pero sin embargo el juez los ha mantenido hasta la celebración de la vista oral.
Cabía la última opción de que el fiscal no presentara acusación contra los periodistas, pero tampoco ha sido así. El escrito conocido ayer les aplica una figura desconocida hasta el momento: la de «cómplices» de un delito de «desórdenes públicos», por lo que se proponen para ellos cinco meses de cárcel.
Para sustentar esta imputación, la Fiscalía inventa una tesis: Habla de que los participantes y los periodistas actuaron «de común acuerdo y con la voluntad de alterar el normal funcionamiento de la Casa Consistorial».
Sentada esta premisa, el Ministerio Público presenta como indicios delictivos datos como que Lander Fernández de Arroyabe obtuvo «gran número de fotografías de los intervinientes y del interior del despacho precintado». Y extrae como conclusión, supuestamente punible, que el redactor y el fotógrafo «se encontraban en el lugar para dar la máxima publicidad posible a estos hechos».
Tras la protesta, la Policía Municipal de Iruñea requisó tanto la cámara del fotógrafo de Argazki Press como las imágenes obtenidas, que a día de hoy siguen sin ser recuperadas.
