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Maite Ubiria Periodista

Al abrigo de un Estado en el que se muere de frío

Seis muertos en las calles francesas en un mes. El invierno no ha llegado, pero el frío se ha cobrado ya la vida de seis súbditos de un Estado que somete a la intemperie a sus programas sociales.

El Estado encoge. Recorta a tijeretazos su mapa de servicios. Cierra instituciones que apoyan el desarrollo local como la Cámara de Comercio de Baiona.

Sarkozy somete a la anorexia a la escuela pública; concentra servicios hospitalarios; echa la persiana en oficinas de Correos, acosa a los que cobran subsidios, aleja las cajas de familia..

Francia dimite de sus señas de identidad, se zafa de la fama de buen guardián, renuncia a la aureola social, dejando manifiestamente claro que el paternalismo que tantas conciencias ha mantenido calmas es un modelo vulnerable y de poco fiar.

Menos profesores, menos hospitales, menos carteros, menos «antenas» amables de la administración. Pero, seamos comprensivos, de algún lado hay que quitar para compensar los pluses del sistema sarkozista. Hoy hay más estado para insuflar euros a la banca y para simular intervenciones en favor de los futuros desempleados que se resumen en apañar reformas de contratos... ¡y en alargar la vida laboral hasta los 70!

Con el abandono de las políticas sociales se abre más y más esa brecha que engulle vidas en las calles, pero que amenaza también con devorar a muchos otros, a millares de trabajadores pobres, los parias del no estado.

Sin embargo, la Francia que expulsa a 25.000 inmigrantes cada año, la que mantiene en las calles a no menos de 100.000 ciudadanos, sabe cómo hacer frente a sus problemas sociales.

Cuando el Consejo de Europa denuncia la situación lacerante de sus prisiones, responde con un plan para construir -y llenar- una decena más de cárceles. Cuando los SDF mueren sobre el asfalto, el Gobierno de Sarkozy «reflexiona» sobre la idea de atrapar a los indigentes en las calles y llevarlos por la fuerza a pernoctar en refugios.

Como aperitivo a la caza del pobre desobediente, los tribunales imponen multas de escándalo a quienes acamparon pacíficamente a orillas del Sena para reclamar el derecho a un techo.

La solidaridad, definitivamente, se ha puesto cara en la patria de los derechos humanos.

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