Estudio de LAB sobre las condiciones de vida de los mayores
Más de la mitad de los pensionistas vascos vive en situación de pobreza
La mitad de los pensionistas vive por debajo del umbral de la pobreza en Euskal Herria. Esta es una de las principales conclusiones de un amplio y único estudio elaborado por Ipar Hegoa tras la puesta en marcha del área de Pensionistas y Personas Mayores en LAB.
Juanjo BASTERRA | BILBO
Ainhoa Etxaide, secretaria general de LAB, acompañada de miembros del sindicato, presentó ayer en Bilbo el «Estudio sobre las condiciones de vida de las personas mayores y pensionistas de Euskal Herria», elaborado por la fundación Ipar Hegoa en base a 1.600 encuestas a los afectados, coincidiendo con la puesta en marcha hace unos días del área de Pensionistas y Personas Mayores dentro de la estructura de la central sindical.
Este amplio estudio es el primero que se elabora para el conjunto de Euskal Herria. Se trata de «dar la palabra» en primera persona a los afectados.
La dirigente sindical, acompañada por Pazis García, Bea Martxueta y Juan Mari Arrizabalaga, aseguró que este trabajo permitirá a LAB definir «una estrategia eficaz» que responda al colectivo de pensionistas y personas mayores que tienen problemas específicos y que cada vez representan una mayor proporción de la población.
Por debajo de mil euros
Etxaide resalto que «más de la mitad del colectivo, que en Euskal Herria agrupa a 655.746 pensionistas, vive en situación de pobreza», ya que cuentan con ingresos económicos inferiores a los establecidos en el umbral de la pobreza, que se establece en un poco más de los mil euros al mes para los habitantes de Euskal Herria. LAB reconoce que entre 303.950 y 322.899 pensionistas se encuentran en esa situación en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa.
Esta situación también se reproduce en Ipar Euskal Herria, aunque el trabajo recalca que no existen datos matizados, pero afirma que «podríamos decir que todas aquellas personas que cobran pensiones no contributivas, así como las mujeres que cobran pensiones contributivas iguales o inferiores a la media, viven en situación de pobreza», como indica el amplio estudio de Ipar Hegoa.
Para Etxaide, «es un problema social de gran magnitud», derivado del «actual modelo de sociedad que impulsan las administraciones públicas a través de un modelo económico determinado». Aseguró que el colectivo de personas mayores y pensionistas está sumido «en una dependencia y una precariedad por la insuficiencia de los servicios sociales».
Desigualdad y precariedad
Recalcó que las conclusiones que se obtienen de la amplia encuesta elaborada por la fundación Ipar Hegoa ponen de manifiesto que esa desigualdad, precarización y aumento de la pobreza no se produce de forma homogénea dentro del colectivo. «Las mujeres mayores ven que los riesgos se multiplican. Sufren mayor pobreza y sus condiciones de vida están ligadas a la obligación de continuar amarradas a la actividad doméstica. Se les alarga la edad de trabajar, sin percibir salarios».
De hecho, como explicó Bea Martxueta, responsable de Política Social del sindicato, «la desigualdad entre sexos también se refleja entre las personas mayores y pensionistas. Entre las mujeres se viven mayores situaciones de pobreza, soledad y precariedad, tanto en condiciones económicas, como en las referidas a salud, relaciones sociales y trabajo. Las mujeres son más pobres, trabajan más y están más solas y desatendidas».
De hecho, los datos reconocen que las mujeres perciben ingresos por pensión inferiores a los hombres en todos los territorios de Euskal Herria. En este caso, Ainhoa Etxaide precisó que ya hay que «hablar de cuarta edad, ya que se nos alarga la vida, pero genera un mayor deterioro entre las mujeres. No deberíamos dejarles tiradas», a la vez que se comprometió a trabajar en esa línea para conseguir «que se garantice a todo el colectivo una calidad de vida digna». Ese es el segundo objetivo que la central sindical considera esencial en este momento, es decir que «el sistema de pensiones garantice una vida sin problemas» y que se pongan en marcha «servicios socio-sanitarios de calidad, que estén garantizados en todos los órdenes por el sistema público».
Regalo a la iniciativa privada
La dirigente sindical de LAB, sin embargo, denunció abiertamente que «el sistema público ha regalado a la iniciativa privada uno de los mayores negocios que se van a producir en el siglo XXI, el de los servicios sociales. El sector público -añadió Etxaide- ha hecho dejación de esa facultad en favor de lo privado».
LAB entiende que es necesario que se trabaje por impulsar el modelo público frente a lo privado. En este sentido, se considera necesario que «las soluciones al modelo de pensiones públicas se adopten en Euskal Herria, porque, como nos dicen los afectados en la encuesta, cotizan aquí y por lo tanto deberían decidir aquí hacia dónde debe de avanzar el sistema público de pensiones».
El amplio estudio presentado ayer determina que en los últimos siete años la Seguridad Social ha obtenido de Hego Euskal Herria mayores cotizaciones que prestaciones económicas. Según los datos aportados por LAB, en ese espacio de tiempo las cotizaciones de los trabajadores vascos en activo han aumentado en un 38,6% al pasar de los 5,1 millones de euros en 2001 a los 7,1 millones en 2007. Los gastos de las pensiones crecieron en ese período un 52,4%, aunque todavía son más las cotizaciones que los gastos. De hecho, en 2007, según esos datos, alcanzaron un superávit en favor de las cotizaciones de 161.500 euros, aunque reconoce que esta diferencia se está reduciendo, ya que en 2001 el superávit de las cotizaciones sociales alcanzaba los 568.500 euros.
LAB considera, por lo tanto, que el colectivo de pensionistas y personas mayores «atraviesa una situación grave», pero Ainhoa Etxaide señaló que hay «alternativa» para mejorar las condiciones salariales y de vida. Según manifestó, «el sistema público es viable si queremos hacerlo viable».
Participación
Por ese motivo consideró que se debe incentivar ese proceso de exigencia de que el sector público apueste por el impulso socioeconómico de ese grupo «cada vez más importante de la población vasca». Para ello, la central sindical considera clave una de las demandas que se extrae del estudio, que «el colectivo sea partícipe de esa realidad y de la solución».
Etxaide aseguró que «los mayores pretenden participar en ese debate y en las decisiones, porque será garantía de mejoras en las condiciones de vida». También reconoció que esa es la vía que LAB trabajará en un futuro, es decir el fortalecimiento del sistema público frente a los intereses privados en las áreas de los servicios sociales y de las pensiones.
Según el estudio, la oferta de servicios sociales para las personas mayores es insuficiente para «satisfacer las necesidades presentes, sobre todo, en las situaciones de dependencia». El informe reconoce que se está produciendo un incremento de la oferta tanto pública como privada de los servicios sociales, pero no logra la cobertura de las necesidades». LAB informa que «muchas necesidades presentes» se están cubriendo «por medio del apoyo informal, fundamentalmente familiar, pero esta dedicación de las familias también tiene unos costes sociales que repercuten, fundamentalmente, sobre las mujeres». Reconoce que «hay un desequilibrio entre la oferta residencial pública y privada, porque «en la oferta pública existen listas de espera y en la privada la ocupación es total .
Una de las conclusiones del amplio estudio indica que «no es posible realizar una análisis de Euskal Herria en su conjunto, bien porque los datos no existen, bien porque la forma de recogida de los mismos no está estandarizada».
LAB pretende dar un impulso a la demanda de las personas mayores y pensionistas. Para ello, creó a finales de octubre el área específica que trabajará para conseguir unas condiciones económicas y de vida dignas para el conjunto de los 655.746 pensionistas.
La situación de la mujeres, en general, y de las que viven solas, en particular, se producen mayores situaciones de pobreza, soledad y precariedad, tanto en las condiciones económicas como en las referidas a la salud.
El estudio amplio entre los pensionistas y personas mayores, que representan casi el 20% de la población de Euskal Herria, indica que dos de cada tres encuestados considera que «un sistema vasco de Seguridad Social mejoraría la gestión y el futuro de las pensiones».
Más de la mitad de los mismos, el 54,32%, sostiene, por otro lado, que «la negociación de las pensiones se tiene que hacer en nuestra comunidad con la participación de los sindicatos vascos» y el 71,52%% afirma con rotundidad no estar de acuerdo en que «el control de la gestión y el pago de las pensiones por parte del Gobierno de Madrid sea la mejor garantía». El «Estudio sobre las condiciones de vida de las personas mayores y pensionistas de Euskal Herria» determina, en vista de las contestaciones de los afectados, que «sería necesario analizar el futuro de las pensiones en Euskal Herria, teniendo en cuenta que esta situación se agravará para generaciones venideras debido al descenso de la población joven, de las cotizaciones y al aumento de la esperanza de vida y de la población mayor». Por lo que indica que ese análisis «no puede ser parcial, sino que debe considerarse, junto a otro sobre el análisis fiscal y del gasto público para el conjunto de Euskal Herria».
Por último, se establece que «la garantía plena de las pensiones y el desarrollo de los servicios socio-comunitarios relacionados con la tercera edad, demanda que las decisiones de financiación sean eficientes y para ello esas decisiones deben estar lo más cercanas al problema». Por lo que indica que el sistema de seguridad social vasco debería tener, por tanto, capacidades normativas y presupuestarias para realizar una protección social efectiva y, entre tanto, arbitrar garantías de futuro de las pensiones.
El trabajo se refiere a ese término para las personas mayores de 85 años, que muchas veces viven solas, cuyas relaciones son escasas y tienen amplias dificultades para desenvolverse, tanto en la vivienda como en el entorno.
