Apurando el trámite de audiencia concedido por el Gobierno de Lakua, Izate -asociación medioambiental que integra la Coordinadora Anti-Coke- presentó el miércoles su escrito de alegaciones, en el que recoge once argumentaciones para solicitar la paralización de la tramitación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) del proyecto de URF. El colectivo naturalista y Petronor, por decisión «salomónica» de la Viceconsejería de Medio Ambiente, son las dos partes implicadas en la resolución del expediente.

En sus alegaciones, Izate reclama su paralización hasta que la autorización ambiental de la refinería no se haga definitiva. Recuerda que Petronor tan sólo dispone, desde el 6 de mayo, de una «autorizacion condicionada» o de «eficacia diferida», pendiente de que cumpla una serie de requisitos «sobre los que no se ha acreditado, hasta la fecha, su cumplimiento».

Menciona que, hasta que no se resuelva este complejo expediente administrativo, cuyas irregularidades han derivado en nuevas iniciativas ante los tribunales -también ante la Comisión Europea- Lakua no puede pronunciarse acerca de la autorización para la planta de coque.

En caso de no ser atendido tal argumento, el colectivo demanda que le sea otorgada al proyecto de URF una declaración de impacto ambiental negativa por las irregularidades cometidas por la compañía que preside Josu Jon Imaz. Además, aclara que la propuesta de resolución del Gobierno de Gasteiz no es una declaración de impacto ambiental, «y por lo tanto el procedimiento de evaluación no puede considerarse finalizado».

Izate explica que esta declaración no ha sido emitida antes de la autorización de obra, sino simultáneamente, «algo que no es correcto en estos trámites administrativos». Apostilla que la firma petrolera no ha clarificado las medidas que va a adoptar para proteger el medio natural.

Tampoco considera correcto que en el procedimiento para obtener la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de la planta de coque, al que se presentaron más de 7.000 alegaciones, se solape otro para la obtención de la AAI. Las irregularidades, en su opinión, se extienden a que el expediente en curso no sólo afecta a la URF sino también a una planta de cogeneración de energía eléctrica de la refinería.

La asociación medioambiental estima que no es posible sumar ambos proyectos, una vez que la planta de cogeneración no cuenta con actuación administrativa previa alguna.

En el cúmulo de irregularidades detectadas por el colectivo opositor a la planta de coque, se indica que el proyecto de Petronor no dispone del «preceptivo« informe urbanístico emitido por el Ayuntamiento de Muskiz, deficiencia señalada ya por los responsables municipales en sus previos informes a Lakua.

La asociación que forma parte de la Coordinadora Anti-Coke denuncia que hay anexos de la EIA que no son públicos, por lo que no pudieron ser analizados, con el agravante de que es necesario disponer de dicha información pues son citados en el documento. «Por mucho que se justifique con el carácter confidencial de esa documentación, la realidad -subrayan- es que no se permite conocer todo el proyecto, por lo que se produce una indefensión para los vecinos y personas interesadas».

A pesar de que, según Izate, la legislación obliga a que en el caso de instalaciones como la planta de coque se aporte un estudio de alternativas de localización, la filial de Repsol no lo hace al esgrimir que es una nueva unidad de la refinería. «Este es otro error grave del EIA que no debería ser pasado por alto», remarcan en su escrito.

La localización de la URF, a escasos metros del área protegida de la ría del Barbadun, preocupa al organismo medioambiental, que entiende que Petronor debe evaluar si su proyecto es perjudicial para ese espacio. Es más, Izate acusa a la compañía que preside el ex presidente del PNV de querer «disimular» el fuerte impacto ambiental en Meatzaldea «con la argumentación de que en términos globales mundiales será beneficioso».

Otro de los documentos que echan en falta, es un informe que analice la exposición actual de miles de vecinos de Abanto, Muskiz y Zierbena, municipios donde se asienta la refinería, a concentraciones de sustancias tóxicas y peligrosas y la repercusión de la apertura de la URF.