Una amplia representación de organismos sociales alaveses exigieron ayer la paralización de las obras de la macrocárcel de Zaballa, en el término de Iruña Oka. Para certificar hasta qué punto este proyecto es merecedor del apelativo de «macro», basta saber que el movimiento de tierras que se está llevando a cabo de forma previa a la construcción afecta a una superficie equivalente a ocho campos de fútbol; que el futuro centro penitenciario contará con 876 celdas dobles y una población de cerca de 2.000 personas, con las que se convertirá en el quinto núcleo poblacional del territorio; y que la fachada de la cárcel se elevará doce metros sobre el suelo, altura que se incrementa hasta los 43 metros en el caso de la torre de vigilancia.

Las magnitudes de proyecto responden de forma mimética al espíritu de la política penitenciaria que lo sostiene. Lejos de dirigir la actuación pública a reducir el número de las personas privadas de libertad, a través de programas de incorporación social, la respuesta fundamental y casi única del Gobierno español es la construcción de nuevas cárceles. Más represión, nula prevención. Una receta que se ha demostrado ineficaz para solucionar el problema, pero que, en todo caso, sigue engordando los bolsillos de la potente estructura empresarial dedicada a levantar estos gigantes de la reclusión.

La ecológica no es una vertiente menor en este asunto. Ya desde la fase de movimiento de tierras en la que se halla el proyecto -sin los permisos urbanísticos preceptivos-, se pueden contabilizar serias afecciones al entorno, que dañan hábitats catalogados como de Interés Prioritario. Después vendrá la construcción de grandes carreteras de acceso, un centro de transformación eléctrica y una depuradora de aguas residuales que dejarán irreconocible la zona. Y es en este contexto en el que se hace más incompresible la pasividad de las administraciones vascas -Ejecutivo de Lakua y Diputación alavesa-, que tienen en su mano la paralización de las obras pero prefieren mantenerse en un cómodo margen.