Representantes de diversos organismos sociales de Araba anunciaron ayer la constitución de una plataforma contraria a la construcción de la macrocárcel de Zaballa, enclave situado en Iruña Oka donde las máquinas trabajan a destajo desde hace meses. El primer objetivo de esta iniciativa, de hecho, es lograr la paralización de los movimientos de tierras previos a la construcción de la cárcel, que afectan ya a un espacio equivalente a ochenta campos de fútbol y que se están desarrollando sin los permisos preceptivos y saltándose la normativa urbanística y medioambiental.

César Manzanos, de Salhaketa, y Andrés Illana, de Ekologistak Martxan, intervinieron en nombre de los convocantes, y expresaron su preocupación por las consecuencias que la construcción de esta macrocárcel va a tener, tanto en el modelo de ejecución penal y prevención del delito que se quiere impulsar desde las instituciones como en el modelo de desarrollo territorial en este herrialde.

«Territorio carcelario»

«Araba se va a convertir en un territorio carcelario», advirtió Manzanos en una comparecencia en la que fue especialmente crítico con las instituciones, especialmente con la Diputación alavesa y el Gobierno de Lakua, a los que acusó de ambigüedad y de no hacer nada para lograr la paralización de las obras. Se trata de unos trabajos que, según explicó, dieron comienzo partiendo de un permiso para desbrozar árboles en la zona, y a los que nadie parece poder poner freno ya.

Respecto a las instituciones, el representante de Salhaketa recordó que el Ejecutivo autonómico tiene competencias en materia de medio ambiente y de justicia, y que la Diputación tiene también margen para actuar a través de los departamentos de Medio Ambiente y Urbanismo. Y, ante la ausencia de acciones concretas, se preguntó «a qué intereses políticos responde esta actitud ambigua» por parte de instituciones que «se supone que están en contra» de la macrocárcel.

Ante esta situación, les reclamó que dejen de «echar balones fuera» y valoró que es posible parar las obras, bien a través de un recurso contencioso o incluso apelando a la figura de delito ecológico.

Asimismo, anunció que los organismos que componen la plataforma van a desarrollar acciones conjuntas, tanto en el ámbito político y judicial como en la movilización ciudadana.

También Illana censuró la «dejadez» de la Administración, e incluso apuntó que «nunca nos hemos encontrado con tal indefensión». El portavoz ecologista explicó que los promotores de la cárcel «se han saltado todas las normativas», ante lo que desde el Gobierno de Lakua se han limitado a enviar un escrito a Instituciones Penitenciarias para pedirle que paren las obras. «Nada más», criticó.

También consideró «lamentable» la actuación de la Diputación, ya que, a su parecer, hay motivos de sobra para presentar un recurso. «Tenían que haber dado un puñetazo en la mesa y decir que esto es ilegal y hay que pararlo ya», apostilló.

A este respecto, informó de que las obras de la macrocárcel van contra las normas subsidiarias de Langraiz y el PTP de Araba central, y que ni siquiera se ha hecho una evaluación de impacto ambiental, algo que resulta «fundamental».

Señaló también que el Parlamento de Gasteiz ya adoptó una resolución contra el tipo de macrocárceles como la que quieren construir en Zaballa, y al alcalde de Iruña Oka, Javier Martínez (PSE), le acusó de falsear la realidad, ya que «no se va a cerrar la actual cárcel» de Langraiz.

«El negocio de la cárcel»

Tras volver a tomar la palabra, Manzanos se refirió a la paradoja que supondría, en caso de seguir adelante con este proyecto, que en Araba hubiera en un futuro 3.000 personas encarceladas, mientras la mayoría de los presos domiciliados en este herrialde -unos 500- se hallan en otras cárceles del Estado.

Para el representante de Salhaketa, detrás de este modelo de ejecución penal está «el negocio de la cárcel», del que constructoras de ámbito internacional -una empresa norteamericana tiene la adjudicación de las obras de Zaballa- obtienen jugosos beneficios. «Esto es una obscenidad», concluyó antes de valorar que «no hay que buscar que haya más cárceles, sino menos personas presas».

Manifiesto constituyente

Los impulsores de esta plataforma, que pretende ser «lo más plural y amplia posible», y que busca también la implicación de instituciones, partidos, sindicatos y personas a título individual, están ultimando un manifiesto contrario a la macrocár- cel, cuyo borrador trasladaron ayer a los medios.

Entre los organismos que de momento secundan esta iniciativa se hallan Ekologistak Martxan, Eguzki, Salhaketa, la Pastoral Penitenciaria, Etxerat y el movimiento pro-amnistía.

En el manifiesto, que parte del análisis que varias asociaciones hacían hace dos años sobre la construcción de macrocárceles en Euskal Herria, denuncia entre otras cuestiones que «no se ha tenido en cuenta una vez más la opinión de quienes viven en el municipio de Iruña Oka antes de poner en marcha un proyecto de esta envergadura», y que tampoco, «desde un punto de vista de desarrollo sostenible y medioambiental se han hecho, que sepamos, los pertinentes informes evaluando los impactos ecológicos y humanos de estos proyectos».

Asimismo, se afirma que «la política del actual gobierno de construir macrocárceles y, en general, de construir nuevas prisiones, responde a un modelo que en lugar de buscar la creación de condiciones para que haya menos personas recluidas mediante el impulso de políticas de incorporación social, apuesta por mantener la penalización y el encarcelamiento como la respuesta fundamental, por no decir la única, a los conflictos sociales, que está en el origen del incremento desmesurado de la población presa».